La Audiencia Nacional ha dictaminado una histórica sentencia que obliga a la Agencia Tributaria a devolver más de 60 millones de euros a Shakira al demostrarse que no cometió fraude fiscal en 2011

El vergonzoso hostigamiento del fisco español contra las grandes fortunas y los creadores de riqueza ha sufrido un revés judicial demoledor.

La Audiencia Nacional ha dictaminado una histórica sentencia que obliga a la Agencia Tributaria a devolver más de 60 millones de euros a la cantante colombiana Shakira al determinar de forma contundente que la artista no cometió fraude fiscal en el ejercicio de 2011.

Este fallo judicial desmonta por completo la cacería mediática del Ministerio de Hacienda y deja contra las cuerdas la gestión de la ministra María Jesús Montero, cuya delegación ha sido penalizada incluso con el pago de las costas por actuar con temeridad.

La reacción del periodista Vito Quiles no se ha hecho esperar, fulminando el afán recaudatorio del ejecutivo sanchista a través de sus redes sociales.

“Hacienda es una organización criminal, una mafia dedicada a saquear y perseguir a los españoles honrados para financiar burdeles de exministros y perdonar la corrupción socialista. Cualquier derrota de ese cártel es digna de celebración”.

La contundente resolución de los tribunales ha destapado las artimañas del brazo ejecutor de María Jesús Montero, que intentó penalizar de manera indebida los ingresos de la gira mundial de la cantante, basándose en el falso supuesto de que era residente fiscal en España.

La sala de lo contencioso-administrativo ha determinado que la administración en ningún momento pudo probar que la intérprete pasara más de 183 días en el país, lo que convierte a las millonarias multas impuestas en un atropello absoluto contrario a derecho.

La propia Shakira ha celebrado la caída de la farsa institucional, manifestando el infierno que ha vivido por culpa del ensañamiento del Estado:

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir… por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.

El durísimo comunicado emitido por la estrella internacional ha retratado la despiadada estrategia de propaganda del gobierno de Pedro Sánchez, que utiliza el aparato público para triturar la presunción de inocencia de personajes públicos con el único objetivo de infundir miedo en el resto de los contribuyentes.

La artista ha denunciado públicamente que la maquinaria fiscal distorsionó y filtró de forma interesada cada paso de su expediente para desgastarla emocional y económicamente.

“Se me ha tratado como culpable… y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Hoy, esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia”, ha remarcado la cantante, asestando un golpe letal a la credibilidad del organismo dirigido por Montero.

Al final, este histórico triunfo judicial de Shakira frente al cártel impositivo no solo beneficia a su patrimonio, sino que pone al descubierto un sistema abusivo que ahoga diariamente a los ciudadanos bajo el amparo del sanchismo.

La cantante ha querido dedicar este logro en los tribunales a las víctimas anónimas de la voracidad fiscal de Moncloa, deseando que sirva de precedente frente a los desmanes de los inspectores:

“Mi mayor deseo es que este fallo sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria”.

Con esta contundente bofetada judicial, la Hacienda de María Jesús Montero queda retratada ante la opinión pública internacional como un organismo prepotente que prefiere el saqueo y la extorsión antes que aplicar la ley con rigor.

Esta victoria no solo resuena en el ámbito personal de Shakira, sino que se erige como un símbolo de resistencia contra un sistema que, en muchas ocasiones, parece estar más interesado en la recaudación que en la justicia.