Familiares de las víctimas del descarrilamiento de Adamuz se concentraron frente al Congreso de los Diputados de España con 47 sillas en memoria de los fallecidos y exigieron “verdad y justicia”

La escena frente al Congreso de los Diputados de España fue tan simbólica como sobrecogedora.

Un total de 47 sillas alineadas en silencio recordaban a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz: 46 fallecidos en el siniestro ocurrido el 18 de enero y una más en memoria del maquinista que perdió la vida al día siguiente en otro incidente en Cataluña.

Alrededor de ellas, familiares y allegados rompían ese silencio con una consigna clara: “¡Queremos la verdad!”.

Convocados por la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, cerca de un centenar de personas se concentraron en el corazón político del país para exigir explicaciones y responsabilidades.

La protesta no solo apuntaba a las causas del accidente, sino también a la gestión posterior, que consideran insuficiente.

En el centro de las críticas se encuentra el ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien acusan de no haber dado respuestas claras ni haber asumido responsabilidades políticas.

“Está muy mal. Lo que pedimos es respeto, que esto no vuelva a pasar, que asuman su responsabilidad, pidan perdón a las víctimas y dejen a la justicia actuar”, expresó uno de los asistentes, visiblemente afectado.

Las palabras reflejan el sentimiento generalizado de abandono que denuncian las familias, que aseguran no haber recibido información suficiente sobre lo ocurrido.

El presidente de la asociación, Mario Samper, se mostró especialmente contundente en sus declaraciones.

“Que se pongan las pilas, dejen de hacer caja con este suceso tan trágico y trabajen para que no vuelva a ocurrir”, afirmó, señalando directamente a las instituciones responsables de la gestión ferroviaria.

Su intervención fue una de las más aplaudidas durante la concentración, en la que se mezclaron el dolor y la indignación.

Uno de los aspectos más graves señalados por las víctimas es el presunto fallo en las comunicaciones durante la noche del accidente, especialmente entre los servicios de emergencia como el 112 y el 061.

Según denuncian, estos problemas habrían dificultado la coordinación en los momentos críticos posteriores al descarrilamiento, lo que podría haber agravado las consecuencias del siniestro.

Este punto ya ha sido trasladado a la justicia mediante una demanda que busca esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

“Hay que decir más la verdad. Tú eres un ministro y tienes que saber lo que pasa en tu ministerio”, gritó otro de los presentes, en referencia directa a Óscar Puente.

Los reproches no se limitaron a la falta de explicaciones, sino que también cuestionaron la capacidad de supervisión y control del Ministerio en relación con la seguridad ferroviaria.

Durante la protesta, los representantes de la asociación registraron en el Congreso una carta en la que solicitan que su manifiesto sea leído en el pleno.

Con este gesto, buscan dar visibilidad institucional a sus reivindicaciones, que se resumen en tres ejes fundamentales: verdad, justicia y garantías de no repetición.

Consideran que solo mediante una investigación transparente y la asunción de responsabilidades se podrá cerrar una herida que sigue abierta.

El accidente de Adamuz se ha convertido en un símbolo del debate sobre la seguridad ferroviaria en España.

Las víctimas sostienen que no se trató de un hecho aislado, sino de la posible consecuencia de fallos acumulados en el mantenimiento de infraestructuras y en los sistemas de control.

Esta percepción ha intensificado la presión sobre el Gobierno, que enfrenta críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso.

Los familiares insisten en que no se detendrán hasta obtener respuestas claras.

“No vamos a parar”, aseguraron varios de ellos durante la concentración.

La protesta frente al Congreso representa, según explican, solo una etapa más de una movilización que seguirá activa.

El impacto emocional de la jornada fue evidente.

Las sillas vacías, alineadas frente al Congreso, no solo simbolizaban las vidas perdidas, sino también la ausencia de respuestas que reclaman los afectados.

En ese escenario, las voces de los familiares resonaron con fuerza, recordando que detrás de cada cifra hay historias, nombres y una exigencia común: que lo ocurrido no quede impune.

La presión sobre el Ejecutivo continúa en aumento en un caso que amenaza con convertirse en un referente de las demandas sociales por mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

La protesta ha dejado claro que, para las víctimas, el tiempo no ha reducido la urgencia de sus reivindicaciones, sino que la ha intensificado.