Joseba García, hermano de Koldo García, confesó haber recogido sobres con dinero en metálico en la sede del Partido Socialista en Ferraz para entregarlos a su hermano y a personas de su entorno cercano

El juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo tomó un giro explosivo cuando Joseba García, hermano de Koldo, admitió ante los magistrados que recogió sobres con dinero en metálico en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid.

Según su testimonio, que se produjo en el marco del procedimiento por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, el acceso a la sede y la entrega del dinero se realizó presentando su DNI y explicando el motivo de la visita, y en al menos una ocasión pudo ver cómo uno de esos sobres se cerraba con billetes en su presencia.

“Solo he estado allí dos veces que recuerde y las dos fueron para eso”, declaró, reconociendo la **presencia física de dinero en efectivo en los sobres que entregaba a su hermano o a personas de su entorno cercano.

La revelación de Joseba García ha desatado un terremoto político y judicial, ya que sitúa directamente sobre la mesa del tribunal una práctica hasta ahora solo sospechada por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que documentó pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo que no siempre fueron registrados en las cuentas del partido, llevando incluso a que el juez del Supremo remitiera indicios a la Audiencia Nacional para que investigue estos pagos en metálico como posible financiación irregular.

Durante su declaración, Joseba evitó responder a preguntas incómodas del fiscal por consejo de su abogada, lo que generó un tenso enfrentamiento en la sala del Supremo.

Ante la negativa, el fiscal jefe de Anticorrupción ironizó repetidamente sobre si comprendía las cuestiones planteadas, mientras el testigo se limitaba a responder a las preguntas de su propia defensa.

“Entiendo que es dinero porque ella me lo decía. Yo no abro los sobres de nadie, aunque lo cerró delante de mí”, afirmó, en referencia a Celia Rodríguez, una trabajadora vinculada al área de organización que le habría entregado los sobres en Ferraz.

Además de las entregas en la sede del PSOE, Joseba García aceptó que también viajó, bajo encargo de un empresario, a República Dominicana, donde recogió otro sobre con documentación, aunque negó haber revisado el contenido y defendió que su trabajo en esos viajes respondía a favores personales o supuestos negocios, incluso asegurando que no abrió los sobres ni conocía las cantidades exactas.

Esta mezcla de explicaciones ha sido recibida con escepticismo tanto por la Fiscalía como por sectores del tribunal, que ven en sus palabras una versión fragmentada y poco convincente de los hechos.

La declaración de Joseba se produce en la primera jornada del juicio, que se extenderá varias semanas y en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 24 años de prisión tanto para Ábalos como para Koldo García por delitos como cohecho, malversación y organización criminal relacionados con la adjudicación de contratos por valor de decenas de millones de euros durante la pandemia.

El procedimiento también explora la contratación supuestamente irregular de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, quien fue contratada en empresas públicas sin desempeñar funciones, y cuyos gastos de vivienda y estilo de vida han sido objeto de atención mediática.

Lo que ha complicado aún más el panorama para el PSOE es que la propia UCO detectó que entre lo que el partido declaró como gastos de compensación y las cifras de dinero en efectivo que realmente se entregaron existían desajustes, lo que apoya las sospechas de una caja B dentro de Ferraz para ciertos pagos que no se registraban oficialmente y que habrían beneficiado tanto a Koldo como a Ábalos en distintas etapas.

Estos pagos en efectivo superaban los límites legales de la Ley Antifraude en vigor en ese momento, abriendo interrogantes sobre posibles infracciones y violaciones legales por parte de la formación.

La jornada inaugural también estuvo marcada por otras declaraciones que han añadido presión al entorno socialista: el hijo de Ábalos negó ser custodio de dinero irregular y defendió que solo había hecho transferencias personales, mientras que la abogada de la defensa y otros testigos ofrecieron versiones que contradicen algunos detalles de la investigación de la UCO.

La presencia de mítines políticos y pronunciamientos de figuras del partido buscando distanciarse de los hechos solo ha intensificado el debate público sobre la responsabilidad política y penal que podría derivarse de estas evidencias.

El relato aportado por el hermano de Koldo resalta además un patrón descrito por la investigación: la práctica frecuente de entregar dinero en sobres en lugar de vía bancaria, un método que no solo dificulta el rastreo contable, sino que, de confirmarse irregularidades, podría representar una violación de la normativa de financiación de partidos y de transparencia financiera.

El propio tribunal ha considerado que estos hechos merecen una investigación más profunda, tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, para determinar si existió una financiación irregular o incluso prácticas delictivas que involucren en última instancia al partido en su conjunto.

En el transcurso del juicio se espera que otros testigos, incluidos altos cargos del partido y trabajadores de Ferraz que participaron en la gestión de los recursos, ofrezcan más detalles sobre cómo se manejaban estos pagos, si existían registros oficiales, y quiénes fueron los responsables de autorizar o supervisar estas transacciones.

La tensión en la sala refleja no solo la gravedad de los cargos, sino también las posibles implicaciones para la reputación y futuro político del PSOE en un escenario en el que la confianza pública en las instituciones y en los partidos políticos es un tema cada vez más sensible en España.

Mientras la audiencia continúa, con hasta 80 testigos programados y sesiones que se prolongarán hasta finales de mes, el impacto de la declaración del hermano de Koldo podría determinar tanto el desarrollo del juicio principal como la apertura de nuevas líneas de investigación que pongan bajo lupa no solo a los acusados directos, sino también a la estructura interna de la formación socialista.

El caso ha trascendido los pasillos de la Justicia para convertirse en un tema central del debate político nacional, poniendo en evidencia la fragilidad de las narrativas oficiales cuando se enfrentan a testimonios que combinan confesiones, evasivas y contradicciones, y dejando claro que el juicio al “caso mascarillas” es mucho más que una investigación judicial: es un examen profundo de la integridad y responsabilidades dentro de uno de los partidos más relevantes de España.