Un operativo masivo en San Luis Potosí permitió localizar con vida a siete trabajadores secuestrados y desplegar una respuesta coordinada de fuerzas federales y estatales

Un despliegue de más de 600 elementos de seguridad en el altiplano potosino no solo logró la localización con vida de siete trabajadores secuestrados, sino que derivó en la detención de un mando policial y abrió una investigación que podría escalar hasta las más altas esferas municipales.

El 21 de marzo de 2026, la desaparición de siete electricistas en la carretera 57, a la altura de Matehuala, encendió las alertas de las autoridades.

En cuestión de horas, el estado desplegó un operativo sin precedentes en la región, con la participación de 620 elementos entre Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y policías ministeriales, apoyados por tres helicópteros.

El secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, confirmó la magnitud del despliegue: “Hay 620 elementos como estado de fuerza en este momento en aquella zona y hay tres helicópteros que también están ayudando o colaborando a la búsqueda de ellos”.

Dos días después, el 23 de marzo, los siete trabajadores fueron localizados con vida.

Aunque las autoridades no han precisado si se trató de un rescate o una liberación, testimonios recabados indican que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado, vendadas y retenidas en una casa de seguridad con el objetivo de obligarlas a trabajar para la organización.

Horas después del despliegue masivo, los captores decidieron liberarlos.

“Nos dijeron que nos subiéramos a un vehículo y luego nos dejaron”, relató uno de los afectados.

Los trabajadores caminaron hasta una caseta en Matehuala, donde pidieron ayuda.

El gobernador Ricardo Gallardo celebró el resultado del operativo, pero anticipó nuevas acciones: “Más de 600 elementos participaron para tener la liberación de siete personas. Ya se está trabajando en Fiscalía para tener a los responsables”.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado al día siguiente.

El 24 de marzo fue detenido Jorge Eduardo Martínez Peña, director de Seguridad Pública Municipal, sorprendido en posesión de más de 50 dosis de marihuana y varias bolsas de cristal mientras se encontraba a bordo de una patrulla.

“Soy el licenciado Jorge Eduardo Martínez Peña, director general de Seguridad Pública Municipal”, se identificó el funcionario al momento de su detención.

Junto a él fue capturado un exfuncionario municipal, Pablo Ernesto, alias “El Marrano”, también en posesión de droga.

Aunque oficialmente ambos enfrentan cargos por narcomenudeo, versiones extraoficiales señalan que están bajo investigación por su posible relación con el secuestro de los electricistas.

El alcalde de Matehuala, Raúl Ortega Rodríguez, reaccionó con cautela y pidió evitar la politización del caso: “Ojalá que esto no se convierta en una situación política que quieran afectar primero a un servidor y luego al Ayuntamiento”.

El edil aseguró no haber tenido contacto directo con autoridades investigadoras y defendió su gestión: “En ningún momento ha habido ninguna omisión de nuestra parte. Siempre hemos seguido todos los lineamientos que nos marca el Secretariado de Seguridad Pública”.

No obstante, el secretario de Seguridad estatal, Jesús Juárez Hernández, intentó deslindar el caso del secuestro: “Las detenciones se realizaron en flagrancia por posesión de droga y cualquier otra implicación deberá ser determinada por la Fiscalía”.

La postura contrastó con la del gobernador, quien lanzó una advertencia más contundente: “Hay dependencias coludidas prácticamente con los maleantes. Hay investigación con direcciones del municipio que están entregadas totalmente al crimen”.

Gallardo fue más allá al señalar que las indagatorias podrían alcanzar niveles superiores: “Yo creo que hay muchas complicidades que se tienen que ir descartando hasta llegar al alcalde… porque si está metido en eso, imagínense el problema tan grave que sería”.

El contexto refuerza las sospechas.

En 2025, la policía municipal de Matehuala acumuló 20 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones.

Ese mismo año se emitieron 13 recomendaciones formales contra la corporación.

Mientras San Luis Potosí enfrenta estas acusaciones, otros estados muestran distintas aristas de la crisis institucional.

En Zacatecas, un video evidenció a mandos de la policía vial consumiendo alcohol dentro de instalaciones oficiales.

En Tapachula, Chiapas, un helicóptero oficial dañó viviendas durante un aterrizaje sin que hasta ahora exista una postura formal.

En contraste, en Matamoros, Tamaulipas, el alcalde José Alberto Granados implementó un operativo encubierto para detectar corrupción dentro de su propia corporación.

Oculto en un vehículo, grabó a agentes aceptando sobornos.

“¿Hay manera de arreglar?”, preguntó el conductor.

“Sí, sin problema”, respondió el agente.

En ese momento, el alcalde intervino: “¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? Esa es la manera de trabajar”.

El resultado fue la destitución inmediata de siete elementos y una reestructuración temporal de la corporación.

Los casos reflejan un patrón preocupante: mientras algunas autoridades combaten la corrupción desde dentro, otras enfrentan señalamientos de colusión directa con el crimen organizado.

En Matehuala, el megaoperativo que inició como una búsqueda terminó abriendo una investigación que podría redefinir la relación entre seguridad pública y poder local en una de las regiones más sensibles del país.