El interrogatorio a Joseba García estuvo marcado por fuertes discrepancias entre la Fiscalía y la defensa sobre el alcance de las preguntas relativas a su patrimonio y los informes de la UCO

La jornada judicial vivida en el marco de la investigación del denominado caso Koldo volvió a evidenciar la fuerte tensión entre las partes durante el interrogatorio a Joseba García Izaguirre, en el que se abordaron presuntos incrementos patrimoniales vinculados a su entorno familiar y a la actividad investigada en relación con contratos públicos de material sanitario.

Desde el inicio de la declaración, el ambiente en la sala estuvo marcado por continuas interrupciones y discrepancias sobre el objeto real del interrogatorio.

La defensa del principal investigado cuestionó de forma inmediata el alcance de las preguntas de la acusación, señalando que se estaban desviando del objeto procesal.

En ese momento, se escuchó con claridad: “Perdón, estamos en la defensa del señor García Izaguirre, no la defensa suya.

Las preguntas que vayan relacionadas con incremento del patrimonio de José García Izaguirre no tienen nada que ver con el proceso”.

El debate jurídico escaló cuando el Ministerio Fiscal intentó reconducir el interrogatorio hacia el origen del patrimonio del testigo, en relación con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO).

La defensa insistió en que las preguntas debían centrarse estrictamente en los hechos imputados a Koldo García, mientras que la Fiscalía defendía la pertinencia de analizar los flujos económicos en el entorno familiar para determinar si existían posibles irregularidades.

En medio de ese cruce de criterios, el fiscal fue tajante al rechazar las objeciones de la defensa: “No, perdón, eso usted no está aquí para preguntar. Responde a las preguntas”.

La tensión aumentó cuando se debatió si el incremento patrimonial del entorno del investigado estaba vinculado a supuestas comisiones derivadas de contratos de mascarillas durante la pandemia.

La Fiscalía explicó su línea de interrogatorio señalando que el análisis del patrimonio era clave para la investigación: “La única forma de desvirtuar eso es preguntándole cómo obtuvo el incremento patrimonial que la UCO dice que es procedente de las comisiones por mascarillas”.

Sin embargo, la defensa replicó que no existía una atribución directa y que las conclusiones de los informes debían ser objeto de prueba, no de afirmaciones previas durante el interrogatorio.

En ese punto, el representante del Ministerio Público insistió en que los ingresos detectados en las cuentas bancarias debían ser explicados por el testigo, especialmente aquellos que, según los informes policiales, no tendrían justificación aparente.

“Vamos a ver si es verdad o no es verdad”, afirmó el fiscal, subrayando la necesidad de contrastar la información económica.

El interrogatorio avanzó hacia el análisis de los ingresos y movimientos financieros del testigo, momento en el que este explicó su situación económica personal, incluyendo ventas de bienes, hipotecas y otras operaciones patrimoniales.

En una intervención extensa, detalló que sus adquisiciones inmobiliarias estaban respaldadas por ingresos previos, ahorros y financiación bancaria: “Yo vendo un coche y me compro otro coche, vendo una moto y me compro otra moto… todo eso se queda reflejado en mis declaraciones de la renta”.

El testigo también defendió la legalidad de su situación financiera, afirmando que sus ingresos eran compatibles con su capacidad económica: “Yo ganaba más de 70.000 euros”, aseguró, al explicar la procedencia de los fondos utilizados en sus inversiones y compras inmobiliarias.

Uno de los momentos más relevantes del interrogatorio se produjo cuando la Fiscalía preguntó por ingresos en efectivo de elevada cuantía detectados en el año 2020, que según los informes alcanzarían cifras significativas sin justificar plenamente su origen.

Ante ello, el testigo evitó entrar en detalles y se limitó a señalar que no respondería a determinadas cuestiones por indicación de su defensa: “No voy a contestar a ninguna de las preguntas por consejo de mi abogada”.

A lo largo de la sesión, esta respuesta se repitió de forma constante ante preguntas relativas a su relación con terceros, viajes internacionales, contactos personales y posibles vínculos laborales con determinadas entidades.

El testigo mantuvo una postura firme de silencio procesal, justificando su decisión en la estrategia de su letrada.

La acusación también intentó profundizar en su trayectoria profesional, mencionando su paso por una empresa pública entre 2019 y 2023, así como supuestos contactos con otras personas investigadas en la causa.

Sin embargo, la respuesta fue siempre la misma: negativa a declarar por recomendación jurídica.

En paralelo, la defensa insistió en que los informes de la UCO no atribuían directamente el origen del dinero a una única fuente, y que las conclusiones debían interpretarse con cautela.

Se produjo entonces un nuevo intercambio en el que se pidió precisión sobre los documentos citados, reclamando que se identificaran de forma exacta las páginas y apartados mencionados.

El interrogatorio también abordó operaciones inmobiliarias concretas, incluyendo la compra de viviendas con altos niveles de financiación hipotecaria, así como ventas de propiedades previas.

El testigo explicó que parte de sus adquisiciones se financiaron mediante hipotecas de hasta el 85% del valor del inmueble, y mediante reinversión de ahorros y ventas anteriores.

En un intento de clarificación, el propio interrogado llegó a afirmar: “Si una persona que cobra más de 70.

000 euros, ¿cómo no voy a obtener 30.

000 euros para hacer frente a eso?”, defendiendo la coherencia de sus movimientos económicos.

La sesión concluyó sin que se produjera un avance significativo en las posiciones de las partes.

La acusación popular, por su parte, decidió limitar su intervención tras calificar el desarrollo del interrogatorio como un “espectáculo” procesal, mientras que la defensa reclamó respeto estricto a los límites del objeto de la causa.

El tribunal, en última instancia, recordó que la valoración de las pruebas corresponderá a fases posteriores del procedimiento, subrayando la necesidad de ceñirse al marco jurídico establecido.

Sin embargo, el intercambio dejó patente la profunda discrepancia entre las partes sobre el alcance de la investigación y el papel del interrogatorio en la construcción del caso.