María Jesús Montero defiende en el Senado de España su gestión como responsable del Ministerio de Hacienda y su papel en decisiones vinculadas a la SEPI

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, protagonizó una comparecencia de alta tensión en el Senado de España, donde defendió su presencia en la comisión de investigación en medio de críticas de la oposición.

En una intervención directa, Montero afirmó: “Por supuesto que estoy aquí como candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía”, una declaración que marcó el tono político de una sesión centrada en su gestión pasada al frente del Ministerio y su relación con decisiones vinculadas a la SEPI.

La comparecencia se enmarca en las investigaciones parlamentarias sobre el rescate de empresas estratégicas durante la pandemia, en particular el caso de Plus Ultra Líneas Aéreas, cuya ayuda pública aprobada en 2021 generó una fuerte controversia política.

La SEPI, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, gestionó un fondo de 10.

000 millones de euros destinado a sostener compañías afectadas por la crisis del COVID-19, y la concesión de 53 millones a Plus Ultra fue uno de los expedientes más debatidos.

Durante la sesión, un senador de la oposición cuestionó la legitimidad de la comparecencia de Montero, sugiriendo que respondía a intereses electorales vinculados a su candidatura en Andalucía.

“Usted no está aquí por su candidatura a la Junta de Andalucía, sino porque durante ocho años fue ministra de Hacienda”, señaló, recordando además que fue ella quien propuso el nombramiento de Vicente Fernández Guerrero como presidente de la SEPI en 2018.

Montero no evitó el choque político y respondió con firmeza: “Claro que se está haciendo una utilización partidista de esta comisión”.

En su intervención, acusó a la oposición de intentar construir una narrativa mediática en torno a su presencia, señalando que algunas preguntas buscaban generar titulares más que esclarecer hechos.

“Esto es lo que pretendía el señor K, que le hicieran una foto con esa portada”, afirmó, en alusión a informaciones recientes sobre decisiones relacionadas con Plus Ultra.

La ministra también cuestionó la veracidad de algunas interpretaciones difundidas en medios, instando a los senadores a revisar con detalle la información antes de formular acusaciones.

“Quiero que usted me diga si ha leído la información de esa pregunta, porque para nada se corresponde con esa foto”, respondió, evidenciando la tensión en el intercambio parlamentario.

El caso Plus Ultra ha sido objeto de investigaciones judiciales y análisis por parte de organismos fiscalizadores.

Aunque la ayuda fue inicialmente recurrida, distintas resoluciones han respaldado la legalidad del proceso administrativo seguido por la SEPI, subrayando que la aerolínea cumplía los requisitos establecidos para acceder al fondo de apoyo.

No obstante, la polémica política ha persistido, alimentada por el debate sobre los criterios utilizados para determinar qué empresas eran consideradas estratégicas.

En este contexto, la comparecencia de Montero adquiere una dimensión doble: por un lado, como exresponsable del ministerio del que dependía la SEPI, y por otro, como figura política en plena proyección electoral en Andalucía.

Su afirmación explícita sobre su condición de candidata refuerza la lectura política del acto, en un momento en que el PSOE busca consolidar su posición en el escenario autonómico.

Analistas políticos señalan que este tipo de comisiones se han convertido en espacios donde se entrelazan el control institucional y la confrontación partidista.

La intervención de Montero, lejos de limitarse a aspectos técnicos, incluyó elementos claramente políticos, lo que refleja la creciente polarización en el debate público español.

La oposición, por su parte, insiste en la necesidad de esclarecer responsabilidades políticas en la gestión de fondos públicos durante la pandemia.

Consideran que decisiones como la ayuda a Plus Ultra deben ser examinadas con rigor, independientemente de las resoluciones judiciales, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Mientras tanto, el Gobierno defiende que las actuaciones se ajustaron a la legalidad y que el objetivo prioritario fue proteger el tejido empresarial y el empleo en un contexto de emergencia sin precedentes.

La propia Montero ha reiterado en distintas ocasiones que todas las decisiones adoptadas siguieron criterios técnicos y contaron con los informes correspondientes.

El cruce de declaraciones en el Senado pone de manifiesto la intensidad del clima político en España, donde los debates sobre gestión pública se ven frecuentemente atravesados por intereses electorales y estrategias de comunicación.

La figura de María Jesús Montero, en este caso, se sitúa en el centro de esa dinámica, combinando su papel institucional con su proyección como candidata.

La sesión concluyó sin acuerdos ni conclusiones definitivas, pero con un claro reflejo de la división existente entre Gobierno y oposición.

Las investigaciones continúan, y el caso Plus Ultra sigue siendo un punto de fricción en la política española, mientras la agenda electoral añade un nuevo nivel de complejidad al debate.