Un operativo realizado el 11 de abril de 2026 en una residencia de Cuernavaca permitió descubrir un sótano oculto con los restos de 12 colaboradores cercanos a José Francisco Ruiz Massieu desaparecidos desde 1994

Cuernavaca, Morelos.— En la madrugada del sábado 11 de abril de 2026, un operativo de fuerzas especiales se desplegó de manera sigilosa en las afueras de Cuernavaca.

Sin luces ni sirenas, el convoy avanzó por una carretera secundaria hasta una residencia que durante más de 30 años había permanecido bajo custodia discreta.

La intervención, resultado de meses de trabajo de inteligencia, derivó en un hallazgo que podría modificar de forma significativa la narrativa histórica en torno al asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

La propiedad, vinculada al exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aparentaba estar deshabitada, aunque contaba con vigilancia privada encargada de su mantenimiento.

Tras asegurar el perímetro y sin enfrentar resistencia significativa, los elementos ingresaron al inmueble.

En su interior, encontraron muebles cubiertos, documentos antiguos y objetos personales intactos, como si el tiempo se hubiera detenido.

Sin embargo, el descubrimiento más relevante se encontraba oculto.

Detrás de una puerta camuflada en una pared, se hallaba el acceso a un sótano sellado con un sistema de seguridad sofisticado.

Peritos tardaron aproximadamente 40 minutos en abrirlo.

Al ingresar, el equipo forense confirmó la presencia de restos humanos.

En total, se localizaron los cuerpos de 12 personas, todos con indicios de ejecución por arma de fuego y, en varios casos, señales de tortura previa.

Las primeras investigaciones indican que las víctimas eran colaboradores cercanos de Ruiz Massieu, quienes desaparecieron en las semanas posteriores a su asesinato en 1994.

Según registros de inteligencia y testimonios recientes, estas personas tenían acceso a información sensible relacionada con estructuras de poder y posibles irregularidades dentro del gobierno de la época, encabezado por Carlos Salinas de Gortari.

El asesinato de Ruiz Massieu, ocurrido el 28 de septiembre de 1994 frente a un hotel en la Ciudad de México, fue en su momento atribuido a un autor material, mientras que Raúl Salinas de Gortari fue señalado como autor intelectual.

Sin embargo, múltiples interrogantes quedaron sin resolver, incluyendo la desaparición de varios de sus colaboradores, ahora presuntamente identificados entre los restos encontrados en el sótano.

Además de los cuerpos, el operativo permitió recuperar documentos almacenados en condiciones que favorecieron su conservación.

Entre ellos se incluyen memorandos, listas de nombres, correspondencia interna y registros financieros que no figuraban en investigaciones oficiales previas.

Estos documentos, actualmente en análisis por la Fiscalía General de la República, podrían aportar evidencia relevante sobre decisiones tomadas en los niveles más altos del poder político durante la década de 1990.

La propiedad en cuestión mantenía un estatus legal irregular desde hace décadas, sin un propietario claramente identificado.

Este hecho, junto con testimonios de exfuncionarios y registros administrativos, sugiere que existió una estrategia deliberada para evitar que el inmueble fuera investigado.

Asimismo, se encontraron indicios de pagos realizados a lo largo de los años para garantizar que la propiedad permaneciera fuera del escrutinio de las autoridades.

Durante el operativo, fueron detenidas cinco personas: dos vigilantes del inmueble y tres individuos vinculados a la estructura jurídica que administraba la propiedad.

Aunque no se consideran responsables directos de los hechos ocurridos en los años noventa, su testimonio podría ser clave para reconstruir la cadena de decisiones que permitió el encubrimiento durante más de tres décadas.

El análisis preliminar también reveló que al menos algunos de los colaboradores de Ruiz Massieu intentaron, antes de su desaparición, contactar a autoridades o activar mecanismos de denuncia sobre irregularidades que habían detectado.

Sin embargo, dichas iniciativas no prosperaron, lo que refuerza la hipótesis de un sistema institucional que en ese momento no garantizaba canales efectivos de protección.

El hallazgo ha tenido un impacto profundo no solo en el ámbito judicial, sino también en las familias de las víctimas, quienes durante más de 30 años vivieron en la incertidumbre.

La identificación de los restos permitirá avanzar en procesos de reconocimiento y cierre, así como en eventuales acciones legales.

El caso también plantea interrogantes sobre la actuación de diversas instituciones a lo largo del tiempo.

A pesar de que la existencia de la propiedad era conocida en ciertos círculos administrativos, ninguna autoridad había iniciado una investigación formal hasta ahora.

Las indagatorias actuales buscan determinar si hubo omisiones deliberadas o actos de corrupción que facilitaron el encubrimiento.

Las autoridades han señalado que este hallazgo representa un punto de inflexión en la investigación de uno de los crímenes políticos más relevantes en la historia reciente de México.

El proceso de análisis de los documentos y evidencias continuará en las próximas semanas, con el objetivo de establecer responsabilidades y esclarecer los hechos en su totalidad.

A más de tres décadas del asesinato de Ruiz Massieu, el descubrimiento en Cuernavaca reabre un capítulo que se consideraba cerrado.

La magnitud de lo encontrado sugiere que aún existen elementos por descubrir y que la reconstrucción de los hechos podría extenderse más allá de lo que hasta ahora se había documentado.