La jueza Sonia Agudo, titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, archivó la denuncia presentada por Sarah Santaolalla contra Vito Quiles al concluir que las grabaciones del Senado no muestran ninguna agresión física

La titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, la magistrada Sonia Agudo, ha acordado el archivo provisional de la denuncia presentada por la analista política Sarah Santaolalla contra el comunicador Vito Quiles por un presunto delito de acoso y lesiones ocurrido a la salida de un acto celebrado en el Senado el pasado 2 de marzo.
La resolución judicial, conocida este viernes, concluye que “los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna” después de analizar las imágenes de seguridad, los informes policiales y la documentación médica incorporada al procedimiento.
El caso había provocado una fuerte repercusión política y mediática desde el primer momento.
Aquella tarde, Santaolalla denunció públicamente haber sufrido una agresión física durante un altercado registrado a la salida de un acto organizado por el PSOE con motivo del 8-M.
“Hoy ya no son insultos, son golpes”, escribió entonces en redes sociales, donde aseguró haber sido atacada por Quiles “y sus matones”.
La denuncia derivó en diligencias judiciales y en un intenso cruce de acusaciones entre ambas partes.
El PSOE incluso anunció acciones legales y respaldó públicamente a la colaboradora televisiva, sosteniendo que varias personas presentes habían presenciado empujones y situaciones de intimidación.
Sin embargo, el desarrollo de la investigación acabó dibujando un escenario distinto al inicialmente denunciado.
En el auto judicial, la magistrada destaca que las cámaras de seguridad del Senado muestran “la secuencia completa” desde que Santaolalla abandona el edificio hasta que accede al vehículo en el que abandonó la zona.
Según la resolución, en ningún momento se aprecia una agresión directa por parte de Vito Quiles.
La jueza subraya además que las imágenes reflejan cómo varias personas formaron un cordón alrededor de Santaolalla para impedir que Quiles pudiera acercarse físicamente a ella.
“No existe duda alguna sobre la autenticidad de las grabaciones”, señala la magistrada, que añade que el investigado “ni siquiera llega a aproximarse” a la denunciante durante la escena analizada.
Uno de los elementos clave del procedimiento fue precisamente el visionado íntegro de las grabaciones aportadas por la Policía Nacional y por las cámaras de seguridad de la Cámara Alta.
El auto judicial considera que las imágenes desmontan la hipótesis de una agresión física y evidencian que el comunicador permaneció separado de Santaolalla por la presencia de terceros y de agentes policiales.
A ello se sumó el informe médico forense incorporado a la causa.
Según la documentación analizada por el juzgado, no pudo establecerse una relación directa entre las lesiones denunciadas y los hechos investigados aquella tarde.
Esa conclusión terminó debilitando de manera decisiva la acusación inicial presentada contra Quiles.

Durante su declaración, Santaolalla insistió en que se sintió acosada y atemorizada por la presencia continuada del comunicador en distintos actos públicos.
La analista política sostuvo además que venía sufriendo episodios reiterados de hostigamiento desde hacía meses.
Quiles, por su parte, negó desde el principio cualquier agresión y defendió que todo el incidente había sido grabado y manipulado públicamente de forma interesada.
“Menos mal que estaba grabado”, llegó a escribir el comunicador en redes sociales tras conocerse parte de las imágenes.
Después del archivo judicial, volvió a pronunciarse en su cuenta de X con un mensaje cargado de ironía: “No ganan para disgustos ni para cabestrillos.
Las denuncias falsas son delito, por cierto”.
La resolución no entra a valorar posibles responsabilidades por denuncia falsa ni establece consecuencias penales para Santaolalla, pero sí deja claro que, tras las diligencias practicadas, no existen indicios suficientes para continuar el procedimiento contra Quiles.
El auto también rechaza nuevas diligencias solicitadas por la acusación, entre ellas la ampliación de declaraciones testificales y la acumulación con otros episodios denunciados previamente por Santaolalla relacionados con presuntos actos de acoso.
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La decisión judicial puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, aunque el archivo supone un importante revés para la estrategia jurídica impulsada por la colaboradora televisiva y respaldada públicamente por dirigentes socialistas durante las primeras horas posteriores al incidente.
El caso ha reabierto además el debate político y mediático sobre los límites entre el ejercicio periodístico, el acoso en espacios públicos y la utilización de la confrontación política como herramienta de exposición en redes sociales.
Mientras los defensores de Quiles consideran que la resolución confirma que existió una exageración deliberada de los hechos, sectores cercanos a Santaolalla mantienen que el clima de presión y persecución hacia determinadas figuras públicas sigue siendo una realidad preocupante.
En paralelo, Vito Quiles continúa inmerso en otros procedimientos judiciales relacionados con presuntas injurias y difusión de datos personales, causas distintas que siguen su curso en otros juzgados españoles.
La decisión conocida ahora se limita exclusivamente al altercado registrado en el Senado y a la denuncia concreta presentada por Sarah Santaolalla tras aquella jornada de tensión política y mediática que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de las últimas semanas en España.

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