El Congreso vivió un enfrentamiento intenso entre PSOE y PP por la reinserción de exmiembros de ETA y su acceso a la función pública

El Congreso de los Diputados vivió una de sus sesiones más tensas de la legislatura con un enfrentamiento directo entre el Partido Socialista y el Partido Popular a raíz de una proposición impulsada por Unión del Pueblo Navarro sobre la presencia de exmiembros de ETA en la función pública.

El debate derivó rápidamente en un cruce de acusaciones políticas y morales que situó en el centro al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a formaciones como EH Bildu, el PNV y Esquerra Republicana.

La sesión arrancó con la intervención de una portavoz socialista, que defendió el enfoque del Gobierno basado en la reinserción y la convivencia tras el fin del terrorismo.

En un tono firme, subrayó la importancia de respetar a las víctimas sin renunciar a los principios constitucionales: “Creemos en una sociedad en la que la reinserción tiene cabida. Creemos en una sociedad en la que realmente cabemos todos”.

La diputada recordó que su generación no vivió directamente la violencia de ETA, pero insistió en el respeto absoluto hacia quienes sí la sufrieron:

“Me suscita tanto respeto las víctimas y el dolor que la banda terrorista ETA dejó en mi tierra, que no le voy a tolerar a usted ni ética ni moral”.

El discurso socialista apeló al periodo posterior al fin de la violencia, destacando el consenso político que permitió avanzar hacia la paz.

En esa línea, reivindicó el papel de figuras históricas como José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López, señalando que “hace 15 años ETA dejó de matar gracias al consenso político de la mayoría del arco parlamentario”.

Frente a las críticas de la derecha, acusó a sus adversarios de “legislar desde el odio” y de centrarse en el pasado en lugar de construir el futuro.

Sin embargo, el momento más explosivo del pleno llegó con la intervención del diputado del Partido Popular Sergio Sayas García Danero, quien elevó considerablemente el tono del debate con un discurso cargado de acusaciones directas contra el Gobierno y sus aliados parlamentarios.

“¿Sabe lo que nos diferencia? Que nosotros no le debemos nada a Bildu y ustedes le deben la presidencia del Gobierno de España”, afirmó, provocando una fuerte reacción en la Cámara.

García Danero centró su intervención en la polémica sobre la posibilidad de que exmiembros de ETA accedan a puestos como docentes en centros públicos.

En uno de los momentos más contundentes, planteó: “¿Les parece normal que cuando te has pasado media vida amenazado, lleves a tus hijos al colegio y le dé clase el que te iba a matar?”.

La pregunta generó murmullos y protestas entre los escaños de la izquierda.

El diputado popular también cuestionó la narrativa sobre la desaparición de ETA, señalando que su influencia política persiste a través de partidos como EH Bildu: “Pueden decir lo que quieran, pero ustedes tienen la presidencia del Gobierno porque les ha votado un terrorista de ETA”.

En esa misma línea, denunció lo que considera un “blanqueamiento” del pasado terrorista y acusó al Ejecutivo de permitir que “se ponga al mismo nivel a víctimas y verdugos”.

Las referencias a EH Bildu fueron constantes durante el debate, así como críticas al silencio del Partido Nacionalista Vasco y a posiciones históricas de Esquerra Republicana de Catalunya.

García Danero también evocó episodios controvertidos del pasado político español para reforzar su argumentación, insistiendo en que determinadas decisiones del actual Gobierno suponen una “humillación para las víctimas”.

El intercambio dejó en evidencia la profunda fractura política en torno a la memoria del terrorismo y su gestión en la España actual.

Mientras el bloque progresista defiende la reinserción como un principio constitucional y un paso necesario para la convivencia, la derecha mantiene que existen límites morales que no deben cruzarse, especialmente en lo relativo a la presencia de antiguos terroristas en espacios públicos sensibles como la educación.

En medio del debate, la figura de Pedro Sánchez volvió a ser el eje de las críticas de la oposición, que cuestiona la legitimidad de sus apoyos parlamentarios.

Desde el PSOE, en cambio, se insiste en que la política actual responde a una etapa de “posviolencia” centrada en la memoria, la paz y la convivencia.

La sesión concluyó sin consenso, pero con una clara constatación: el legado de ETA sigue siendo uno de los temas más sensibles y divisivos de la política española, capaz de provocar algunos de los enfrentamientos más duros en el Congreso incluso años después del fin de la violencia.