La Fiscalía General de la República reconoció que no aseguró de inmediato inmuebles vinculados a “El Mencho” por falta de condiciones de seguridad, lo que generó una fuerte polémica

La actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) tras el operativo dirigido a capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha generado una fuerte controversia luego de que la propia institución reconociera por escrito que no aseguró de inmediato los inmuebles vinculados al capo por falta de condiciones de seguridad.

El caso, considerado uno de los episodios más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en México en los últimos años, quedó marcado no solo por los enfrentamientos armados y los bloqueos posteriores, sino por lo que diversos analistas califican como una grave falla en la preservación de la escena del crimen.

En su comunicado oficial, la Fiscalía argumentó que “el lugar no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial”, motivo por el cual decidió no realizar el aseguramiento inmediato de los inmuebles.

Añadió que solo después de que la situación fue contenida se solicitó una orden judicial para ingresar legalmente a seis propiedades vinculadas al operativo.

Sin embargo, esta explicación ha sido duramente cuestionada.

La periodista Adela Micha señaló en su análisis que la justificación resulta difícil de sostener.

“Si los de seguridad no pueden dar seguridad, entonces, ¿quién puede?”, expresó, cuestionando la capacidad del Estado para garantizar el control en un operativo de tal magnitud.

El señalamiento cobra relevancia debido a que en el lugar habrían sido hallados documentos clave, incluidas presuntas “narconóminas” que evidenciarían pagos a funcionarios de distintos niveles.

No obstante, la falta de resguardo inmediato permitió el acceso de terceros, incluidos periodistas, lo que habría comprometido la integridad de las pruebas.

La propia Fiscalía reconoció posteriormente las consecuencias de esta situación.

En el mismo comunicado admitió: “no es posible determinar si los objetos o indicios que públicamente se han señalado efectivamente se encontraban ahí”, y agregó que tampoco se puede establecer si fueron preservados conforme a los protocolos legales, lo que “podría romper la cadena de custodia de eventuales pruebas”.

Para especialistas en derecho penal, esta admisión equivale a invalidar potencialmente evidencias clave en cualquier proceso judicial futuro.

Gabriel Regino, abogado penalista, ha señalado en distintos espacios que la cadena de custodia es fundamental para garantizar la validez de las pruebas, y su ruptura puede significar la imposibilidad de utilizarlas en juicio.

El impacto de esta omisión va más allá del ámbito jurídico.

Analistas consideran que el episodio refleja una debilidad institucional preocupante.

Micha lo expresó con contundencia: “Es una confesión donde las autoridades mexicanas reconocen limitaciones imperdonables”.

El contexto agrava la percepción pública.

Según la narrativa oficial, tras el operativo se logró contener la violencia generada por el cártel, lo que incluía bloqueos y ataques coordinados.

Sin embargo, mientras se informaba que la situación estaba bajo control, la escena del crimen permanecía sin resguardo efectivo durante horas, e incluso días.

La situación derivó en un fenómeno inusual: el sitio se convirtió en un punto de interés para medios de comunicación, que ingresaron y documentaron el interior de las propiedades.

Este acceso no controlado habría contribuido a la contaminación de la escena, debilitando aún más la posibilidad de reconstruir los hechos con precisión.

Al cierre del comunicado, la Fiscalía informó que ha iniciado una investigación interna “para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad”.

Esta declaración también ha sido objeto de críticas, al considerar que la institución se investigará a sí misma pese a haber reconocido fallas sustanciales.

“Ellos mismos que ya probaron ser incapaces se van a investigar a ellos mismos”, cuestionó Micha, poniendo en duda la efectividad de este proceso.

El caso también ha tenido implicaciones en el ámbito político y diplomático.

La aparente incapacidad para asegurar una escena del crimen de alto perfil ha sido interpretada por algunos sectores como un argumento que podría ser utilizado por actores internacionales para cuestionar la estrategia de seguridad de México.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el episodio ha dejado al descubierto problemas estructurales en la coordinación institucional.

La falta de intervención inmediata de fuerzas federales, como el Ejército o la Marina, ha sido uno de los puntos más señalados.

“¿A poco la fiscalía no pudo pedir ayuda?”, cuestionó Micha, sugiriendo que la coordinación entre dependencias no fue la adecuada en un momento crítico.

Mientras tanto, las posibles pruebas encontradas en el lugar, incluidas las presuntas listas de pagos ilícitos, podrían haber perdido su valor probatorio.

Esto no solo limita el alcance de futuras investigaciones, sino que también reduce la posibilidad de desmantelar redes de corrupción asociadas al crimen organizado.

El caso de “El Mencho” no solo pone en evidencia los desafíos en la captura de líderes criminales, sino también las fallas posteriores que pueden comprometer todo un proceso judicial.

En un país donde la violencia ligada al narcotráfico continúa siendo una de las principales preocupaciones, la correcta preservación de la evidencia no es un detalle menor, sino un elemento central para garantizar justicia.