Varios comparecientes en la causa que investiga la Diputación de Badajoz omitieron de forma voluntaria sus responsabilidades orgánicas y alcaldías socialistas ante el tribunal.

BADAJOZ

El procedimiento judicial que investiga las presuntas irregularidades en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el seno de la Diputación de Badajoz, ha registrado un giro de notable gravedad.

Según una información avanzada por el diario digital The Objective, la acusación popular ha solicitado formalmente al juzgado de instrucción que investigue el testimonio de varios de los testigos presentados por las defensas, tras detectarse que omitieron de manera deliberada su militancia activa y sus dilatadas trayectorias en cargos de responsabilidad del Partido Socialista (PSOE).

La controversia procesal radica en la quiebra del principio de apariencia de neutralidad técnica bajo el cual comparecieron estos testigos.

Ante el magistrado, los declarantes se identificaron bajo perfiles de profesionales independientes o funcionarios de la administración local, silenciando unos vínculos orgánicos que resultan determinantes a la hora de calibrar la credibilidad, la motivación y la tacha de sus aportaciones al esclarecimiento del caso.

Entre los casos más señalados por la acusación popular destaca la declaración de José María Sánchez, quien compareció en calidad de responsable técnico de la corporación provincial para defender la absoluta legalidad de las adjudicaciones técnicas y de personal en la Diputación.

Sin embargo, la investigación periodística ha revelado que el compareciente omitió un dato sustancial de su biografía pública: haber ejercido como alcalde bajo las siglas del PSOE durante un periodo ininterrumpido de 13 años.

La situación se repite en términos similares con otros testimonios clave del entorno institucional de la provincia.

Es el caso de Estrella Gordillo, quien formalizó su identificación inicial ante las partes alegando su desempeño como enfermera.

Una revisión de las bases de datos públicas ha permitido constatar que Gordillo acumula décadas de dedicación preferente a la actividad política profesional y a cargos institucionales directamente vinculados a la estructura del socialismo extremeño.

Petición de falso testimonio en los tribunales

La representación jurídica de la acusación popular ya ha registrado un escrito solicitando que se deduzca testimonio contra estos declarantes para dirimir si pudieron incurrir en un presunto delito de falso testimonio, tipificado en el Código Penal.

El ordenamiento jurídico español sanciona con severidad a aquellos testigos que, estando obligados a decir verdad, falten a ella u oculten datos esenciales para confundir al juzgador.

Este nuevo escenario procesal añade una severa complicación técnica y de reputación a una causa que ya de por sí desgasta el relato de transparencia del Ejecutivo central.

Lo que en origen se dirimía como un debate administrativo sobre la legalidad intrínseca de una plaza diseñada en la Diputación pacense, amenaza ahora con derivar en una pieza separada por presunta obstrucción a la justicia y manipulación de las declaraciones testificales.

Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que la ocultación de la filiación política no invalida automáticamente un testimonio técnico, pero sí altera gravemente la valoración de la prueba que debe realizar el juez instructor.

De confirmarse que existió una estrategia coordinada desde la organización para nutrir la causa de testimonios formalmente independientes pero políticamente condicionados, el caso del hermano de Pedro Sánchez podría situarse a las puertas de un reproche penal de consecuencias imprevisibles para la cúpula de Ferraz.