Nuevos documentos presentados por Omar García Harfuch reabren el análisis sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta al cuestionar la versión del hecho aislado

En una conferencia que ha sacudido el panorama político mexicano, Omar García Harfuch afirmó haber presentado documentos inéditos que, según explicó, apuntan a una posible responsabilidad desde las más altas esferas del poder en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.

De acuerdo con sus declaraciones, el crimen no puede entenderse únicamente como la acción de un individuo aislado, sino como un hecho que, según los archivos analizados, habría contado con una estructura operativa más amplia.

“No fue un error de seguridad ni un acto individual”, sostuvo Harfuch frente a los medios, subrayando que los documentos contienen registros internos, movimientos financieros y comunicaciones que, en su interpretación, delinean una cadena de decisiones políticas.

El asesinato de Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, ha sido durante décadas uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de México.

La versión oficial estableció que Mario Aburto Martínez actuó solo, una conclusión que, aunque respaldada judicialmente, nunca logró cerrar completamente el debate público.

Harfuch señaló que los documentos recientemente revisados incluyen registros de la llamada “partida secreta” de la Presidencia, un fondo utilizado en aquella época sin mecanismos estrictos de rendición de cuentas.

Según explicó, estos registros muestran movimientos financieros en fechas cercanas al atentado que coinciden con cambios en la logística de seguridad del evento donde Colosio fue atacado.

“Lo que encontramos no son coincidencias aisladas, sino patrones que requieren ser investigados con rigor”, afirmó.

El funcionario también hizo referencia al contexto político del momento.

Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, había pronunciado semanas antes un discurso en el que habló de “un México con hambre y sed de justicia”, una frase que marcó distancia respecto al discurso tradicional del sistema político de entonces.

Para algunos analistas, ese posicionamiento representó un punto de inflexión en su relación con el poder establecido.

En este sentido, Harfuch sostuvo que los documentos sugieren que, tras ese discurso, se intensificaron evaluaciones internas sobre el rumbo de la candidatura.

Aunque evitó afirmar categóricamente una orden directa, sí señaló que “los archivos muestran decisiones que no pueden interpretarse como simples ajustes administrativos”.

Uno de los aspectos más delicados de la presentación fue la mención de una posible cadena de mando que, según los registros, involucraría a estructuras de seguridad cercanas al poder presidencial de la época.

En ese contexto, el nombre de Carlos Salinas de Gortari aparece en los documentos como figura central dentro de las decisiones políticas del periodo, aunque cualquier implicación legal dependería de procesos judiciales posteriores.

Asimismo, se mencionaron reuniones realizadas en los días posteriores al asesinato, en las que se definió la sustitución del candidato presidencial por Ernesto Zedillo Ponce de León.

Harfuch indicó que algunos registros sugieren que dicha posibilidad ya estaba contemplada antes del atentado, lo que añade un nuevo elemento al análisis histórico del caso.

Sin embargo, también aclaró que los documentos no establecen que Zedillo tuviera conocimiento previo de los hechos.

El impacto de estas revelaciones trasciende el ámbito político.

Durante más de tres décadas, el caso Colosio ha sido un símbolo de impunidad y desconfianza institucional en México.

La ausencia de una explicación definitiva alimentó teorías, investigaciones independientes y reclamos de justicia por parte de la sociedad y de la propia familia del candidato.

Harfuch enfatizó que la presentación de estos documentos no constituye una sentencia, sino el inicio de un proceso que podría derivar en nuevas investigaciones formales.

“La diferencia ahora es que existen archivos con cadena de custodia y elementos verificables que pueden ser evaluados por las autoridades competentes”, señaló.

El desafío, sin embargo, es complejo.

Factores como la prescripción de delitos, la validación jurídica de los documentos y la voluntad institucional para avanzar en el caso serán determinantes en los próximos meses.

A ello se suma el peso político de un expediente que involucra a figuras clave de la historia reciente del país.

Más allá de las implicaciones legales, el anuncio ha reavivado una discusión que parecía estancada.

El asesinato de Colosio no solo truncó una candidatura presidencial, sino que dejó una huella profunda en la percepción pública sobre el sistema político mexicano.

“Lo que estamos viendo hoy no es el cierre de una historia, sino la posibilidad de entenderla con mayor claridad”, concluyó Harfuch, dejando abierta una etapa que podría redefinir uno de los capítulos más sensibles de la memoria colectiva nacional.