La diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, provocó una fuerte agitación en el Congreso al revelar en plena sesión plenaria que la UCO de la Guardia Civil estaba registrando la sede central del PSOE por presunta financiación irregular

El pleno del Congreso de los Diputados se convirtió en el epicentro de un terremoto político de imprevisibles consecuencias institucionales.

La sesión de control al Gobierno, que inicialmente debía discurrir por los cauces ordinarios de la fiscalización económica y la gestión de los fondos europeos, se vio completamente sacudida cuando los escaños de la oposición parlamentaria recibieron las primeras informaciones de alcance sobre una operación de la policía judicial en curso.

El anuncio de que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encontraban desplegados en la sede central del Partido Socialista Obrero Español, en la calle Ferraz de Madrid, desató una inmediata alteración en el hemiciclo, transformando el debate técnico en un durísimo intercambio de acusaciones sobre corrupción e integridad pública.

La encargada de abrir fuego y canalizar el malestar de la bancada popular fue la diputada Ester Muñoz, quien modificó de manera fulminante el sentido de su intervención dirigida al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Con un tono de profunda gravedad, Muñoz tomó la palabra para señalar la extrema dificultad que suponía para los legisladores articular preguntas de gestión ordinaria mientras las fuerzas de seguridad del Estado cumplían mandatos de la Audiencia Nacional relacionados con la presunta financiación irregular de la formación gubernamental.

La parlamentaria cuestionó con dureza la catadura ética de los miembros del Ejecutivo y de las formaciones que sostienen la coalición de gobierno, instándolos a pronunciarse sobre la gravedad de unas pesquisas que indagan en supuestas comisiones internacionales, sociedades opacas en el extranjero y el polémico rescate financiero de compañías aéreas privadas.

Ante el directo emplazamiento de la oposición, que exigía respuestas inmediatas sobre si el equipo gubernamental ponía la mano en el fuego por destacados dirigentes históricos del partido, el vicepresidente Carlos Cuerpo optó por una estrategia de contención institucional y prudencia procedimental.

En su réplica desde el banco azul, el titular de Economía declinó entrar en el cuerpo a cuerpo de la descalificación política y defendió que la máxima responsabilidad en la gestión pública se demuestra mediante el fortalecimiento continuo de los mecanismos preventivos, la transparencia y la fiscalización interna.

Cuerpo apeló de forma reiterada a la tolerancia cero frente a conductas delictivas, pero enfatizó la necesidad ineludible de respetar los tiempos de la judicatura, las actuaciones de las fuerzas policiales y, de manera muy especial, el principio constitucional de la presunción de inocencia de todos los investigados.

El debate no se limitó al plano judicial, sino que se trasladó con igual virulencia a la evaluación del impacto económico del Ejecutivo.

El diputado popular Juan Bravo Baena tomó el relevo en la ofensiva parlamentaria para conectar de forma directa la crisis interna de Ferraz con lo que calificó como un fracaso generalizado en la ejecución de los fondos europeos Next Generation.

Según la argumentación de la oposición, la administración central ha demostrado una preocupante incompetencia técnica al registrar bajos niveles de ejecución real de las partidas comunitarias, destinando presuntamente recursos públicos a proyectos de escaso valor estratégico para el tejido productivo.

Bravo exigió la devolución de la palabra a la ciudadanía ante un panorama que describió como el final de una etapa política marcada por la ausencia de presupuestos generales y el cerco de los tribunales a las estructuras del partido del Gobierno.

En el cierre de la jornada de control, el vicepresidente económico defendió con determinación los indicadores macroeconómicos del país, aportando datos de la Intervención General de la Administración del Estado que avalan la certificación de miles de millones de euros ya adjudicados a pymes y beneficiarios finales del plan de recuperación.

El ministro recordó que los organismos europeos han validado de forma constante el uso regular de los fondos y exhortó a la oposición a abandonar las narrativas de sospecha que perjudican la reputación internacional del Estado.

Sin embargo, la agitación vivida en el Congreso evidencia que el registro de la UCO en la sede socialista ha abierto una brecha profunda en la estabilidad de la legislatura, dejando un escenario de polarización donde la supervivencia política de las instituciones se dirime ahora minuto a minuto bajo la estricta vigilancia de los juzgados.