El presidente Donald Trump asistió a una audiencia histórica en la Corte Suprema de Estados Unidos para defender una orden ejecutiva que busca limitar la ciudadanía automática por nacimiento y se retiró antes de que concluyeran los argumentos

WASHINGTON — En un episodio sin precedentes que quedará registrado en la historia constitucional de Estados Unidos, el presidente Donald Trump se convirtió ayer en el primer mandatario en ejercicio en asistir a una audiencia oral ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para defender un polémico decreto que busca restringir la ciudadanía automática por nacimiento, amparada en la 14ª Enmienda, y abandonó la sala antes de que concluyeran los debates mientras los jueces cuestionaban duramente los argumentos de su gobierno.

La sesión, que duró más de dos horas, se centró en la constitucionalidad de una orden ejecutiva que, de aprobarse, negaría la ciudadanía a niños nacidos en suelo estadounidense si ninguno de sus padres es ciudadano o residente legal permanente, una propuesta que ya ha sido bloqueada por tribunales inferiores y que ahora enfrenta un fuerte escepticismo entre los magistrados de la más alta corte.

La audiencia, oficialmente conocida como Trump v.Barbara, destacó por la presencia inusual de Trump en la galería pública, algo no visto en la tradición americana moderna, y por la firme actitud de los jueces que hicieron preguntas incisivas al procurador general D.John Sauer, encargado de defender la orden ejecutiva.

En varios momentos, los magistrados dejaron en claro que la interpretación que propone la administración se aleja de más de un siglo de jurisprudencia que ha garantizado la ciudadanía automática a casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense.

Según los reportes, Trump decidió retirarse antes de que concluyeran los argumentos orales, lo que algunos observadores interpretaron como un intento por evitar un momento incómodo frente a los jueces y los presentes.

Durante el intercambio, surgieron interrogantes clave sobre el alcance de la 14ª Enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil para asegurar la ciudadanía a los recién liberados esclavos y sus hijos, y que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos”.

Magistrados conservadores y liberales cuestionaron si la propuesta de limitar ese derecho podía justificarse bajo el texto constitucional que, tal como fue escrito, no distingue entre padres inmigrantes o de otro estatus migratorio.

El caso histórico de United States v. Wong Kim Ark de 1898, que confirmó la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes chinos, fue citado repetidamente como precedente que refuerza la interpretación tradicional.

En un momento destacado de la audiencia, la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por Trump, interrogó al abogado de la administración sobre una aparente contradicción en su argumento:

“¿Cómo puede usted negar la ciudadanía a un niño nacido aquí cuando bajo la lógica de su interpretación también excluiría a otros grupos que históricamente han sido reconocidos como ciudadanos?” Esta línea de cuestionamiento evidenció la dificultad de sostener una reinterpretación que no entre en conflicto con precedentes legales bien establecidos.

Testigos presentes describieron un ambiente tenso y serio dentro del salón de audiencias, donde el propio Trump observó varios minutos los interrogatorios antes de levantarse y abandonar el proceso.

Aunque el presidente no hizo declaraciones públicas inmediatamente después de la audiencia, informes señalan que en redes sociales y en círculos cercanos a su administración se expresó frustración por el tono escéptico de los magistrados, especialmente entre los que él mismo nombró.

Esta reacción alimenta la narrativa de un revés significativo para el proyecto político que ha buscado redefinir la política migratoria estadounidense en su segundo mandato.

El debate se produce en un contexto de polarización política intensa en Estados Unidos, donde la ciudadanía por nacimiento ha sido objeto de discusión desde hace décadas, especialmente en relación con flujos migratorios y derechos civiles.

Grupos defensores de los derechos de inmigrantes y organizaciones constitucionalistas han intervenido activamente en el caso, argumentando que la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda ha sido un pilar de la igualdad legal en la nación y que cualquier intento por socavarla podría tener consecuencias profundas para millones de personas.

Al concluir la audiencia, varios expertos legales señalaron que la postura de la Corte Suprema parecía inclinada a mantener la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento y a rechazar la orden ejecutiva de Trump, aunque la decisión final no se espera hasta junio de este año.

Un fallo en contra no solo representaría una derrota jurídica para la administración, sino también un fuerte mensaje acerca de los límites de la acción ejecutiva frente a la Constitución y los precedentes históricos.

En las afueras del tribunal, defensores de la ciudadanía por nacimiento se reunieron con pancartas y consignas defendiendo el derecho consagrado desde hace más de un siglo, mientras que críticos de la orden ejecutiva enfatizaron que la Corte debe actuar como garante de los principios fundamentales sobre los cuales se construyó la nación.

La jornada en la Corte Suprema no solo visibiliza una de las disputas legales más importantes de la era contemporánea, sino que añade un capítulo memorable a la relación entre el poder ejecutivo y la interpretación constitucional en Estados Unidos.

La batalla legal continúa y, con ella, las implicaciones políticas y sociales que este caso puede tener para el futuro de la ciudadanía, la inmigración y la justicia en el país norteamericano.