Más de 100 personas fueron detenidas en el Estado de México tras el desmantelamiento de una red de extorsión y fraude operando desde call centers y oficinas fachada

En un operativo sin precedentes que duró 46 días, autoridades federales y estatales desarticularon una compleja red criminal que operaba desde call centers fraudulentos y esquemas de préstamo “gota a gota”, arrestando a 102 personas y asegurando 192 inmuebles utilizados para extorsión, fraude y suplantación de instituciones financieras en el Estado de México.

En las instalaciones intervenidas se encontraron servidores, más de 3 300 computadoras, 404 teléfonos y más de 3 000 chips, así como armas, drogas y abundante información personal de víctimas utilizada para manipular y coaccionar pagos o transferencias bancarias.

La operación, coordinada en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desmanteló 67 centros que funcionaban como call centers ilegales, además de cinco centrales de préstamo y 14 puntos de venta de estupefacientes vinculados al esquema criminal.

Las investigaciones revelaron que estas estructuras operaban desde múltiples municipios de la zona metropolitana del Valle de México como Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, contactando a víctimas mediante llamadas telefónicas, mensajes y páginas web clonadas para suplantar bancos, ofrecer premios falsos o simular actividades bancarias con el objetivo de obtener datos personales y coaccionar pagos bajo amenazas psicológicas o intimidación.

En la intervención de los inmuebles, agentes encontraron manuales, guiones de llamadas y bases de datos con información de potenciales víctimas, evidencia de la sofisticación con la que operaba la red para sembrar miedo y controlar a quienes caían en sus engaños.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos mexicanos, colombianos, venezolanos y cubanos, de los cuales una parte ya fue vinculada a proceso y permanece en prisión preventiva.

Las autoridades detallaron que la estrategia no solo buscó frenar las extorsiones telefónicas, sino también desarticular los mecanismos financieros que permitían la operación criminal a gran escala.

Uno de los fiscales implicados en el caso señaló que estas redes también estaban vinculadas a delitos como el robo de identidad y el lavado de dinero, lo que complicaba aún más su persecución.

De acuerdo con fuentes oficiales, entre julio de 2025 y marzo de 2026 se presentaron más de mil denuncias por extorsión en el Estado de México, de las cuales el 62 % se cometieron por medios no presenciales, lo que evidenció la necesidad de operar contra estos centros que funcionaban con apariencia de empresas legales.

En las oficinas intervenidas, los agentes hallaron listas con datos personales, identificaciones oficiales, recibos y dispositivos electrónicos con registros de las comunicaciones telefónicas realizadas a potenciales víctimas.

Algunos operadores fueron sorprendidos trabajando frente a sus computadoras cuando irrumpieron los equipos de seguridad, mientras intentaban borrar archivos o bloquear sistemas de almacenamiento de información.

Las investigaciones las coordinó un amplio despliegue entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y organismos federales, quienes trabajaron en conjunto para asegurar cada inmueble y preservar evidencia crucial para futuros procesos judiciales.

El despliegue también permitió cerrar puntos de venta de drogas y giros negros que, según las autoridades, estaban vinculados a las operaciones financieras de estas redes de extorsión, lo que sugiere que los ingresos ilegales obtenidos no solo provenían de llamadas fraudulentas o préstamos abusivos, sino también de actividades delictivas diversas.

En un comunicado, las fuerzas de seguridad enfatizaron que este tipo de estructuras criminales operaban con métodos elaborados, utilizando guiones diseñados para sembrar alarma entre las víctimas, suplantación de identidad y suplantación de instituciones legalmente reconocidas, lo que aumentaba el nivel de confianza aparente de quien respondía a las llamadas.

La estrategia también incluyó el aseguramiento de inmuebles que, a simple vista, parecían negocios legítimos, rentados con letreros comunes y oficinas abiertas al público, pero que eran fachada para la coordinación de extorsiones telefónicas y coerción de pagos mediante amenazas, lo que dificultaba su detección por parte de las víctimas y las autoridades por largo tiempo.

Entre los detenidos, muchos quedaron en manos de las autoridades migratorias para definir su situación legal, dado que la operación incluyó una cantidad significativa de extranjeros implicados en actividades delictivas.

Incluso, se confirmó que el modus operandi de estas organizaciones incluía suplantación de entidades bancarias, pagos de premios falsos y contacto con víctimas mediante diversas plataformas digitales, creando una red de intimidación con alcance nacional.

La detención de estos 102 presuntos criminales y el aseguramiento de casi dos centenares de propiedades representan uno de los golpes más contundentes contra las redes de extorsión indirecta en el país, que durante meses operaron con impunidad desde oficinas clandestinas camufladas como negocios legales.

Este resultado marca un hito en la estrategia de combate a la extorsión y el fraude, en una región donde las denuncias por estos delitos venían en aumento constante.

Las autoridades advirtieron que la investigación continúa y que se buscan identificar a otras personas vinculadas a estas estructuras criminales, así como posibles conexiones con delitos de mayor impacto que hayan trascendido las fronteras del Estado de México.

El resultado de “Operación Desconexión” representa un parteaguas en la lucha contra la extorsión telefónica y el fraude organizado en el país.