JORGE AGUILERA ARREMETE CONTRA EL «LIBRO DE LA VERDAD» Y CUESTIONA SU SOLIDEZ: «ES UNA ABSOLUTA PORQUERÍA»
JORGE AGUILERA ARREMETE CONTRA EL «LIBRO DE LA VERDAD» Y CUESTIONA SU SOLIDEZ: «ES UNA ABSOLUTA PORQUERÍA»
📕 Un documento presentado por el Gobierno colombiano ante los organismos de control pretendía poner bajo la lupa la gestión de Gustavo Petro.
Pero una dura crítica desde el ámbito académico y de la comunicación acaba de abrir otra batalla: ¿investigación rigurosa o estrategia política?
El denominado «Libro de la Verdad» presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha provocado una nueva controversia en Colombia.
El documento, entregado el 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, reúne 82 casos relacionados con presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Gustavo Petro.
Tiene 135 páginas y fue elaborado durante el proceso de transición gubernamental.
La iniciativa fue defendida por el propio presidente De La Espriella como una manera de poner información en manos de las autoridades, no como una sentencia anticipada.
Durante la presentación, el mandatario fue explícito: «No me corresponde, señora Fiscal, declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de persona alguna».
También aseguró que el documento no pretendía sustituir las investigaciones judiciales.
Sin embargo, el contenido y, sobre todo, la manera de presentar el informe han sido cuestionados por Jorge Aguilera, académico y especialista en comunicación estratégica, quien difundió el 20 de agosto un video con una valoración particularmente severa.
«El libro de la verdad.
Una absoluta porquería», afirmó Aguilera al comenzar su intervención.
En otro momento insistió: «Es una absoluta vergüenza ese documento».
Su crítica no se limita al tono del título.
Aguilera cuestiona lo que considera una construcción comunicativa destinada a presentar como conclusiones hechos que todavía deben ser examinados por las autoridades competentes.
A su juicio, existe una diferencia fundamental entre señalar posibles irregularidades para que sean investigadas y presentarlas ante la opinión pública dentro de una narrativa política que pueda generar la impresión de que las responsabilidades ya están determinadas.
«Es una cosa hecha como con recortes de texto metidos con ChatGPT», sostuvo el académico, una afirmación que constituye su valoración personal y que no aparece acreditada como una conclusión técnica independiente sobre la elaboración del documento.
El Gobierno, por su parte, sostiene una posición distinta.
De La Espriella explicó que el libro es el resultado del trabajo realizado durante las semanas de transición y que su objetivo consiste en entregar a las instituciones competentes información sobre posibles irregularidades.
El presidente subrayó que corresponde a fiscales, procuradores y contralores determinar si existen responsabilidades y, en su caso, establecerlas conforme al debido proceso.
El informe identifica nueve tipos de comportamientos asociados, según el Gobierno, con prácticas que podrían favorecer la corrupción y los distribuye en 82 casos.
Entre los asuntos señalados aparecen cuestionamientos relacionados con contratación, administración de recursos públicos, sistemas tecnológicos, programas sociales y diferentes entidades estatales.
Pero existe una precisión esencial: los 82 casos no equivalen a 82 delitos de corrupción demostrados.
Se trata de señalamientos o posibles irregularidades que ahora deberán ser contrastados.
De hecho, análisis publicados sobre el documento advierten que algunos de los casos corresponden a cuestiones administrativas o de gestión y no necesariamente a conductas que puedan terminar configurando delitos.
En uno de los capítulos dedicados al Ministerio de Cultura, por ejemplo, se señala expresamente que determinadas observaciones constituyen un análisis preliminar que todavía no había sido contrastado con las entidades involucradas.
Esa distinción es precisamente la que está en el centro de la crítica de Aguilera.
Para el académico, el problema aparece cuando un documento político-administrativo adquiere ante la opinión pública una apariencia de veredicto judicial antes de que las autoridades hayan terminado de investigar.
«Una cosa es entregar a los organismos de control posibles irregularidades para que investiguen.
Eso no solamente es legítimo, sino obligatorio», sostuvo.
Su objeción se dirige, por tanto, menos a la existencia del informe que a la forma en que sus conclusiones pueden ser interpretadas y comunicadas.
Aguilera también recurrió a su experiencia como docente y jurado académico para cuestionar la metodología del documento.
«Yo he sido jurado de tesis doctorales, de pregrado y de posgrado», explicó antes de calificar nuevamente el informe de manera contundente: «Eso es una absoluta porquería».
El concepto de «teatro de las marionetas» utilizado por Aguilera resume su interpretación de lo ocurrido.
Según su análisis, la selección de determinados hechos, su presentación y la narrativa que los acompaña pueden contribuir a construir una percepción política concreta.
Se trata, no obstante, de una interpretación del comunicador, no de una conclusión judicial sobre las intenciones del Gobierno.
La Presidencia ha defendido precisamente lo contrario: que el Ejecutivo no pretende reemplazar a la justicia.
«El deber de quien gobierna consiste en llevar la verdad hasta la puerta de la justicia y detenerse allí», afirmó De La Espriella durante la entrega del documento.
La diferencia entre ambas posiciones es sustancial.
Para el Gobierno, el «Libro de la Verdad» funciona como una recopilación de hallazgos de transición que deben ser investigados.
Para Aguilera, la denominación y la puesta en escena política corren el riesgo de convertir una serie de señalamientos preliminares en una conclusión pública antes de que exista una decisión de las autoridades.
Por ahora, no puede afirmarse que las irregularidades descritas en el documento hayan sido judicialmente probadas.
Tampoco puede concluirse, únicamente a partir de las críticas de Aguilera, que todo el contenido del informe carezca de fundamento.
Ambas afirmaciones excederían la información disponible.
La última palabra corresponderá a las instituciones encargadas de investigar.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría deberán determinar qué señalamientos tienen sustento, cuáles requieren mayor documentación y si alguno de los hechos puede generar responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.
Mientras tanto, el «Libro de la Verdad» ya ha conseguido algo que difícilmente pasará inadvertido: convertirse en uno de los primeros grandes campos de batalla políticos del nuevo Gobierno colombiano.
Y en medio de esa disputa, Jorge Aguilera ha dejado clara su posición, sin matices: «Es una vergüenza total».
Descargo de responsabilidad: Este contenido puede haber sido creado por IA con fines de entretenimiento.
Cualquier parecido con personas, eventos o lugares reales es pura coincidencia.
