Irene Montero vuelve al centro de la polémica tras la reactivación en redes sociales de la denuncia presentada en 2019 por su exescolta Elena González

En los últimos días, las redes sociales han vuelto a situar en el centro del debate público una denuncia presentada en 2019 por la exescolta Elena González contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

El caso, que ya había generado controversia en su momento, ha resurgido tras unas recientes declaraciones de la exministra sobre la regularización de inmigrantes, lo que ha reactivado críticas y acusaciones cruzadas en el ámbito político y digital.

La polémica se intensificó después de que Montero afirmara en una intervención pública que determinados sectores políticos rechazan la regularización porque, según sus palabras, “quieren tener esclavos”.

En concreto, la exministra señaló: “Un sector muy grande, absolutamente precarizado y viviendo en condiciones de absoluta esclavitud”, una expresión que ha sido ampliamente comentada y cuestionada en redes sociales.

A raíz de estas declaraciones, usuarios en distintas plataformas han recuperado testimonios vinculados a la denuncia interpuesta por su exescolta, en la que se apuntan presuntas irregularidades en el uso de recursos humanos dentro del entorno político de Podemos.

Según el relato difundido en su momento, Elena González declaró ante instancias judiciales en el marco del conocido caso Neurona, donde se analizaban posibles prácticas irregulares en la estructura organizativa del partido.

En su testimonio, la exagente aseguró que personal adscrito al entorno de la dirigente habría sido utilizado para tareas no relacionadas con sus funciones laborales.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia señala que una trabajadora del partido, identificada como Teresa Arévalo, habría realizado labores de cuidado de la hija menor de Montero.

Según la versión recogida en la declaración, estas tareas no estarían contempladas en su contrato ni en sus funciones oficiales.

“Se le utilizaba para cuidar a la hija de la entonces dirigente”, es la afirmación atribuida al entorno de la denunciante y recogida en el expediente, que ha sido nuevamente difundida por usuarios en redes sociales.

Este punto ha sido especialmente polémico, ya que apunta a un posible uso de recursos del partido para fines personales.

La exescolta también relató que otras trabajadoras del equipo habrían expresado su malestar por la asignación de funciones ajenas a su puesto.

Entre ellas, se menciona a una integrante del área de prensa, quien habría trasladado internamente su incomodidad por desempeñar tareas relacionadas con el cuidado de menores, lo que habría generado sobrecarga en otros miembros del equipo.

Desde el entorno de la acusación popular, representado en su momento por la jurista Marta Castro, se defendió la relevancia de estos testimonios.

Castro señaló que la información procedía de declaraciones directas y que debía ser valorada en el contexto judicial correspondiente, subrayando la necesidad de esclarecer el uso de recursos públicos y organizativos.

Además, en el contenido de la denuncia se incluyen referencias a supuestas tareas de carácter personal que excederían las funciones de seguridad de la exescolta, incluyendo gestiones vinculadas al entorno familiar de la exministra.

Estas afirmaciones han sido difundidas nuevamente en redes sociales, donde se han convertido en objeto de intenso debate político y mediático.

Por su parte, Irene Montero no ha emitido nuevas declaraciones específicas en relación con la reaparición de estas acusaciones, aunque en su momento el entorno de Podemos defendió que la relación entre el personal y la menor se enmarcaba en un contexto de confianza y cercanía, rechazando cualquier irregularidad.

El resurgimiento del caso ha reactivado un enfrentamiento político y mediático en torno a la gestión interna de los recursos en el entorno de la exministra, así como sobre la veracidad y alcance de las declaraciones realizadas en su momento por la exescolta Elena González.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales, donde se mezclan interpretaciones políticas, críticas y defensas cruzadas.

El caso, que parecía haber quedado en el pasado judicial, vuelve ahora a situar a Irene Montero en el centro de la controversia pública, en un contexto de fuerte polarización política en España.