Un diputado de Vox acusó al Gobierno de no haber gestionado eficazmente la crisis de vivienda ni haber ofrecido alternativas habitacionales suficientes a las familias en riesgo de desahucio

El debate parlamentario sobre vivienda y pensiones dejó un choque frontal entre Vox y el bloque de investidura, con un discurso especialmente duro de uno de sus diputados, que acusó al Ejecutivo y a sus socios de “no haber hecho absolutamente nada” en seis años para afrontar el riesgo de desahucio de miles de familias y de ocultar la gravedad del sistema público de pensiones.

Desde la tribuna, el parlamentario puso el foco en las 60.000 familias que, según se ha señalado en el debate, estarían en riesgo de desahucio.

“Dicen que hay 60.000 familias en riesgo de desahucio. ¿Qué han hecho en estos seis años? ¿Han seguido sus casos? ¿Han buscado una inserción laboral? ¿Han hecho viviendas para ellos?”, lanzó, encadenando preguntas retóricas para subrayar lo que considera una falta de gestión efectiva por parte de las administraciones.

A su juicio, el problema de fondo no es ideológico sino de responsabilidad institucional.

“Si es un problema de todos, lo solucionamos todos. No se le transfiere la responsabilidad al particular. El Estado, las regiones y los municipios son quienes tienen la obligación legal y moral de brindar alternativa habitacional”, afirmó.

En esa línea, defendió que corresponde a los poderes públicos activar servicios sociales, promover vivienda pública y garantizar soluciones para las familias vulnerables, en lugar de trasladar el coste a los propietarios.

El diputado cuestionó también los resultados de las políticas recientes.

Recordó que, según los datos expuestos en la Cámara, el conjunto de administraciones entregó en el último año alrededor de 14.000 viviendas públicas en un país de casi 50 millones de habitantes.

“¿Cuántas viviendas entregaron? 14.000. En un país de 50 millones de habitantes”, subrayó con tono crítico.

Añadió que, en comparación con la media europea, el gasto en vivienda social por ciudadano ha sido durante años muy inferior en España.

El debate se tensó al abordar el impacto de las medidas de protección frente a desahucios sobre el mercado del alquiler.

El parlamentario sostuvo que obligar al propietario a asumir indefinidamente la provisión de vivienda, incluso en caso de impago, genera desconfianza y retrae la oferta.

“Desde que está esta medida tenemos la mitad de oferta en alquiler que cuando empezó. La mitad de casas”, aseguró.

Según su argumento, la reducción de la oferta provoca un aumento de precios y mayores exigencias a los inquilinos, lo que termina perjudicando a los perfiles más vulnerables.

“Han creado una casta de inalquilables”, afirmó, en referencia a quienes, por su situación económica o familiar, encuentran crecientes dificultades para acceder a un contrato.

Aunque insistió en que las familias vulnerables deben ser “indesahuciables”, matizó que la solución pasa por que el Estado proporcione alternativas habitacionales directas, evitando que el mercado reaccione con más restricciones.

El enfrentamiento político incluyó acusaciones cruzadas sobre la caída del denominado “escudo social”.

Desde el bloque progresista se criticó a Vox, al Partido Popular y a Junts por tumbar iniciativas de protección, mientras que el diputado de Vox replicó que el decreto en discusión no era “revolucionario” sino “timorato” y que representa “la viva representación de una casta política que parasita lo público en sus discursos, pero desguaza lo público cuando tiene que actuar”.

Más allá de la vivienda, el discurso se adentró en la sostenibilidad del sistema de pensiones, otro de los ejes centrales del debate.

El diputado describió la situación financiera como “nefasta” y alertó de un creciente déficit en la caja de la Seguridad Social.

Recordó que, según proyecciones demográficas, en la próxima década se jubilarán en torno a 6,5 millones de personas, lo que podría incrementar de forma significativa el número total de pensionistas.

“La realidad es que en los próximos diez años se van a jubilar 6,5 millones de personas”, afirmó, y advirtió de que, si no se adoptan reformas estructurales, el sistema podría volverse insostenible.

Citó estimaciones que apuntan a que, de mantenerse la senda actual, sería necesario elevar considerablemente impuestos y cotizaciones sociales para financiar las prestaciones en el futuro.

“Las pensiones ya suponen hoy un 30% del gasto total de los Presupuestos Generales del Estado”, señaló, sosteniendo que el peso seguirá aumentando en ausencia de cambios.

A su entender, anunciar subidas sin respaldo financiero sólido equivale a “estafar a los españoles”, una acusación que generó protestas en la bancada socialista y de Sumar.

El debate concluyó sin acuerdo y con posiciones enrocadas.

Mientras el Gobierno defiende que las medidas buscan proteger a los colectivos más vulnerables y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, Vox insiste en que las políticas actuales reducen la oferta de vivienda, encarecen el alquiler y posponen decisiones necesarias sobre el sistema de pensiones.

El choque parlamentario anticipa que vivienda y sostenibilidad fiscal seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.