El sindicato policial JUPOL criticó la protección policial concedida a Sarah Santaolalla y pidió explicaciones al Ministerio del Interior por asignar escoltas sin una resolución judicial que lo justifique

La polémica por la protección policial concedida a la tertuliana Sara Santaolalla ha tomado un nuevo giro tras las contundentes críticas del sindicato policial JUPOL.

Su portavoz, Laura García, no ha dudado en cuestionar la decisión del Ministerio del Interior de España, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, de asignar escoltas policiales sin contar, según ella, con una resolución judicial que justifique tal medida.

En una entrevista reciente en el programa “La noche de Cuesta” de esRadio, García exigió explicaciones urgentes al Gobierno, subrayando que este tipo de decisiones pueden estar más alineadas con intereses políticos que con evaluaciones técnicas de seguridad.

García enfatizó: “Lo que más nos preocupa es la seguridad de los contribuyentes, para que la seguridad sea para todos y que no haya ningún tipo de privilegio”.

Para la portavoz, el uso de recursos policiales debe basarse en necesidades objetivas y no en decisiones que puedan interpretarse como un trato preferente.

Para ilustrar su crítica, utilizó una metáfora impactante: “Es como si alguien fuera a la ministra de Sanidad y le pidiera sentirse más cuidada, y de repente sacan a médicos de las consultas para ponérselos a ella”.

Con esta comparación, García quiso demostrar que cada agente destinado a escoltas deja de estar disponible para otras tareas de seguridad que afectan al conjunto de la ciudadanía.

Además, la portavoz de JUPOL destacó que, según la información que maneja el sindicato, no existe una resolución judicial que respalde la medida de protección a Santaolalla.

“Hasta donde nosotros sabemos, no hay ninguna sentencia judicial que la declare víctima de nada”, explicó, advirtiendo que si se concediera protección policial a todas las personas que afirman sentirse amenazadas, el sistema sería insostenible.

“Si se pusiera escolta a todo el mundo que dice sentirse perseguido, ni sacando policías de debajo de las piedras sería viable”, añadió con firmeza.

García también recordó que existen víctimas reconocidas judicialmente que apenas cuentan con recursos de protección.

“Las mujeres que sí son declaradas víctimas judicialmente en este país tienen un policía para cada cien víctimas que han visto comprometida su vida”, afirmó, poniendo de relieve la disparidad en la asignación de recursos policiales.

Esta situación ha llevado al sindicato a pedir transparencia al Ministerio del Interior para conocer cuántos agentes han sido destinados a este servicio y bajo qué criterios se han tomado estas decisiones.

“Cuando se ponen unos policías en un sitio, se están quitando de otro, y precisamente no es que vayamos sobrados de efectivos”, concluyó García, dejando entrever una crítica contundente hacia la gestión del ministerio y la controvertida protección otorgada a Santaolalla.

La situación ha generado un debate intenso en el ámbito político, con intervenciones de diversos líderes que han expresado sus opiniones sobre el tema.

La controversia no solo pone en tela de juicio la eficacia de la asignación de recursos, sino que también plantea preguntas sobre la equidad en la protección de los ciudadanos.

La discusión sobre la protección policial a figuras públicas como Santaolalla resuena en un contexto más amplio, donde la seguridad de todos los ciudadanos debe ser una prioridad.

La voz del sindicato JUPOL resuena como un llamado a la reflexión sobre cómo se distribuyen los recursos policiales y quiénes realmente necesitan protección en un país donde la seguridad es un derecho fundamental.

La controversia sigue abierta, y las palabras de Laura García han dejado claro que el debate sobre la justicia y la equidad en la protección policial está lejos de concluir.