Una multitudinaria manifestación en Tenerife denuncia la gestión irresponsable del Gobierno de Pedro Sánchez ante la inminente llegada al puerto de Granadilla de un crucero con un brote de Hantavirus que ya ha causado varias muertes

La isla de Tenerife se ha convertido en un auténtico polvorín de indignación y miedo.

Lo que comenzó como una alerta sanitaria discreta ha derivado en una crisis política y social de magnitudes impredecibles para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este viernes, las calles frente al Parlamento de Canarias se inundaron de manifestantes —trabajadores portuarios, personal sanitario y ciudadanos de a pie— que clamaban contra lo que califican como una “gestión suicida e irresponsable” ante la llegada de un crucero afectado por un brote letal de Hantavirus.

El buque, que transporta a casi 150 personas a bordo, tiene previsto atracar este domingo en el puerto de Granadilla.

La sombra de la tragedia acompaña su travesía: ya se han confirmado varias muertes relacionadas con el virus durante el trayecto, y diversos pasajeros en estado crítico tuvieron que ser evacuados de urgencia frente a las costas de Cabo Verde.

A pesar de la gravedad de los hechos, la respuesta de Moncloa ha sido recibida con absoluto escepticismo por los colectivos locales, quienes advierten que intentarán impedir el atraque por todos los medios si no se garantizan protocolos de seguridad biológica reales.

El clima de tensión es palpable en cada rincón del puerto.

Las pancartas desplegadas durante la protesta no dejan lugar a dudas sobre el sentimiento de desprotección que impera: “Puerto sin medios, puerto inseguro”, “Queremos trabajo, no enfermedades” o “Sin protocolo no hay seguridad”.

Los operarios denuncian que se les está enviando a la “primera línea de fuego” sin la formación ni el equipo necesario para lidiar con una amenaza de esta naturaleza.

Elena Ruiz, presidenta del sindicato TPT, ha alzado la voz para denunciar la opacidad oficial que rodea la operación.

“Los empleados están completamente desinformados; no saben ni siquiera qué protección deben utilizar ante una posible amenaza biológica de este calibre”, sentenció ante los medios, reflejando el vacío informativo que el Ministerio de Sanidad ha dejado a su paso.

La incertidumbre sobre si los equipos de protección individual (EPI) son los adecuados para frenar el Hantavirus ha desatado el pánico entre quienes deberán interactuar con el buque a su llegada.

La crisis ha puesto al descubierto las costuras de un sistema de sanidad exterior que, según las centrales sindicales, está al borde del colapso.

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha lanzado una denuncia demoledora: las plantillas encargadas de gestionar alertas internacionales están bajo mínimos históricos, con vacantes sin cubrir y equipos incompletos.

Las cifras son alarmantes.

Según el sindicato, Canarias apenas dispone de cuatro profesionales de enfermería y tres médicos por centro para afrontar emergencias sanitarias globales.

“Estamos ante una improvisación criminal”, denuncian desde las organizaciones laborales, señalando que la falta de previsión del Gobierno central pone en riesgo no solo a los trabajadores, sino a toda la población del archipiélago.

Para muchos ciudadanos, esta gestión errática no es casualidad.

En los círculos de protesta se acusa abiertamente al gabinete de Pedro Sánchez de intentar minimizar una alarma sanitaria de primer orden para evitar un mayor desgaste político, en un momento donde el Ejecutivo se encuentra cercado por diversos casos de corrupción.

La sensación de que Tenerife está siendo utilizada como un “laboratorio de pruebas” sin las medidas de contención necesarias ha encendido una mecha que promete explotar este mismo fin de semana.

“Cada hora que pasa crece la sensación de caos”, comentaba un sanitario presente en la manifestación.

La preocupación es legítima: a día de hoy, incluso antes de que el barco toque puerto canario, ya se tiene constancia de al menos dos personas con una posible infección activa por este virus en el entorno de la ruta.

El miedo a una propagación comunitaria en la isla ha hecho que diversos colectivos ciudadanos se organicen para vigilar los accesos al puerto de Granadilla.

Mientras el Gobierno de España intenta transmitir una calma que nadie en Tenerife siente, la cuenta atrás para el domingo sigue su curso.

Los trabajadores portuarios han sido tajantes: no aceptarán ser el escudo humano de una administración que, a su juicio, ha preferido la propaganda a la prevención.

El desenlace de esta crisis biológica y social recae ahora directamente sobre los hombros de un Pedro Sánchez que, de momento, guarda silencio ante el clamor de una isla que se siente abandonada a su suerte frente al virus.

Lo que suceda una vez que las pasarelas del crucero se desplieguen en Granadilla será, para los manifestantes, responsabilidad única y exclusiva del Palacio de la Moncloa.