La portavoz de Vox Isabel Pérez Moñino ha acusado públicamente al presentador Javier Ruiz de mentir en directo tras el dictamen de la FAPE que cuestiona una afirmación sobre delitos

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha protagonizado una dura ofensiva contra el periodista y presentador Javier Ruiz tras la publicación de un dictamen de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que cuestiona una de sus afirmaciones emitidas en directo.
El organismo concluyó que el comunicador incurrió en una vulneración del código deontológico al ofrecer un dato inexacto durante una intervención televisiva, lo que ha desencadenado una reacción política inmediata y contundente.
La controversia se originó durante una conexión en directo en la que participaba la propia diputada.
En ese contexto, Javier Ruiz afirmó que “nueve de cada diez violadores son españoles”, una declaración que generó polémica desde el primer momento por su contundencia y por la falta de respaldo estadístico preciso.
Posteriormente, el dictamen de la FAPE consideró que esa afirmación no se ajustaba a los estándares de rigor informativo exigibles, lo que dio pie a una escalada de reproches públicos.

Isabel Pérez Moñino no tardó en responder.
A través de su perfil en la red social X, lanzó un mensaje directo y sin matices contra el presentador de Televisión Española.
“Ese embustero mintió en directo afirmando que nueve de cada diez violadores son españoles”, escribió, en una acusación frontal que marcó el tono del enfrentamiento.
La portavoz no se limitó a cuestionar la veracidad del dato, sino que lo enmarcó en lo que considera una práctica recurrente dentro de determinados medios públicos.
En su denuncia, Pérez Moñino vinculó el episodio con una supuesta estrategia política más amplia.
“Televisión Española actúa como el brazo mediático de un gobierno que necesita lanzar bulos”, afirmó, elevando el conflicto a un plano institucional.
Según su interpretación, la difusión de información incorrecta no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que responde a intereses políticos concretos.
La dirigente de Vox reforzó su postura acompañando su mensaje con un vídeo en el que se desmonta la afirmación del presentador y se recoge la valoración de la FAPE.
En ese material, se subraya la falta de rigor informativo en la intervención televisiva, un elemento que Pérez Moñino utilizó para ampliar su crítica.
“No han pillado solo a un periodista mintiendo, han pillado al sistema”, afirmó con contundencia, insistiendo en que el problema trasciende a la figura individual de Javier Ruiz.

Además, la portavoz insistió en que este tipo de situaciones no son excepcionales.
A su juicio, forman parte de una dinámica habitual en ciertos medios de comunicación, en la que la objetividad queda subordinada a intereses ideológicos.
“Cuando los poderosos meten la mano en los medios, la información deja de ser objetiva”, señaló, en una crítica directa al papel de la televisión pública en el tratamiento de determinados temas sensibles.
En esa misma línea, Pérez Moñino denunció el uso de recursos públicos para lo que considera una labor de propaganda.
“Se trata de propaganda pagada con dinero público”, afirmó, añadiendo que los ciudadanos son plenamente conscientes de este tipo de prácticas.
Su discurso apuntó así a una doble dimensión del problema: por un lado, la veracidad de la información difundida; por otro, la legitimidad del uso de fondos públicos en el ámbito mediático.
La portavoz fue aún más allá al calificar la situación como un problema estructural.
“Esto no va de un periodista, va de una red de poder que necesita mentir para sostenerse”, declaró, situando el conflicto en un contexto más amplio de relaciones entre política y medios de comunicación.
Según su planteamiento, el caso de Javier Ruiz sería solo un ejemplo de una dinámica más profunda que afecta al conjunto del sistema informativo.

El mensaje de Pérez Moñino concluyó con una advertencia clara sobre la línea de actuación de su formación política.
“Vox trabajará para acabar con este modelo”, aseguró, en un cierre que deja entrever la intención de mantener la presión sobre el presentador y sobre la televisión pública.
Asimismo, subrayó el impacto de este tipo de situaciones en la confianza ciudadana.
“Lo realmente radical es que te mientan en directo”, sentenció, reforzando la idea de que el episodio supone un ataque a la credibilidad del medio.
Por el momento, Javier Ruiz no ha respondido públicamente a estas últimas declaraciones, aunque el debate en torno a su intervención continúa generando reacciones tanto en el ámbito político como en el mediático.
La controversia ha reabierto el debate sobre los límites del periodismo en directo, la responsabilidad en la difusión de datos sensibles y el papel de los organismos de autorregulación como la FAPE.
Mientras tanto, el caso sigue creciendo en repercusión, alimentado por la polarización de opiniones y por la utilización del episodio como argumento en el enfrentamiento político.
La combinación de un dictamen deontológico, una acusación directa de manipulación informativa y una respuesta política de alto voltaje ha convertido este episodio en uno de los más comentados del momento, con consecuencias que podrían ir más allá del ámbito mediático y afectar al debate sobre el modelo de comunicación pública en España.

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