La reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum fue aprobada como ley constitucional con 377 votos en la Cámara de Diputados y ratificada por al menos 17 congresos estatales en menos de 24 horas

Ciudad de México.— La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada como ley constitucional luego de un proceso legislativo que incluyó múltiples etapas, debates prolongados y ajustes estratégicos.

Con 377 votos a favor en la Cámara de Diputados y su posterior ratificación en congresos estatales en menos de 24 horas, el proyecto quedó formalmente incorporado a la Constitución mexicana.

El camino hacia esta aprobación comenzó el 11 de marzo de 2026, cuando la propuesta original, conocida como “plan A”, fue sometida a votación en la Cámara de Diputados.

A pesar de obtener 259 votos a favor frente a 234 en contra y una abstención, no alcanzó la mayoría calificada requerida para una reforma constitucional.

La iniciativa contemplaba cambios profundos, como la eliminación de los diputados plurinominales, la reducción del financiamiento a los partidos políticos y ajustes en la representación legislativa.

Tras el rechazo de esta primera propuesta, diversos actores políticos, incluyendo representantes del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, manifestaron su oposición al proyecto.

Sin embargo, también se registraron votos en contra provenientes de partidos aliados al oficialismo, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, lo que resultó determinante para el resultado final.

Posteriormente, el Ejecutivo federal presentó una versión revisada de la iniciativa, conocida como “plan B”.

Esta nueva propuesta mantuvo algunos elementos clave, pero dejó fuera aspectos que habían generado mayor controversia.

Entre las medidas incluidas destacan la reducción de los presupuestos de los congresos estatales, el establecimiento de un límite de 15 regidores en los ayuntamientos, un tope salarial para los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), así como una reducción progresiva del presupuesto del Senado.

El 26 de marzo, el Senado de la República aprobó el plan B con 87 votos a favor y 41 en contra.

En esta ocasión, los partidos aliados al oficialismo respaldaron la iniciativa.

Posteriormente, el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde se llevó a cabo una sesión maratónica el 8 de abril.

Durante más de 16 horas de debate, legisladores de distintas bancadas presentaron más de 130 reservas con el objetivo de modificar diversos artículos.

La sesión estuvo marcada por confrontaciones verbales, acusaciones entre partidos y protestas simbólicas dentro del pleno.

A pesar de ello, la propuesta fue aprobada en lo general con 377 votos a favor, 102 en contra y sin abstenciones.

En lo particular, el dictamen obtuvo 343 votos a favor y 124 en contra.

Tras su aprobación en el Congreso de la Unión, la reforma fue enviada a los congresos locales para su ratificación.

En menos de un día, al menos 17 legislaturas estatales aprobaron el dictamen, entre ellas las de Baja California, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Yucatán, cumpliendo así con el requisito constitucional para su promulgación.

La reforma establece cambios relevantes en el funcionamiento de las instituciones políticas y electorales del país.

Entre ellos, se encuentra la reducción de recursos destinados a los congresos estatales, lo que impacta directamente en la operación financiera de los gobiernos locales.

Asimismo, el límite salarial para funcionarios del INE busca establecer un tope alineado con el ingreso de la titular del Ejecutivo federal.

Otro de los puntos centrales es la reducción en el número de regidores en los ayuntamientos, lo que implica una disminución en la estructura administrativa municipal.

Además, se contempla una reducción del presupuesto del Senado a lo largo de un periodo de cuatro años, en línea con políticas de austeridad.

El contexto de esta reforma se enmarca en un periodo político clave, ya que en 2027 se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, así como diversas gubernaturas en el país.

Estas elecciones de mitad de sexenio suelen representar un momento determinante en la correlación de fuerzas políticas.

A lo largo del proceso legislativo, los distintos partidos políticos fijaron posturas encontradas.

Mientras que los grupos parlamentarios afines al gobierno respaldaron la iniciativa, los partidos de oposición manifestaron su rechazo y señalaron preocupaciones sobre el impacto de la reforma en el equilibrio institucional.

Por su parte, algunos legisladores de Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen, lo que evidenció divisiones internas en ese partido.

La aprobación de esta reforma también se produce en un contexto de otras decisiones legislativas recientes relacionadas con políticas de austeridad y ajustes en el gasto público.

Entre ellas se incluyen modificaciones a esquemas de pensiones y revisiones a estructuras administrativas en diversas instituciones del Estado.

Con la entrada en vigor de la reforma electoral, el marco normativo que regirá los próximos procesos electorales en México incorpora nuevas disposiciones que modifican aspectos clave del sistema político.

Las autoridades correspondientes deberán ahora implementar los cambios establecidos y garantizar su aplicación en los procesos venideros.

El proceso que llevó a la aprobación de esta reforma se desarrolló en un periodo de menos de un mes, desde la presentación de la primera propuesta hasta su ratificación final.

La rapidez en su aprobación en los congresos estatales permitió que el dictamen adquiriera carácter constitucional en un corto plazo.

De esta manera, la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum se consolida como uno de los cambios legislativos más relevantes del año, tras superar un proceso complejo que incluyó el rechazo inicial de su primera versión y la posterior aprobación de una propuesta modificada que logró reunir el respaldo necesario en el Congreso y en las entidades federativas.