Isabel Díaz Ayuso pidió a Yolanda Díaz que se incorpore al PSOE para “terminar de hundirlo”

Madrid – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a situarse en el centro de la polémica tras comentar la retirada de Yolanda Díaz como candidata a las elecciones generales de 2027.

“Lo único que le pido es que se dé prisa por meterse en el PSOE y lo termine de hundir”, afirmó Ayuso en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este miércoles, aludiendo a lo que considera un patrón de conducta de la líder de Sumar.

La presidenta defendió que su pronóstico se ha confirmado y subrayó que Díaz siempre acabaría en el Partido Socialista, sugiriendo que su estilo podría dañar aún más a la formación.

La presidenta también denunció lo que califica de “obsesión” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la Comunidad de Madrid.

“Debe dormir muy mal en las noches, porque todos los días de su vida, en todos los lugares a los que va, aunque sea fuera de España, tiene que mencionarnos e insultarnos”, dijo Ayuso, criticando que el Ejecutivo central instrumentaliza los casos locales para atacar a su administración.

En este contexto, mencionó la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala de Móstoles contra el alcalde Manuel Bautista, afirmando que Sánchez está “detrás de todo esto” porque Bautista había expulsado a los socialistas implicados en el denominado caso ITV.

Ayuso cuestionó la cronología y motivaciones de la denuncia: “Casualmente explotan un caso años más tarde, en mitad de unas elecciones [las de Aragón] y el día que [Francisco] Salazar iba a comparecer en el Senado”, aseguró.

Para la presidenta, estas acciones representan un intento de “reventar de manera antidemocrática a un ayuntamiento que el pueblo de Móstoles ha decidido que sea gobernado por el Partido Popular”.

El alcalde Bautista, por su parte, anunció que no dimitirá y que emprenderá acciones legales contra quienes “mancillen su honor”.

La presidenta madrileña cuestionó además la cobertura de su propio Gobierno sobre el caso, señalando que se hicieron públicas comunicaciones de la exconcejala con su gabinete y datos personales de la denunciante, mientras que el partido ha intentado minimizar el asunto.

“Ni siquiera se sabe qué se le acusa al alcalde”, sentenció Ayuso, reafirmando su postura de defensa del ejecutivo municipal y regional.

El conflicto con el Gobierno central se extiende más allá del caso de Móstoles.

Ayuso criticó la Ley de Vivienda de 2023, rechazada nuevamente por el Tribunal Constitucional, argumentando que estas normas invaden competencias autonómicas y fomentan ocupaciones ilegales.

“Las leyes liberticidas [de la vivienda] han acabado con la construcción en tiempo real como era necesario y ahora buscan culpables, fomentan okupaciones y sobre todo intentan arremeter contra las comunidades autónomas que trabajamos en una dirección contraria”, afirmó la presidenta, mostrando cifras sobre la disminución de oferta de vivienda en alquiler como evidencia de los efectos negativos de la intervención estatal.

Ayuso también cuestionó la reciente publicación de documentos sobre el golpe de Estado del 23-F, interpretándola como una maniobra política del PSOE: “No hay un interés por la transparencia”, declaró, reiterando sus críticas hacia el Ejecutivo central por supuestos pactos con Bildu, falta de información sobre accidentes ferroviarios y apagones, y un presunto intento de redefinir la estructura política de España.

La presidenta y el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, coincidieron en la sesión de control en el Congreso, reprochando al Gobierno que instrumentalice la historia para generar desgaste político.

Feijóo ironizó sobre la narrativa del PSOE: “Si sigue usted así, nos acabará intentando convencer de que el 23-F lo paró usted”, haciendo alusión a la controversia alrededor de la gestión y la comunicación del Ejecutivo sobre hechos históricos.

Entre tensiones políticas, acusaciones cruzadas y la defensa de la autonomía regional, Ayuso reafirma su estrategia de confrontación con el Gobierno central, vinculando cada controversia a un supuesto intento de socavar su administración y la estabilidad del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Su discurso combina críticas a la oposición, defensa de los alcaldes del PP y cuestionamientos sobre la transparencia y motivaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un contexto donde la política nacional y regional se entrelazan y los conflictos locales se proyectan al ámbito estatal, manteniendo a la presidenta en el centro del debate mediático y político.