El Fondo Nacional del Ahorro activa la cobertura total por daños residenciales tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia
Ante los efectos del sismo del 10 de agosto de 2026, el FNA indicó que ampliará su atención en las zonas donde aparezcan nuevos reportes de afectación
Tras el devastador sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) desplegó un plan de atención técnica e indemnización integral para sus afiliados, garantizando una cobertura del 100% ante los daños materiales provocados en viviendas financiadas por la entidad gubernamental.
El movimiento telúrico, originado a una profundidad de 96 kilómetros, ha dejado un balance preliminar nacional consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que asciende a 181 personas fallecidas, 2.
595 heridos, 195 desaparecidos, 35 rescatados con vida, 8.357 viviendas averiadas, 1.136 viviendas destruidas y 48 edificios colapsados a lo largo de 357 municipios distribuidos en 14 departamentos de la geografía colombiana.
La póliza colectiva contratada por el FNA, operada en alianza con la aseguradora HDI y las firmas especializadas de ajuste técnico Ábaco, Ajustadores de Occidente e Ingetech, contempla la reparación o reposición completa de los inmuebles afectados sin importar el nivel de deterioro estructural.
Esta protección abarca eventos directamente derivados del fenómeno telúrico, incluyendo temblores, réplicas, colapsos por impacto de escombros, grietas en muros portantes, desprendimiento de rocas y fallas en cimentaciones.
Las brigadas de inspección priorizan la evaluación de daños en las zonas urbanas de Cali, Manizales y Pereira, áreas donde el impacto en propiedades horizontales y conjuntos residenciales multifamiliares ha sido severo.
Para formalizar las reclamaciones, los afiliados cuentan con un plazo legal de hasta dos años a partir de la fecha de la catástrofe y deben diligenciar el formulario oficial de la entidad adjuntando su cédula de ciudadanía, fotos de las afectaciones, un oficio explicativo, la cotización formal de reparación y el certificado de reporte emitido por la autoridad local de gestión del riesgo, insumos que pueden radicarse de forma presencial o virtual.
El impacto sobre la infraestructura residencial presenta marcadas asimetrías territoriales debido a la proximidad con el epicentro y la vulnerabilidad sísmica de las construcciones.
En el departamento del Chocó, donde persisten severos problemas de conectividad vial y redes de telecomunicaciones, se registra la mayor cifra de destrucción con 715 viviendas colapsadas y 1.832 averiadas.
Le sigue el departamento del Quindío con 2.144 residencias afectadas y tres destruidas; Caldas con 1.959 averiadas y 156 destruidas; el Valle del Cauca con 1.073 habitacionales dañadas y 256 colapsadas; Antioquia con 857 averiadas; Tolima con 234 afectadas y seis colapsadas; Risaralda con 40 viviendas averiadas; Cundinamarca con 89; Sucre con 56; Huila con 52; Cauca y Norte de Santander con 5 reportes cada uno; y Bolívar con una vivienda afectada.
A nivel de las ciudades capitales, los Comités Municipales para la Gestión del Riesgo establecieron balances diferenciados basados en inspecciones técnicas en sitio.
La ciudad de Quibdó concentra un panorama crítico al contabilizar 862 viviendas averiadas, 23 colapsadas y 9 infraestructuras públicas totalmente destruidas, entre las cuales figuran sedes administrativas, centros educativos e instituciones de salud.
En Pereira, las autoridades locales cuantifican 26 viviendas averiadas, 92 edificios colapsados y 60 establecimientos educativos con afectaciones en sus estructuras.
Cali reporta 93 viviendas dañadas y 56 estructuras colapsadas, mientras que en Manizales se registra el colapso total de 23 residencias y en Armenia se identifican más de 1.400 estructuras urbanas con diversos grados de afectación.
Ante la magnitud de las pérdidas materiales y el riesgo persistente por réplicas, las alcaldías de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia se mantienen bajo la declaratoria de alerta roja institucional.
Esta medida busca agilizar la asignación de subsidios temporales de arrendamiento, facilitar la intervención de maquinaria pesada para la remoción segura de ruinas e impedir el reingreso de los ciudadanos a edificaciones habitacionales que presenten fallas en sus columnas de soporte hasta que las firmas ajustadoras del Fondo Nacional del Ahorro y los ingenieros estructurales completen los peritajes correspondientes.
