Vox exigió la dimisión de Fernando Grande-Marlaska por la gestión del caso del exdirector adjunto operativo investigado por presunta agresión sexual

La Comisión vivió una de sus sesiones más ásperas tras la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, marcada por las duras acusaciones de Vox en relación con la imputación del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional por un presunto delito de agresión sexual y por la polémica en torno a la obligatoriedad de la baliza V16 para vehículos.

La diputada de Vox abrió su intervención acusando al ministro de faltar a la verdad.

“Ministro, su tendencia a la mentira es endémica”, afirmó, reprochándole haber citado de forma incorrecta una proposición no de ley sobre dispositivos de señalización vial.

Según explicó, su grupo nunca propuso extender el uso del dispositivo a vehículos particulares, sino limitarlo a operarios de auxilio en carretera.

Sin embargo, el eje central de su intervención giró en torno al caso del exDAO.

La parlamentaria recordó que fue el propio ministro quien nombró y elogió públicamente al alto mando policial ahora investigado.

“Si a usted le hubiera quedado un mínimo de decencia política habría presentado su dimisión”, sostuvo.

Además, le acusó de haber “mentido al afirmar que inmediatamente se puso fuera de su cargo al DAO”, señalando que no hubo un cese formal sino una renuncia tras un requerimiento.

La diputada elevó el tono al afirmar que el Ministerio del Interior se ha convertido en “el ministerio de los escándalos”, enumerando controversias pasadas y cuestionando la gestión del caso actual.

En su intervención final volvió a exigir la dimisión inmediata del ministro, asegurando que su conducta “no tiene un pase” y que la indignación es compartida por “millones de españoles”.

Grande-Marlaska respondió con una declaración estructurada en tres puntos.

En primer lugar, expresó su apoyo a la víctima y calificó los hechos denunciados como “simplemente gravísimos”.

Aseguró que actuó con rapidez: “En menos de dos horas estaba ordenado poner en marcha el mecanismo por el cual el presunto autor de esa agresión perdió su cargo”.

Añadió que se concedió “un cortísimo espacio de tiempo” para que el alto mando asumiera la responsabilidad y dimitiera, advirtiendo que de no hacerlo sería cesado.

En segundo lugar, defendió la actuación institucional y rechazó que el caso pueda utilizarse para desprestigiar al conjunto de la Policía Nacional.

“Lo que no puedo tolerar es que alguien utilice este suceso para denigrar la reputación de la Policía Nacional”, afirmó, recordando que existen protocolos internos contra el acoso sexual desde 2022 en la Policía y desde 2019 en la Guardia Civil.

En tercer lugar, anunció la activación de una “inspección extraordinaria incidental” para revisar los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género en las fuerzas de seguridad.

Reconoció que “algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos” y subrayó la necesidad de detectar posibles carencias para evitar que hechos similares vuelvan a producirse.

El debate también abordó la controversia sobre la baliza V16, cuyo uso será obligatorio en España.

Vox cuestionó tanto su idoneidad técnica como el procedimiento de homologación y la posible falta de notificación previa a la Comisión Europea.

La diputada afirmó que la imposición del dispositivo podría constituir una restricción al comercio interior y advirtió del riesgo de sanciones comunitarias.

Además, insinuó que la medida abre un mercado de millones de compradores obligatorios y genera “determinadas sospechas”.

El ministro se reafirmó en los argumentos expuestos previamente por su departamento, defendiendo la baliza como un instrumento destinado a mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

Rechazó cualquier insinuación de irregularidad en su implantación.

La sesión estuvo marcada por interrupciones y llamadas al orden por parte de la Presidencia, que pidió en varias ocasiones a los intervinientes ceñirse al objeto del debate.

La confrontación reflejó la creciente tensión política en torno a la gestión del Ministerio del Interior y evidenció la utilización parlamentaria de un caso judicial aún en curso, con posiciones claramente enfrentadas entre Gobierno y oposición.

Al cierre de la comparecencia, la exigencia de dimisión lanzada por Vox quedó sin respaldo de la mayoría parlamentaria, mientras el ministro insistió en que su prioridad es garantizar la protección de la víctima y el correcto funcionamiento de los protocolos internos.

El asunto, no obstante, promete seguir ocupando espacio en la agenda política en las próximas semanas.