El cerco judicial se extiende: Solicitan la imputación de las hijas de Zapatero
MADRID.
— El mapa judicial que rodea la instrucción del denominado ‘caso Plus Ultra’ ha dado un vuelco definitivo.
El Partido Popular, personado como acusación popular en la causa que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha solicitado de manera formal la imputación de Laura y Alba Zapatero Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno.
Esta petición llega semanas después de que el propio exlíder socialista fuera incluido en la investigación bajo las hipótesis delictivas de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en relación con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.
La línea de investigación impulsada por las acusaciones se apoya en los recientes informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Según las tesis de los investigadores, las hermanas Zapatero Espinosa no habrían tenido un papel meramente circunstancial, sino que habrían operado como presuntas perceptoras de flujos económicos derivados de la estructura bajo sospecha.
El núcleo de las pesquisas se centra en la actividad operativa de la empresa Wde FAF SL, una sociedad mercantil administrada directamente por las hijas del expresidente.
Los extractos bancarios incorporados al sumario revelan que esta mercantil percibió un montante total de 985.
219 euros provenientes de la trama societaria investigada entre los años 2020 y 2025.
El informe policial destaca que más de 440.000 euros de esos fondos terminaron siendo transferidos a las cuentas personales de las hermanas Zapatero, cuentas en las que su padre, el expresidente, figuraba en calidad de persona autorizada.
“Las alarmas de control financiero saltaron al comprobar que la mercantil facturaba bajo el concepto genérico de ‘servicios de agencias’, presuntamente sin una contraprestación laboral o documental debidamente acreditada”, detallan fuentes próximas al procedimiento.
La UDEF refuerza su hipótesis delictiva al constatar que la sociedad de las hermanas intentó, de forma paralela, licitar y vender sus servicios de consultoría y comunicación a grandes compañías tecnológicas como Indra y Minsait.
Sin embargo, estas corporaciones descartaron las propuestas debido a los estándares de baja calidad técnica de los proyectos presentados, un contraste que las acusaciones utilizan para argumentar que los pagos de la trama no respondían a servicios reales de mercado, sino a presuntas comisiones encubiertas.
Para añadir mayor complejidad al escenario procesal, el último registro ordenado por la Audiencia Nacional ha localizado una caja fuerte que contenía un valioso lote de alta joyería sin registrar.
Entre las piezas incautadas por los agentes de la UDEF se encuentran más de un centenar de artículos de lujo decorados con diamantes, rubíes y esmeraldas, cuyo valor de mercado estimado podría superar el millón de euros.
Al no haberse localizado facturas de adquisición, declaraciones de herencia ni documentación fiscal que acredite la trazabilidad de dicho patrimonio, la Fiscalía y el juez instructor han decidido ampliar el foco de las pesquisas patrimoniales a todo el núcleo familiar.
Con las cuentas corrientes bloqueadas de forma preventiva y la petición de imputación sobre la mesa del juez Calama, el procedimiento entra en una fase decisiva que amenaza con desgastar de forma notable el legado político del zapaterismo.
