Ketty Garat denuncia una campaña de descrédito en su contra tras publicar informaciones sobre el caso vinculado a José Luis Ábalos

La periodista Ketty Garat ha sacado a la luz una serie de acusaciones que, según sostiene, evidencian una preocupante doble vara de medir en el entorno político actual en España.

Durante su intervención televisiva, la directora adjunta de El Objective relató episodios que, a su juicio, reflejan una estrategia de descrédito contra periodistas que publican informaciones sensibles.

Garat situó el origen de estos ataques hace aproximadamente cuatro años, cuando comenzó a difundir exclusivas relacionadas con el conocido caso vinculado al exministro José Luis Ábalos.

Según explicó, a partir de ese momento se habría activado una campaña para desacreditarla públicamente.

“Hace 4 años, cuando publiqué las primeras exclusivas sobre el caso Ábalos, se montó una operación para desacreditarme y aislarme”, afirmó con rotundidad.

En ese contexto, la periodista señaló directamente al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, a quien atribuye declaraciones especialmente duras contra su trabajo.

Garat recordó un mensaje difundido por el exlíder político en el que calificaba su labor en términos despectivos: “La exclusiva de Ketty Garat es basura y a la gentuza que llama eso periodismo debemos mandarles a la…”.

Estas palabras, según explicó, marcaron el inicio de una escalada de descalificaciones.

La periodista fue más allá al denunciar ataques de carácter personal que, según su testimonio, traspasaron los límites del debate político.

“Pablo Iglesias publica un artículo en el que me acusa de coprofilia, consumir farlopa y de otras tantas cosas cuando publico las primeras exclusivas sobre el caso Ábalos”, aseguró.

Garat calificó estas afirmaciones como especialmente graves, al considerar que buscan dañar su reputación profesional y personal.

A lo largo de su intervención, defendió la veracidad de sus informaciones, subrayando que el paso del tiempo ha confirmado sus publicaciones.

“El tiempo me ha dado la razón”, sostuvo, en referencia a las consecuencias judiciales que han derivado de los hechos investigados.

En ese sentido, reclamó una rectificación pública por parte de Iglesias: “El señor Pablo Iglesias está tardando en pedirme disculpas por esta vomitiva intervención. Esto es una puñetera vergüenza y todos deberían de condenarlo”.

Más allá del enfrentamiento personal, Garat alertó sobre un clima que considera adverso para el ejercicio del periodismo.

Denunció la existencia de presiones indirectas procedentes de entornos políticos vinculados al Partido Socialista Obrero Español, que, según afirmó, le habrían recomendado evitar determinados espacios por motivos de seguridad.

“Se me ha trasladado que no acuda a ciertas sedes porque no podían garantizar mi tranquilidad”, relató, interpretando este hecho como un síntoma preocupante.

La periodista también amplió sus críticas a otros miembros del Ejecutivo, mencionando al actual ministro Óscar Puente.

En su opinión, algunas figuras públicas contribuyen a un ambiente de señalamiento desde las redes sociales.

“Es un mamporrero que señala y propaga discursos de odio”, expresó, en una declaración que añade más tensión al debate político.

Las palabras de Garat reabren una discusión de fondo sobre los límites entre la crítica política y el respeto al trabajo periodístico.

En un entorno cada vez más polarizado, su testimonio plantea interrogantes sobre el uso de las redes sociales por parte de figuras públicas y el impacto de sus mensajes en la percepción de los medios.

El señalamiento de periodistas, la difusión de descalificaciones personales y las presiones indirectas configuran, según la periodista, un escenario que podría afectar la libertad informativa.

A su juicio, estas prácticas no solo dañan a profesionales concretos, sino que también erosionan la confianza en el sistema informativo en su conjunto.

Mientras tanto, las declaraciones han generado una fuerte repercusión en el ámbito político y mediático, situando nuevamente en el centro del debate a Pablo Iglesias y a otros actores señalados.

La controversia, lejos de cerrarse, parece abrir un nuevo capítulo en la relación entre poder político y periodismo en España, con implicaciones que van más allá de un caso individual.