Ocho propiedades de Karina Barrón fueron cateadas en una operación del Estado mexicano

La madrugada del miércoles 25 de marzo de 2026, el Estado mexicano llevó a cabo una operación histórica contra el crimen organizado, desmantelando una red de corrupción política vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En esta operación, las fuerzas federales catearon ocho propiedades de la diputada federal Karina Barrón Perales, quien había sido la figura clave que protegió y respaldó al CJNG dentro del Congreso de la Unión.

En una de las propiedades de lujo de Guadalajara, se descubrió una bóveda secreta en el sótano que contenía millones de pesos en efectivo, lingotes de oro, joyas y documentos que probaban la conexión directa de Barrón con el cártel.

La diputada no solo era una legisladora más dentro del sistema, sino que se convirtió en el escudo legal del CJNG.

Los documentos encontrados confirmaron que Barrón había trabajado durante años para garantizar la protección política de la organización criminal, facilitando el lavado de dinero a través de contratos públicos.

Las evidencias que surgieron durante la madrugada no solo son una pieza clave en la lucha contra el narcotráfico, sino también una radiografía detallada de cómo el crimen organizado infiltra las instituciones gubernamentales.

“Lo que encontramos en esa bóveda no tiene precedentes en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado en México”, afirmó García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Este operativo no solo cierra el círculo de la protección política al CJNG, sino que desmantela por completo una red de corrupción institucional”, agregó el funcionario, quien destacó la importancia de las pruebas recolectadas.

En las ocho propiedades de Barrón, que se encontraban en Guadalajara y Monterrey, se hallaron detalles alarmantes sobre cómo el CJNG operaba desde adentro del sistema legislativo.

La documentación encontrada evidenció transferencias directas desde el cártel a cuentas asociadas a la diputada, y las actas de reunión mostraban que Barrón coordinaba con mandos del cártel para proteger sus operaciones en los estados de Jalisco y Nuevo León.

La información revelada sobre estos pagos mensuales a funcionarios de dependencias de contratación pública fue crucial para desmantelar la estructura de apoyo político que el CJNG había construido a lo largo de los años.

“El CJNG no solo ha sobrevivido gracias a su capacidad armada, sino porque tiene un respaldo dentro del sistema, un respaldo que hemos comenzado a eliminar, pieza por pieza”, destacó Harfuch, resaltando la importancia de la operación.

La red que protegía al cártel no solo estaba formada por individuos del bajo nivel político, sino que alcanzaba hasta las esferas más altas, como lo demuestra la vinculación de Barrón con funcionarios clave del gobierno.

La operación, que incluyó el uso de drones térmicos, ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional y fuerzas especiales de la Guardia Nacional, permitió asegurar todas las propiedades de Barrón antes de que cualquier evidencia pudiera ser retirada o destruida.

A medida que los agentes de la Fiscalía General de la República ingresaron a las propiedades, la magnitud de lo encontrado dejó claro que la diputada había estado operando dentro de una estructura de lavado de dinero bien organizada, utilizando propiedades de lujo, ranchos y oficinas fachada para ocultar los recursos del cártel.

“Lo que se ha encontrado aquí, en términos de evidencia, cambia el rumbo de la investigación”, comentó uno de los peritos de la Fiscalía, mientras realizaba el conteo de los fondos encontrados.

“Nunca antes habíamos tenido acceso a documentación tan detallada que vincula directamente a un funcionario de alto nivel con el crimen organizado”, añadió.

La caída de Karina Barrón no solo es un golpe directo al CJNG, sino que también envía un mensaje claro de que el gobierno mexicano está decidido a erradicar la corrupción política que permite el crecimiento y la protección de los carteles de droga en el país.

La operación de la madrugada del 25 de marzo de 2026 marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México, pero la pregunta persiste: ¿cuántas más redes como la de Barrón siguen operando en las sombras de la política mexicana?