En las últimas semanas, ha causado gran revuelo en el ámbito político y social la expedición de un nuevo decreto por parte del gobierno nacional, relacionado con la reorganización del sistema de salud en Colombia.

Este decreto, que tiene como objetivo la reestructuración de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), implica la transferencia de millones de usuarios hacia la nueva EPS, a pesar de la crisis que esta ha experimentado en los últimos años.

Este cambio masivo no ha estado exento de controversia, ya que expertos en el sector de la salud y ciudadanos han manifestado sus preocupaciones sobre los posibles impactos negativos que pueda generar esta medida.

Sin embargo, el gobierno argumenta que este paso es necesario para mejorar la organización y el funcionamiento del sistema de salud, enfocado en la territorialización del aseguramiento en salud y el enfoque poblacional.

La medida establece que las EPS con menor cobertura deberán transferir a sus pacientes hacia otras más grandes, como la nueva EPS, Sabia Salud y SOS.

Esta reorganización está enfocada en mejorar la distribución del aseguramiento de salud en el país, especialmente en las regiones con menos densidad de afiliados.

Sin embargo, muchos señalan que este decreto podría beneficiar a una sola EPS, la nueva EPS, que pasaría a tener más de 14 millones de afiliados, lo que generaría una concentración de poder en un solo operador del sistema de salud.

Para comprender mejor las implicaciones de este decreto, entrevistamos a Augusto Galán, exministro de salud y director de Así vamos en salud, quien explicó las aristas legales y operativas de esta nueva política.

En primer lugar, Galán subraya que, desde un punto de vista técnico y legal, este decreto es problemático, ya que modifica aspectos fundamentales del sistema de salud que deberían ser regulados por una ley del Congreso, no a través de un decreto presidencial.

La modificación de la organización del aseguramiento en salud, según él, debería ser producto de un debate legislativo y no de una decisión tomada unilateralmente por el ejecutivo.

Además, este decreto ha sido criticado por su ilegalidad, ya que la ley prohíbe que una EPS intervenida, como es el caso de la nueva EPS, reciba nuevos afiliados.

Sin embargo, el gobierno ha modificado esta regla, permitiendo que la nueva EPS reciba más afiliados, a pesar de las dificultades financieras y operativas que enfrenta.

Esto ha generado una gran controversia, ya que muchos creen que esta medida solo agravará los problemas existentes y no traerá soluciones reales a la crisis del sistema de salud.

A pesar de las críticas, el gobierno insiste en que esta reorganización es necesaria para mejorar la eficiencia del sistema y evitar la dispersión de los afiliados en zonas con baja densidad de población.

En este sentido, se ha argumentado que la concentración de usuarios en una sola EPS podría generar economías de escala y mejorar la atención en ciertas regiones.

Sin embargo, Galán advierte que esta medida podría terminar favoreciendo estructuralmente a la nueva EPS, que ya se ha consolidado como el principal operador del sistema.

Esto podría tener efectos negativos para las otras EPS, especialmente aquellas con menos de un millón de afiliados, que perderían a sus pacientes y quedarían relegadas en el sistema de salud.

Otro de los puntos críticos de esta reorganización es el riesgo de interrupción de los tratamientos médicos para los pacientes que serán trasladados a la nueva EPS.

Muchas de estas personas, especialmente las que padecen enfermedades complejas, podrían enfrentar problemas en la continuidad de su atención médica, ya que la nueva EPS no tiene la infraestructura ni la red de proveedores adecuada para atender a un número tan alto de nuevos usuarios.

Esto podría generar un impacto negativo en la calidad de la atención, ya que no se han establecido los mecanismos necesarios para garantizar que los pacientes continúen con sus tratamientos sin problemas.

Además, la falta de personal capacitado y de recursos suficientes podría agravar aún más las dificultades para atender a los pacientes de manera oportuna.

A pesar de las dificultades que enfrenta el sistema de salud colombiano, algunos expertos consideran que el camino para solucionar los problemas estructurales no es la imposición de cambios por decreto, sino un proceso más profundo de reforma que implique un diálogo entre los distintos actores del sistema.

Galán sostiene que la reforma a la salud debe ser abordada de manera integral, respetando la institucionalidad y la Constitución, y con el objetivo de mejorar la financiación y la eficiencia del sistema.

En este sentido, es fundamental garantizar la suficiencia de los recursos y una mayor liquidez para que el sistema pueda funcionar de manera adecuada y atender a todos los pacientes sin discriminación.

El gobierno, por su parte, sigue buscando alternativas para implementar su reforma al sistema de salud, ya que los intentos anteriores de presentar una ley de reforma fueron archivados en el Congreso.

La imposición de un decreto en lugar de una ley ha generado malestar en diversos sectores, pero el gobierno sigue insistiendo en que esta reorganización es necesaria para mejorar la cobertura y la calidad del servicio en las regiones más necesitadas.

No obstante, muchos creen que la solución a los problemas del sistema de salud no pasa por la centralización de la atención en una sola EPS, sino por una verdadera descentralización que permita a los pacientes elegir la EPS que mejor se adapte a sus necesidades.

Con la cercanía de las elecciones, los candidatos han comenzado a presentar sus propuestas en materia de salud, y muchos de ellos coinciden en que el sistema de salud colombiano necesita una reforma urgente.

Sin embargo, las opiniones sobre cómo debe ser esa reforma varían ampliamente.

Algunos proponen un cambio estructural en la forma en que se organiza el sistema, mientras que otros abogan por una mejora en la eficiencia y la calidad de los servicios existentes.

En este contexto, Galán enfatiza que es fundamental que el próximo gobierno trabaje en conjunto con los distintos actores del sistema de salud para lograr una solución sostenible y efectiva que beneficie a todos los ciudadanos.

En conclusión, el reciente decreto del gobierno sobre la reorganización de las EPS y el traslado de millones de usuarios a la nueva EPS ha generado una gran polémica.

Si bien se argumenta que esta medida busca mejorar la eficiencia y la cobertura del sistema de salud, muchos expertos consideran que la implementación de esta reforma por decreto es inapropiada y podría tener efectos negativos en la calidad de la atención y en la estabilidad financiera del sistema.

La solución a los problemas del sistema de salud colombiano requiere un enfoque más integral y participativo, que respete la legalidad y la autonomía de las entidades del sector.

El debate sobre la reforma al sistema de salud sigue abierto, y es crucial que se tomen decisiones que garanticen el acceso a una atención de calidad para todos los ciudadanos.