La facción criminal de la Mayiza elimina a cuatro jóvenes integrantes de la alianza entre la Chapiza y el Cártel Jalisco Nueva Generación tras un cruento enfrentamiento armado en la sierra de Sinaloa

El recrudecimiento del conflicto interno entre las diversas facciones del crimen organizado en el estado de Sinaloa ha alcanzado niveles de violencia alarmantes, evidenciando un profundo grado de degradación en las tácticas de intimidación de los grupos delictivos.

La reciente difusión de un material audiovisual, presuntamente captado en una zona de difícil acceso en la región serrana, ha dejado al descubierto la ejecución y el trato infrahumano infligido a los restos de cuatro jóvenes sicarios, cuyas edades estimadas no superaban los veinticinco años.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas pertenecían a una presunta alianza táctica conformada por células locales de la denominada Chapiza y elementos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Estos individuos habrían caído abatidos durante un intenso enfrentamiento armado contra una célula antagónica comandada por la facción de Ismael Zambada, conocida en el ámbito criminal como la Mayiza o el ala de el Mallito Flaco.

Las imágenes documentan cómo los agresores, lejos de limitar sus acciones al combate táctico, procedieron a arrastrar los cuerpos por el terreno accidentado, propinándoles severos golpes con herramientas de labranza y pesadas rocas en el rostro y cráneo, culminando con disparos a quemarropa con la clara intención de desfigurar por completo los restos mortales.

Este acto de saña extrema, acompañado de proclamas y advertencias lanzadas por los victimarios ante la cámara, funciona como una firma de odio y un mensaje de terror explícito dirigido a debilitar la moral de las organizaciones rivales que disputan el control de las rutas de tránsito en la sierra.

Paralelamente a la crisis de seguridad que sacude a Sinaloa, el debate sobre el control territorial y las estrategias de interdicción ha provocado una severa confrontación política en el vecino estado de Chihuahua, centrado en la actuación de su gobernadora, Maru Campos.

Ante las insistentes acusaciones emitidas por la representación estatal del partido Morena, la mandataria panista emitió un pronunciamiento público en el que negó categóricamente cualquier tipo de irregularidad o violaciones normativas en el diseño del operativo federal y estatal ejecutado el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara.

Campos enfatizó que la intervención civil y militar se apegó estrictamente a los marcos constitucionales y que su administración en ningún momento gestionó, autorizó o tuvo conocimiento previo sobre la presunta participación de agentes de agencias de inteligencia extranjeras en labores operativas dentro del territorio nacional.

Para desviar el foco de las críticas y frenar la promoción de un posible juicio político en su contra, la gobernadora destacó la relevancia del golpe asestado a las finanzas de los carteles con el desmantelamiento del narcolaboratorio localizado en dicha acción, donde la Fiscalía General de la República (FGR) ratificó el aseguramiento de más de cincuenta y cinco mil litros de sustancias líquidas, cincuenta toneladas de precursores químicos sólidos y aproximadamente dos mil litros de metanfetamina procesada, evitando la distribución masiva de estupefacientes en el mercado nacional.

El posicionamiento de la gobernadora chihuahuense no solo buscó justificar el hermetismo inicial de su administración como una medida cautelar para salvaguardar la integridad de las indagatorias coordinadas por la unidad especializada local y la FGR, sino que también representó una contraofensiva discursiva directa hacia sus opositores políticos.

Campos endureció el tono de su mensaje al señalar que existe una diferencia fundamental entre combatir frontalmente las estructuras del narcotráfico mediante el desmantelamiento de sus centros de producción y gobernar bajo la sombra de acusaciones graves por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, aludiendo de forma directa a la gestión federal y a las administraciones estatales de Morena.

Mientras las autoridades judiciales continúan con el desahogo de testimonios y peritajes para esclarecer las responsabilidades legales derivadas del operativo del 19 de abril, el escenario en el noroeste de la República Mexicana demuestra que la contención de los carteles de la droga ha dejado de ser únicamente una prioridad de seguridad pública para transformarse en un eje central de la disputa política y la soberanía institucional a nivel nacional.