Las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales.

Sí.

Y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas.

no pueden privatizarse.

Entonces ahí en los lugares donde no hay acceso a la playa tiene que abrirse.

Lo ocurrido estos últimos días en la península de Yucatán en México, ha ido mucho más allá de la simple demolición de unas construcciones ilegales.

El debate sobre de quién son las costas, avivado por el derribo de un hotel, ha sacado a la luz de forma descarnada esa gran expoliación costera que se ha estado ocultando bajo la alfombra durante años.

Con la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, el panorama quedó claro.

Esas playas paradisíacas, que se supone que deben estar abiertas a todo el mundo, se han convertido desde hace tiempo en el patio trasero de unos pocos.

Una parte enorme del litoral está de hecho cerrada al público y los gigantes del turismo han empezado a utilizar estos lugares como si fueran de su propiedad.

México ha comenzado a derribar las construcciones ilegales en las playas.

Se ha constatado que muchas de estas construcciones llevan mucho tiempo ocupando las playas e impiden el acceso de la gente a las playas públicas.

Sin embargo, México está empezando a derribarlas una por una.

La gota que colmó el vaso fue un hotel de lujo gestionado por inversores estadounidenses.

Según los registros oficiales, este establecimiento había acercado la playa, que es propiedad del estado, con vallas metálicas y personal de seguridad, y había establecido una tarifa de entrada.

La Constitución mexicana es en realidad muy clara.

Las playas son de dominio público, nadie puede apropiarse de ellas, pero esta norma que existe sobre el papel se ha estado eludiendo en la práctica desde hace años.

Playas de este país están cubiertas por hoteles.

La Cámara de Diputados se aprobó la ley de acceso gratuito a playas de todo el país.

Ya queda prohibida la imposición de CO.

Juez responsabilizó directamente a ProfEPA de vigilar que esto se cumpla.

Llegaron órdenes firmes de las autoridades federales y la maquinaria pesada entró en acción.

Aquella enorme instalación de la que muchos decían que nadie podría con ella se convirtió en un montón de escombros en cuestión de horas bajo el cordón de seguridad de la Armada.

La gente estaba atónita porque en la región no era habitual ver tanta determinación.

Según se dice, la situación es complicada, sobre todo en lo que respecta a toda esa serie de proyectos de lujo que proliferan como setas, especialmente en los alrededores de Yucatán.

Pero hay más.

Viven en Cancún, en Tulum, en algún punto de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, en la costa de Nayarit, en Los Cabos.

Caminan kilómetros y kilómetros y no encuentran cómo entrar a la playa porque no se los permiten los hoteleros.

Bueno, pues esta información les interesa, Sofi.

Otro detalle llamativo que salió a la luz tras la decisión de demolición fue que una parte importante de los proyectos pertenecía a inversores extranjeros.

Según los informes de auditoría federales, la mayor parte de los proyectos turísticos y residenciales que han aumentado rápidamente en los últimos años en las costas de Yucatán están financiados por inversores estadounidenses.

En particular, el auge del mercado inmobiliario ha convertido a la región en un destino muy atractivo para los inversores procedentes de Norteamérica.

Debido a los bajos precios de los terrenos, al rápido crecimiento del sector turístico y a la popularidad de las costas caribeñas, muchos inversores estadounidenses se han orientado hacia proyectos de hoteles, complejos turísticos y viviendas de lujo en la franja costera.

La ProEPA tuvo que intervenir y clausurar tres obras en proceso de lujosas torres de departamentos que no contaba con los estudios de impacto ambiental, pero o sorpresa sí con los permisos municipales.

En las fases posteriores de la operación, las inspecciones no se limitaron a un solo hotel.

Los equipos de ProfEPA, en las inspecciones realizadas a lo largo de la costa detectaron que tres proyectos inmobiliarios de lujo distintos presentaban infracciones graves.

Según la información facilitada por las autoridades, ninguno de estos proyectos contaba con un informe de impacto ambiental válido.

A pesar de ello, se descubrió que las obras llevaban meses e incluso años en algunas zonas.

En marcha.

En México está comenzando una revolución.

Se ha iniciado el derribo de los hoteles construidos sin permiso, la mayoría de los cuales eran propiedad de estadounidenses.

Llevaban mucho tiempo sin pagar impuestos, se habían construido de forma ilegal y ahora no queda ni uno solo en pie.

Los expertos subrayan que el deterioro de los dunas costeras es un tema de suma importancia.

Y es que las dunas no son solo montículos de arena, sino que de hecho se consideran la línea de defensa natural del ecosistema costero.

Estas estructuras frenan el avance directo de las olas hacia tierra firme durante las tormentas tropicales y los huracanes.

Al mismo tiempo, la vegetación de los dunas estabiliza el movimiento de la arena, preservando así el equilibrio natural de la línea de costa.

Sin embargo, se ha constatado que en algunos proyectos de construcción llevados a cabo en las costas de Yucatán se han nivelado por completo estas zonas de dunas y se han construido cimientos de hormigón en su lugar.

Otro aspecto importante de los acontecimientos en la zona es la reacción de la población local.

Los habitantes de muchos pueblos costeros de Yucatán llevaban años quejándose de que el acceso a las playas se había vuelto cada vez más difícil.

Eh, no sabíamos absolutamente nada del hotel.

Obviamente cuando se empieza a construir que fue a partir de enero, a todo el mundo le cayó por y hasta ahí se empiezan ya a violentar los derechos de que habíamos cierre de los caminos de acceso a la playa alegando que se trata de propiedad privada, el hecho de que los guardias de seguridad de los hoteles den la vuelta a los visitantes y el cobro de entradas en algunas zonas han sido motivo de controversia desde hace tiempo.

Las comunidades locales han organizado protestas durante meses contra esta situación y han enviado peticiones de queja oficiales a las instituciones federales.

Se señala que estas solicitudes desempeñaron un papel importante en el proceso que condujo a la decisión de demolición.

Las organizaciones ecologistas locales y los grupos de ciudadanos presentaron ante las instituciones federales los expedientes que habían elaborado, acompañados de imágenes de satélite y fotografías del terreno.

En estos documentos se alegaba que algunas instalaciones turísticas bloqueaban los accesos a las playas y convertían, de hecho, los espacios públicos en zonas de uso privado.

El proceso de investigación iniciado por la profepa también se aceleró en gran medida a raíz de estas denuncias.

El proceso judicial, sin embargo, cambió por completo el rumbo de los acontecimientos.

En el juicio, los jueces recordaron las disposiciones sobre el uso de la costa recogidas en la Constitución de México.

Según la ley, todas las playas del país se consideran espacios públicos y los ciudadanos tienen derecho a acceder a ellas de forma gratuita.

En la sentencia del tribunal se dejó claro que el hotel en cuestión infringía este principio fundamental y utilizaba la playa de hecho como si fuera propiedad privada.

Los tribunales mexicanos siguen subrayando que la legislación nacional en materia de medio ambiente y costas es clara y que ninguna inversión privada tiene derecho a controlar las playas públicas.

Ahora, la pregunta más importante es la siguiente.

¿Se limitará esta operación iniciada en Yucatán? a unos pocos proyectos o supondrá el inicio de una oleada de controles mucho mayor en las zonas costeras de todo el país.

Las declaraciones del gobierno federal indican que la segunda posibilidad es cada vez más probable y es que las autoridades han anunciado que se revisarán todos los permisos de construcción costera concedidos en la última década.

Esto significa que en el futuro próximo podrían producirse nuevas decisiones de presentado y demolición.

Vamos.Las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales.

Sí.

Y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas.

no pueden privatizarse.

Entonces ahí en los lugares donde no hay acceso a la playa tiene que abrirse.

Lo ocurrido estos últimos días en la península de Yucatán en México, ha ido mucho más allá de la simple demolición de unas construcciones ilegales.

El debate sobre de quién son las costas, avivado por el derribo de un hotel, ha sacado a la luz de forma descarnada esa gran expoliación costera que se ha estado ocultando bajo la alfombra durante años.

Con la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, el panorama quedó claro.

Esas playas paradisíacas, que se supone que deben estar abiertas a todo el mundo, se han convertido desde hace tiempo en el patio trasero de unos pocos.

Una parte enorme del litoral está de hecho cerrada al público y los gigantes del turismo han empezado a utilizar estos lugares como si fueran de su propiedad.

México ha comenzado a derribar las construcciones ilegales en las playas.

Se ha constatado que muchas de estas construcciones llevan mucho tiempo ocupando las playas e impiden el acceso de la gente a las playas públicas.

Sin embargo, México está empezando a derribarlas una por una.

La gota que colmó el vaso fue un hotel de lujo gestionado por inversores estadounidenses.

Según los registros oficiales, este establecimiento había acercado la playa, que es propiedad del estado, con vallas metálicas y personal de seguridad, y había establecido una tarifa de entrada.

La Constitución mexicana es en realidad muy clara.

Las playas son de dominio público, nadie puede apropiarse de ellas, pero esta norma que existe sobre el papel se ha estado eludiendo en la práctica desde hace años.

Playas de este país están cubiertas por hoteles.

La Cámara de Diputados se aprobó la ley de acceso gratuito a playas de todo el país.

Ya queda prohibida la imposición de CO.

Juez responsabilizó directamente a ProfEPA de vigilar que esto se cumpla.

Llegaron órdenes firmes de las autoridades federales y la maquinaria pesada entró en acción.

Aquella enorme instalación de la que muchos decían que nadie podría con ella se convirtió en un montón de escombros en cuestión de horas bajo el cordón de seguridad de la Armada.

La gente estaba atónita porque en la región no era habitual ver tanta determinación.

Según se dice, la situación es complicada, sobre todo en lo que respecta a toda esa serie de proyectos de lujo que proliferan como setas, especialmente en los alrededores de Yucatán.

Pero hay más.

Viven en Cancún, en Tulum, en algún punto de la Riviera Maya, en Playa del Carmen, en la costa de Nayarit, en Los Cabos.

Caminan kilómetros y kilómetros y no encuentran cómo entrar a la playa porque no se los permiten los hoteleros.

Bueno, pues esta información les interesa, Sofi.

Otro detalle llamativo que salió a la luz tras la decisión de demolición fue que una parte importante de los proyectos pertenecía a inversores extranjeros.

Según los informes de auditoría federales, la mayor parte de los proyectos turísticos y residenciales que han aumentado rápidamente en los últimos años en las costas de Yucatán están financiados por inversores estadounidenses.

En particular, el auge del mercado inmobiliario ha convertido a la región en un destino muy atractivo para los inversores procedentes de Norteamérica.

Debido a los bajos precios de los terrenos, al rápido crecimiento del sector turístico y a la popularidad de las costas caribeñas, muchos inversores estadounidenses se han orientado hacia proyectos de hoteles, complejos turísticos y viviendas de lujo en la franja costera.

La ProEPA tuvo que intervenir y clausurar tres obras en proceso de lujosas torres de departamentos que no contaba con los estudios de impacto ambiental, pero o sorpresa sí con los permisos municipales.

En las fases posteriores de la operación, las inspecciones no se limitaron a un solo hotel.

Los equipos de ProfEPA, en las inspecciones realizadas a lo largo de la costa detectaron que tres proyectos inmobiliarios de lujo distintos presentaban infracciones graves.

Según la información facilitada por las autoridades, ninguno de estos proyectos contaba con un informe de impacto ambiental válido.

A pesar de ello, se descubrió que las obras llevaban meses e incluso años en algunas zonas.

En marcha.

En México está comenzando una revolución.

Se ha iniciado el derribo de los hoteles construidos sin permiso, la mayoría de los cuales eran propiedad de estadounidenses.

Llevaban mucho tiempo sin pagar impuestos, se habían construido de forma ilegal y ahora no queda ni uno solo en pie.

Los expertos subrayan que el deterioro de los dunas costeras es un tema de suma importancia.

Y es que las dunas no son solo montículos de arena, sino que de hecho se consideran la línea de defensa natural del ecosistema costero.

Estas estructuras frenan el avance directo de las olas hacia tierra firme durante las tormentas tropicales y los huracanes.

Al mismo tiempo, la vegetación de los dunas estabiliza el movimiento de la arena, preservando así el equilibrio natural de la línea de costa.

Sin embargo, se ha constatado que en algunos proyectos de construcción llevados a cabo en las costas de Yucatán se han nivelado por completo estas zonas de dunas y se han construido cimientos de hormigón en su lugar.

Otro aspecto importante de los acontecimientos en la zona es la reacción de la población local.

Los habitantes de muchos pueblos costeros de Yucatán llevaban años quejándose de que el acceso a las playas se había vuelto cada vez más difícil.

Eh, no sabíamos absolutamente nada del hotel.

Obviamente cuando se empieza a construir que fue a partir de enero, a todo el mundo le cayó por y hasta ahí se empiezan ya a violentar los derechos de que habíamos cierre de los caminos de acceso a la playa alegando que se trata de propiedad privada, el hecho de que los guardias de seguridad de los hoteles den la vuelta a los visitantes y el cobro de entradas en algunas zonas han sido motivo de controversia desde hace tiempo.

Las comunidades locales han organizado protestas durante meses contra esta situación y han enviado peticiones de queja oficiales a las instituciones federales.

Se señala que estas solicitudes desempeñaron un papel importante en el proceso que condujo a la decisión de demolición.

Las organizaciones ecologistas locales y los grupos de ciudadanos presentaron ante las instituciones federales los expedientes que habían elaborado, acompañados de imágenes de satélite y fotografías del terreno.

En estos documentos se alegaba que algunas instalaciones turísticas bloqueaban los accesos a las playas y convertían, de hecho, los espacios públicos en zonas de uso privado.

El proceso de investigación iniciado por la profepa también se aceleró en gran medida a raíz de estas denuncias.

El proceso judicial, sin embargo, cambió por completo el rumbo de los acontecimientos.

En el juicio, los jueces recordaron las disposiciones sobre el uso de la costa recogidas en la Constitución de México.

Según la ley, todas las playas del país se consideran espacios públicos y los ciudadanos tienen derecho a acceder a ellas de forma gratuita.

En la sentencia del tribunal se dejó claro que el hotel en cuestión infringía este principio fundamental y utilizaba la playa de hecho como si fuera propiedad privada.

Los tribunales mexicanos siguen subrayando que la legislación nacional en materia de medio ambiente y costas es clara y que ninguna inversión privada tiene derecho a controlar las playas públicas.

Ahora, la pregunta más importante es la siguiente.

¿Se limitará esta operación iniciada en Yucatán? a unos pocos proyectos o supondrá el inicio de una oleada de controles mucho mayor en las zonas costeras de todo el país.

Las declaraciones del gobierno federal indican que la segunda posibilidad es cada vez más probable y es que las autoridades han anunciado que se revisarán todos los permisos de construcción costera concedidos en la última década.

Esto significa que en el futuro próximo podrían producirse nuevas decisiones de presentado y demolición.

Vamos.