¡ESCÁNDALO TOTAL! DISCAPACITADOS ESTALLAN CONTRA MILEI Y LANZAN UNA ACUSACIÓN EXPLOSIVA: “¡ESTO ES UN DELITO Y NO NOS VAN A CALLAR!”
La escena expuso una tensión social que venía creciendo en silencio y que finalmente estalló en la voz de quienes se sintieron directamente afectados.
Personas con discapacidad denunciaron públicamente que estaban siendo obligadas a atravesar trámites confusos, largas filas y una burocracia que, según ellas, vulneraba derechos básicos.
El reclamo no nació de una simple molestia administrativa, sino de una sensación profunda de abandono, maltrato e injusticia.
Una de las mujeres presentes expresó con dureza que lo que estaban haciendo las autoridades era, a su entender, un delito.
Sostuvo que en la Constitución Nacional no había lugar para pasar por encima de los derechos de las personas con discapacidad.
Remarcó que la propia palabra discapacidad ya mostraba una condición que debía ser protegida, no castigada con más obstáculos.
Según su mirada, las personas con discapacidad tienen derechos como cualquier otro ciudadano.
La mujer se mostró indignada al considerar que el gobierno pisoteaba esos derechos porque, según ella, actuaba con cobardía.
Comparó esa actitud con la de alguien que abusa del más débil y luego se esconde cuando debe dar explicaciones.
Para ella, el problema era que muchas personas con discapacidad no podían defenderse solas frente a un sistema que les imponía cada vez más barreras.
Por eso insistió en que el gobierno actuaba de esa manera porque sabía que el sector afectado estaba en una posición de vulnerabilidad.
Cuando le preguntaron qué le diría al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, si la estuviera escuchando, respondió con una mezcla de bronca y dolor.
Pidió que se fuera del cargo y acusó a los funcionarios de quitarles derechos a personas que habían trabajado toda su vida.
Luego recordó la historia de su madre, una mujer que, según contó, trabajó durante cuarenta años para criar sola a sus cuatro hijos.
Relató que su madre salía a trabajar incluso cuando estaba enferma, que nunca robó, que no recibió ayuda y que aun así logró sacar adelante a su familia.
Desde ese recuerdo personal, cuestionó que quienes gobiernan tengan privilegios mientras muchas familias humildes deben soportar recortes, esperas y maltrato.
También criticó que algunos funcionarios salgan rodeados de custodios.
A su juicio, quien no hace nada malo no debería tener miedo de caminar por la calle.
La protesta también estuvo marcada por reclamos vinculados a pensiones, medicamentos y atención médica.
La misma mujer contó que era paciente psiquiátrica y que en Berazategui le habían informado que no estaban llegando medicamentos de gobernación para tratamientos de salud mental.
Mencionó fármacos como quetiapina, clonazepam, diazepam y carbamazepina, señalando que sus precios estaban cada vez más altos.
Según su denuncia, muchas personas en tratamiento no podían comprarlos y tampoco recibían asistencia suficiente del Estado.
Por eso preguntó por qué no se decía toda la verdad sobre lo que estaba ocurriendo.
Mientras tanto, las cámaras mostraban una fila que parecía no terminar nunca.
Al principio se hablaba de ochenta o cien metros, pero luego la fila se extendió mucho más.
Los presentes calculaban que podía superar los doscientos cincuenta metros.
La imagen era contundente.
Personas mayores, personas con distintas discapacidades y familiares esperaban durante horas para realizar un trámite que muchos consideraban innecesariamente complicado.
Un hombre que aguardaba en la fila lamentó que, en lugar de simplificar las cosas, el sistema las hiciera más difíciles.
Explicó que la página web no funcionaba bien, que había pocas oficinas disponibles y que al llamar por teléfono solo respondía una operadora.
Se preguntó qué debía hacer una persona con problemas cardíacos, una persona sin un brazo o alguien que no podía ver.
Para él, el problema no era solo personal, sino colectivo.
Dijo que muchas personas estaban allí porque no tenían otra opción.
Aseguró que no habían ido porque les sobrara el tiempo, sino porque la estaban pasando mal.
Habló de falta de trabajo, ingresos bajos, aumentos constantes y una sensación de humillación.
Confesó que se sentía maltratado.
También aclaró que sus papeles estaban en regla y que no tenía nada falso.
Por eso no entendía por qué el Estado no podía facilitar un trámite que afectaba a tanta gente vulnerable.
Otra persona prefirió no hablar demasiado, pero dejó en claro su enojo.
Dijo que todo giraba alrededor del dinero y que esa gente no debería estar obligada a pasar por semejante situación.
La fila seguía creciendo.
Más personas llegaban al lugar para intentar resolver el trámite.
Algunas no sabían que encontrarían tanta espera.
Un hombre contó que había ido pensando que habría poca gente porque el comunicado había salido hacía poco.
Sin embargo, al llegar se encontró con una multitud.
Resignado, dijo que no le quedaba otra que quedarse en la fila para poder hacer el trámite y continuar viajando.
Otra mujer explicó que había llegado para gestionar la SUBE con el certificado de discapacidad.
Según contó, los cambios implementados habían generado confusión y preocupación.
Acompañaba a una persona que no podía estar mucho tiempo parada.
Por eso consideró que debería haber más personal atendiendo y una organización más clara.
Otra mujer contó que había ido el día anterior y que la fila de esa jornada era todavía más grande.
Ella ya había logrado hacer el trámite, pero volvía por su sobrino.
Reconoció que muchas personas con discapacidad no podían soportar semejante espera.
La sensación común era que el procedimiento se había convertido en una barrera más.
Algunos entrevistados resumían la situación con una sola palabra: burocracia.
Consideraban que, si una persona ya tenía su certificado o carnet correspondiente, el trámite debería ser mucho más simple.
En tiempos en que muchas gestiones podrían resolverse de manera ágil, la obligación de hacer filas interminables parecía para ellos una forma innecesaria de complicar la vida.
El enojo fue creciendo entre quienes esperaban.
Algunas expresiones se volvieron cada vez más duras contra el presidente y contra los funcionarios que acompañaban la medida.
El clima estaba cargado de frustración, cansancio y desesperación.
La escena dejó al descubierto algo más profundo que un problema administrativo.
Mostró a personas que sentían que el Estado les exigía demostrar una y otra vez una condición ya acreditada.
También mostró familias enteras obligadas a reorganizar su día para cumplir con un trámite que no entendían del todo.
Para muchos de los presentes, el reclamo no era solo por una tarjeta, una pensión o un beneficio.
Era por dignidad.
Era por el derecho a no ser tratados como sospechosos.
Era por el derecho a no tener que soportar horas de espera cuando el cuerpo, la salud o la edad no lo permiten.
Era por el derecho a que la discapacidad no se convierta en una condena burocrática.
La protesta dejó una pregunta incómoda para las autoridades.
Si el objetivo era ordenar el sistema, ¿por qué terminaron pagando el costo quienes más asistencia necesitan?
Esa pregunta quedó flotando entre las voces quebradas, los rostros cansados y una fila interminable que se transformó en símbolo de una indignación mucho más grande.
