CGPJ avala la investigación de Peinado contra Begoña Gómez: archiva cuatro expedientes

La tensión institucional en torno al caso que afecta a Begoña Gómez ha dado un nuevo giro tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial de archivar cuatro de los cinco expedientes abiertos contra el magistrado Juan Carlos Peinado, instructor de la causa.

La resolución, adoptada por unanimidad, supone un respaldo parcial al juez en un momento de máxima exposición mediática y política. Sin embargo, no cierra completamente el frente disciplinario: el órgano ha decidido mantener abierta la investigación relacionada con las quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños, lo que mantiene viva la controversia.

El origen de esta última causa se sitúa en el interrogatorio que el juez practicó a Bolaños en abril de 2025, en el marco de la investigación. El propio ministro calificó aquella actuación de “anómala”, mientras que desde el ámbito judicial se considera que aún faltan elementos clave para determinar si hubo o no irregularidades, motivo por el cual el expediente sigue abierto.

Mientras tanto, las otras cuatro quejas han sido descartadas por carecer de base suficiente o no encajar en el ámbito disciplinario. Entre ellas figuraban denuncias de particulares, escritos anónimos e incluso acusaciones relacionadas con aspectos ajenos al proceso principal, como supuestas irregularidades patrimoniales del magistrado. En uno de los casos, la denuncia ni siquiera fue ratificada por quien la presentó, lo que debilitó completamente su recorrido jurídico.

Este desenlace refleja una realidad habitual dentro del sistema judicial español: la dificultad de que prosperen expedientes disciplinarios contra jueces cuando no existen indicios sólidos. Sin embargo, el contexto en el que se produce esta decisión es cualquier cosa menos ordinario.

La investigación que dirige Peinado sobre Begoña Gómez, iniciada en 2024, ha estado marcada desde el principio por una intensa presión política y mediática. El magistrado indaga posibles delitos como tráfico de influencias, malversación o corrupción en los negocios, en una causa que también afecta a su entorno profesional y académico . A lo largo de estos dos años, el procedimiento ha acumulado polémicas, recursos judiciales y correcciones por parte de instancias superiores.

En este escenario, la figura del juez ha sido objeto de críticas constantes. Algunas resoluciones han sido cuestionadas por falta de solidez, mientras que otras decisiones han sido directamente anuladas por tribunales superiores. Aun así, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado en varias ocasiones la continuidad de la investigación, subrayando que no puede considerarse arbitraria.

El propio desarrollo del caso ilustra la complejidad del proceso. En fechas recientes, Peinado volvió a impulsar la causa proponiendo que sea juzgada por un tribunal popular, argumentando que existen “indicios suficientes” de conducta delictiva. Esta decisión llegó después de que la Audiencia cuestionara anteriormente la consistencia de algunas de sus actuaciones, evidenciando las tensiones jurídicas que rodean el procedimiento.

En paralelo, el juez también ha sido objeto de nuevas investigaciones internas, como la relacionada con una supuesta filtración de información a la prensa, lo que añade otro frente a su ya complicada situación. Estas diligencias reflejan que, aunque parte de las quejas han sido archivadas, el escrutinio sobre su actuación sigue siendo intenso.

En este contexto, la decisión del CGPJ adquiere una doble lectura. Por un lado, supone un alivio para el magistrado, al descartar la mayoría de las acusaciones en su contra. Por otro, mantiene abierto el caso más delicado, el que afecta directamente a un miembro del Gobierno, lo que garantiza que la polémica continuará.

Fuentes jurídicas apuntan a que este equilibrio responde a la necesidad de preservar tanto la independencia judicial como la credibilidad institucional. No se trata únicamente de evaluar la actuación de un juez, sino de hacerlo en un caso donde confluyen intereses políticos, mediáticos y judiciales de primer nivel.

Así, el escenario que se abre es incierto. Mientras la investigación principal sigue su curso, el expediente pendiente determinará si hubo o no irregularidades en la actuación de Peinado. Entre tanto, el caso continúa avanzando en un terreno donde cada decisión judicial tiene un impacto que trasciende lo estrictamente jurídico.

En definitiva, el archivo de cuatro expedientes no pone fin a la controversia, sino que redefine sus límites. El foco se estrecha ahora sobre el procedimiento relacionado con Félix Bolaños, en una causa que sigue siendo uno de los mayores desafíos recientes para el sistema judicial español.