A MANOS LIMPIAS SE LE VA LA OLLA – NO QUIERE JURADO NI JUZGAR A ÁLVAREZ

El caso judicial que rodea a Begoña Gómez ha dado un giro inesperado tras el último movimiento del sindicato Manos Limpias, una de las acusaciones populares más activas en el proceso.

En un escrito reciente presentado ante el juez Juan Carlos Peinado, la organización ha sorprendido al distanciarse del resto de acusaciones y solicitar cambios sustanciales en la instrucción, lo que podría alterar significativamente el rumbo del procedimiento.

El cambio de postura ha generado desconcierto en el entorno judicial y político.

Manos Limpias ha pedido expresamente que el caso no sea juzgado por un tribunal de jurado, argumentando que los delitos investigados no encajan en las competencias de este tipo de órgano.

La petición implica que el proceso continúe por la vía ordinaria, lo que podría modificar tanto los tiempos como la naturaleza del eventual juicio.

En su escrito, el sindicato también plantea el sobreseimiento de las actuaciones contra Cristina Álvarez, quien fue asesora de Gómez.

Según el documento, “no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria”, una afirmación que se apoya en criterios jurídicos previamente establecidos por la Audiencia Provincial de Madrid.

Esta postura supone un cambio relevante, ya que hasta ahora su figura estaba incluida en el foco de la investigación.

Manos Limpias sostiene que no se puede deducir que Álvarez participara directa o indirectamente en las actuaciones que se investigan en torno a la cátedra extraordinaria codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

En ese sentido, argumenta que el hecho de desempeñar funciones dentro del ámbito institucional no implica necesariamente la comisión de un delito, especialmente si no existen indicios claros de participación en posibles irregularidades.

El escrito también introduce un matiz importante sobre el posible delito de malversación.

El sindicato recuerda que, para que este se configure, sería necesario demostrar que una persona que percibe un salario público no realiza las funciones para las que fue designada, algo que, según su análisis, no ha quedado acreditado en el caso de la asesora.

Esta interpretación jurídica refuerza su solicitud de archivo respecto a Álvarez.

En cuanto al fondo del caso, Manos Limpias no renuncia a la investigación sobre Begoña Gómez, pero sí delimita su alcance.

Considera que la responsabilidad podría centrarse en el uso de medios públicos para fines privados, señalando que la investigación debe dirigirse “contra quien haya hecho uso del recurso” y, en su caso, también contra la autoridad que lo hubiera permitido.

Esta precisión introduce una línea argumental más acotada respecto a etapas anteriores del proceso.

Otro de los puntos clave del escrito es la petición de nuevas diligencias de investigación.

El sindicato adelanta que propondrá actuaciones adicionales antes de determinar definitivamente el encaje penal de los hechos.

Según su planteamiento, estas diligencias podrían influir en la calificación jurídica de los delitos, incluyendo la posibilidad de que se valoren figuras como la prevaricación, lo que reforzaría su argumento en contra de la intervención de un jurado popular.

Este reposicionamiento estratégico rompe con la línea mantenida hasta ahora por otras acusaciones populares, que continúan defendiendo una interpretación más amplia de los hechos y la conveniencia de que el caso sea enjuiciado por un tribunal de jurado.

La divergencia abre un nuevo escenario procesal en el que el juez deberá valorar no solo los indicios existentes, sino también la idoneidad del procedimiento a seguir.

El movimiento de Manos Limpias llega además en un contexto marcado por la ausencia de Begoña Gómez en recientes citaciones judiciales, una circunstancia que ha alimentado el debate político y mediático en torno al caso.

Mientras tanto, la instrucción sigue su curso en los juzgados de Madrid, a la espera de que el magistrado adopte decisiones clave sobre el futuro del proceso.

Con este giro, el caso entra en una fase más compleja, en la que las diferencias entre las partes y las interpretaciones jurídicas cobran mayor protagonismo.

La decisión final sobre el tipo de procedimiento y el alcance de las responsabilidades marcará el desenlace de una investigación que continúa generando una fuerte atención pública.