Omar García Harfuch presentó documentos internos atribuidos al sexenio de Carlos Salinas de Gortari que detallan contratos irregulares, procesos de privatización con ventajas selectivas y movimientos financieros no transparentes

En una conferencia que rápidamente sacudió el panorama político mexicano, Omar García Harfuch presentó una serie de documentos que, según afirmó, forman parte de un archivo histórico no divulgado durante décadas sobre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Frente a los medios, el funcionario fue directo: “Descubrimos toda la verdad de Carlos Salinas. Contratos ilegales, privatizaciones a modo, desvío de recursos públicos y nexos con el crimen organizado. No habrá impunidad para nadie”.

Los documentos, cuya autenticidad aún está siendo evaluada por distintas instancias, contienen registros administrativos, movimientos financieros y referencias a decisiones clave tomadas durante el sexenio de 1988 a 1994.

El anuncio no solo revive viejas controversias, sino que también reabre una de las heridas más profundas en la historia económica reciente de México: la crisis de 1994 y las políticas de privatización que transformaron el modelo económico del país.

Durante su exposición, Harfuch detalló que el archivo incluye información sobre la venta de empresas estatales estratégicas, entre ellas Teléfonos de México. Este proceso, ampliamente documentado en la historia económica, permitió la consolidación de un nuevo grupo empresarial encabezado por figuras como Carlos Slim Helú.

“El modelo no fue únicamente técnico”, explicó el funcionario. “Hubo decisiones políticas que definieron quién podía acceder a información privilegiada y bajo qué condiciones participar en esos procesos”.

En los documentos presentados, se describen supuestos mecanismos mediante los cuales ciertos grupos empresariales habrían tenido ventajas competitivas durante las privatizaciones, incluyendo condiciones regulatorias favorables que limitaron la competencia en sectores estratégicos.

Uno de los puntos más sensibles de la revelación tiene que ver con el uso de la llamada partida secreta presidencial. Según Harfuch, existen registros parciales de transferencias realizadas en los últimos años del sexenio de Salinas, clasificadas bajo conceptos como operación especial, protección o compensación.

El funcionario subrayó un elemento particularmente delicado: “Hay movimientos de recursos en fechas cercanas a eventos clave de 1994 que deben ser explicados”.

Ese año estuvo marcado por dos magnicidios que cambiaron el rumbo político del país: el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu.

Aunque Harfuch evitó establecer conclusiones directas, insistió en que la coincidencia temporal de los registros financieros con esos eventos obliga a una revisión profunda por parte de las autoridades.

Otro eje central del archivo está relacionado con la figura de Raúl Salinas de Gortari, quien durante años fue objeto de investigaciones internacionales por el manejo de recursos en el extranjero.

Los documentos, según lo presentado, incluyen referencias a estructuras financieras complejas que coincidirían con investigaciones previas realizadas en Suiza durante la década de los noventa.

“Estamos hablando de redes que operaban con acceso privilegiado a decisiones del Estado”, afirmó Harfuch.

En este punto, el caso conecta con investigaciones históricas lideradas por fiscales europeos como Carla del Ponte, quien en su momento señaló la posible relación entre fondos en cuentas extranjeras y actividades ilícitas.

Sin embargo, muchos de esos procesos terminaron sin sentencias concluyentes, lo que ha alimentado durante décadas la percepción de impunidad en torno a las élites políticas y económicas del país.

El impacto de estas revelaciones no radica únicamente en los hechos del pasado, sino en la continuidad de las redes de poder.

Harfuch fue enfático en este punto: “Los nombres que aparecen no son solo historia. Son personas cuyas redes siguieron operando bajo distintos gobiernos”.

Ese señalamiento apunta a un fenómeno ampliamente discutido en la ciencia política mexicana: la persistencia de estructuras informales de poder más allá de los cambios de administración.

Durante tres décadas, cinco presidentes —desde Ernesto Zedillo hasta Andrés Manuel López Obrador— evitaron reabrir de manera integral los expedientes relacionados con el salinismo.

Las razones han sido diversas, desde la necesidad de estabilidad económica hasta el costo político de confrontar redes profundamente arraigadas en el sistema institucional.

Ahora, con la aparición de estos documentos, el escenario podría cambiar.

El propio Harfuch lo planteó como un punto de inflexión: “Esto no es un tema del pasado. Es un proceso que puede redefinir cómo entendemos el funcionamiento del Estado”.

Especialistas coinciden en que, más allá de las implicaciones legales, el caso podría tener un impacto significativo en la confianza pública.

Durante años, la desconfianza hacia las instituciones ha sido un rasgo persistente en la sociedad mexicana, alimentada por episodios como la crisis financiera de 1994, el rescate bancario del Fobaproa y los múltiples escándalos de corrupción.

La posible validación de estos documentos podría reforzar la narrativa de que esas percepciones tenían fundamentos reales.

Al cierre de la conferencia, Harfuch evitó adelantar acciones concretas, pero dejó claro que el material ya está siendo procesado por las autoridades competentes.

“Esto apenas comienza”, afirmó.

El país observa ahora con atención si esta nueva etapa marcará finalmente un cambio en la relación entre poder, justicia y rendición de cuentas en México.