La autopsia del caso Aitán Merry determina que la muerte se debió a un episodio de delirio agitado asociado al consumo de sustancias, descartando la hipótesis de intervención por arma de fuego

La publicación de los resultados de la autopsia del caso de Aitán Merry ha desencadenado una nueva tormenta política en España, reavivando el choque entre la exdiputada Macarena Olona, la dirección de Podemos y distintos sindicatos policiales, en un episodio que ha escalado rápidamente en redes sociales y en el debate público.

El informe forense, incorporado al procedimiento judicial, ha concluido que la causa del fallecimiento fue un episodio de delirio agitado asociado al consumo de sustancias, descartando la hipótesis de un fallecimiento por impacto de arma de fuego, lo que ha modificado de forma significativa el relato inicial del caso.

Tras conocerse estas conclusiones, Macarena Olona publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó con dureza las declaraciones previas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, señalando que sus afirmaciones públicas sobre una presunta actuación policial no se habrían sustentado en evidencias concluyentes en el momento en que fueron realizadas.

En su mensaje, Olona afirmó: “Acusó sin pruebas a la Policía”, una frase que rápidamente se viralizó y que ha sido ampliamente comentada tanto por simpatizantes como por detractores.

El caso se remonta a unas declaraciones previas de Belarra en las que denunció públicamente lo que calificó como una posible actuación policial irregular, generando entonces una fuerte controversia política.

Sin embargo, la nueva resolución forense ha reabierto el debate sobre la prudencia en las declaraciones públicas de representantes institucionales mientras las investigaciones judiciales aún están en curso.

En su intervención en redes, Olona fue más allá de la crítica puntual y recuperó mensajes anteriores en los que ya había cuestionado lo que considera una tendencia a lanzar acusaciones graves sin respaldo probatorio suficiente.

En uno de esos textos, la exdiputada expresó: “Acusan de violencia policial racista sin pruebas, pero miran hacia otro lado cuando la violencia la ejercen sus machos sin escrúpulos”, un mensaje que generó una fuerte polarización y que volvió a circular tras la nueva polémica.

El debate también ha involucrado a los sindicatos policiales, que han reaccionado con firmeza ante las declaraciones políticas realizadas en fases anteriores del caso.

Desde el sindicato SUP se emitió un comunicado en el que se defendió la actuación de los agentes implicados y se criticó la difusión de acusaciones sin respaldo judicial, señalando: “Calificar una intervención policial como asesinato no solo es irresponsable, además daña gravemente el honor de los policías nacionales”.

El sindicato anunció además que estudia posibles acciones legales para proteger la reputación de los agentes.

La difusión del informe de autopsia ha sido clave para reconfigurar el debate público, al aportar un elemento técnico que contradice parte de las interpretaciones iniciales realizadas en el ámbito político y mediático.

En este contexto, fuentes jurídicas recuerdan que los informes forenses constituyen una pieza fundamental dentro del proceso de instrucción, pero que deben ser valorados en conjunto con el resto de pruebas antes de establecer conclusiones definitivas.

En el entorno político, el caso ha provocado un nuevo enfrentamiento entre posiciones enfrentadas sobre el papel de las instituciones, la responsabilidad de los cargos públicos en sus declaraciones y los límites del discurso político cuando existen investigaciones judiciales abiertas.

Desde distintos sectores se insiste en la necesidad de prudencia para evitar la judicialización del debate político, mientras que otros defienden el derecho a denunciar posibles irregularidades incluso antes de que exista una resolución firme.

La figura de Ione Belarra ha quedado en el centro de la controversia tras la difusión del informe, al ser señalada por sus críticas iniciales a la actuación policial en un contexto en el que aún no se conocían los resultados forenses.

Sus declaraciones han sido objeto de revisión pública y política, aunque desde su entorno se mantiene que las valoraciones se realizaron en base a la información disponible en aquel momento.

El caso Aitán Merry se ha convertido así en un nuevo foco de tensión entre política, justicia y cuerpos de seguridad, en un escenario donde cada avance judicial reabre el debate público y multiplica las interpretaciones enfrentadas.

Mientras la investigación continúa su curso, el impacto mediático del informe y las reacciones posteriores confirman la elevada sensibilidad del caso y su capacidad para generar confrontación en el espacio político español.