La oposición acusa al Gobierno de “deriva antidemocrática” y uso abusivo del decreto ley en un bronco debate sobre pensiones y pobreza

El Congreso vivió una sesión de alta tensión política marcada por las críticas de la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez por el uso recurrente del real decreto ley y por la gestión de las políticas sociales y económicas.

Las intervenciones dejaron un hemiciclo dividido entre quienes defendieron la acción del Gobierno y quienes denunciaron una “deriva antidemocrática” y el fracaso de los llamados “escudos sociales”.

Uno de los portavoces opositores recordó unas palabras del propio Sánchez en 2015 dirigidas a Mariano Rajoy: “No se puede gobernar a golpe de decreto ley.

El 34% de sus iniciativas legislativas se han hecho por decreto ley”.

Acto seguido, acusó al actual Ejecutivo de incoherencia al sostener que “el 52% de sus iniciativas legislativas han ido por vía de excepción”, cifrando en 173 los reales decretos ley aprobados sobre un total de 338 iniciativas.

“¿Pero qué se han pensado?”, exclamó entre aplausos de su bancada.

La crítica se extendió al funcionamiento parlamentario.

“No nos dejan ni presentar enmiendas, las envían al congelador”, denunció, asegurando que la Cámara ha perdido centralidad en favor de mecanismos excepcionales.

A su juicio, la “deriva antidemocrática de este Gobierno es palpable” y se suma a lo que considera el fracaso de las políticas sociales.

En ese sentido, cuestionó la eficacia de los “escudos sociales” desplegados en los últimos años.

“El escudo social no puede ser un fin en sí mismo, debe ser un medio para sacar a la gente de la vulnerabilidad, no para mantenerla”, afirmó.

Citó datos de riesgo de pobreza y exclusión social, señalando que el 25,7% de la población se encuentra en esa situación y que “casi la mitad de los hogares llega a final de mes con alguna dificultad”.

También mencionó que el 16% de las familias no pudo mantener una vivienda con temperatura adecuada en 2025, “el doble de cuando ustedes gritaban al señor Rajoy por la pobreza energética”.

El discurso insistió en que el aumento de beneficiarios del ingreso mínimo vital o de prestaciones por desempleo refleja un empeoramiento estructural.

“Se van a gloria de 800.000 hogares dependientes del ingreso mínimo vital, pero cada vez envían a más gente a situación de vulnerabilidad”, sostuvo.

En su conclusión, reclamó “más leyes, más debate y menos excepciones”, así como “un gobierno limpio, un gobierno democrático, sin tics autoritarios”.

Desde Unión del Pueblo Navarro se respaldó la revalorización de las pensiones, pero se criticó el uso partidista del asunto.

“Basta ya de utilizar sectariamente a los pensionistas, basta ya de chantajes y manipulaciones”, afirmó su portavoz.

Denunció además la tramitación urgente de reales decretos que, según dijo, luego no se desarrollan con coherencia legislativa.

“Así tampoco se gobierna este país”, añadió.

Otra intervención puso el foco en la sostenibilidad del sistema de pensiones y en la situación económica general.

La portavoz cuestionó el relato gubernamental sobre el crecimiento económico.

“España no está creciendo económicamente”, aseguró, argumentando que el aumento poblacional en los últimos años maquilla las cifras macroeconómicas.

“Los salarios netos reales llevan estancados desde el año 95”, afirmó, atribuyendo la pérdida de poder adquisitivo a la inflación acumulada durante la actual legislatura.

La crítica a la izquierda fue directa: “Han repetido lucha de clases, intervención en el mercado, pero de fondo, de números, de cifras, no han dicho absolutamente nada”.

Según esta visión, el debate sobre pensiones requiere un análisis estructurado y sostenible, más allá de consignas ideológicas.

El Gobierno, por su parte, ha defendido reiteradamente que el uso del decreto ley responde a situaciones de urgencia y necesidad, especialmente en contextos de crisis como la pandemia o la guerra en Ucrania, y que las medidas adoptadas han permitido proteger a millones de ciudadanos frente al impacto de la inflación y la incertidumbre económica.

La sesión reflejó una profunda fractura política en torno al modelo de gobernanza, el equilibrio entre Ejecutivo y Parlamento y la evaluación de las políticas sociales.

Mientras la oposición habla de autoritarismo y empobrecimiento, el Ejecutivo sostiene que ha reforzado la protección social y modernizado la economía.

El cruce de cifras, reproches y apelaciones históricas dejó claro que el debate sobre democracia, pobreza y pensiones seguirá ocupando el centro de la agenda política en los próximos meses.