Operativo conjunto en Perú desarticula a la red “Los Kilates” señalada de exportar más de 1.150 kilos de oro ilegal valorados en más de 70 millones de dólares hacia mercados internacionales

En una operación coordinada entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, las autoridades lograron desarticular a la organización criminal conocida como “Los Kilates”, señalada de haber movido más de una tonelada de oro de origen ilegal hacia mercados internacionales, con una valorización superior a los 70 millones de dólares.

El operativo se ejecutó tras una investigación que se extendió desde 2024 y que permitió identificar una compleja red de empresas fachada, operadores financieros y presuntos líderes vinculados al lavado de activos provenientes de la minería ilegal.

El despliegue policial se realizó en las primeras horas de la madrugada en un condominio del distrito de Surquillo, en Lima, donde se encontraba el principal investigado.

“Señor, somos la policía con la fiscalía. Abra su puerta, por favor”, se escuchó en el momento de la intervención.

Ante la falta de respuesta inmediata, los agentes advirtieron: “Si usted no abre en 30 segundos, vamos a proceder a decerrar la puerta”.

Minutos después, el ingreso forzado permitió la detención del presunto cabecilla de la red.

De acuerdo con la investigación fiscal, el principal implicado sería Eric Cuaresma Azarte, de 37 años, originario de Apurímac, identificado como el supuesto líder de la organización.

Según el fiscal provincial a cargo del caso, “tenemos una imputación contra usted por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal.

Se le acusa de ser líder de la organización criminal denominada Los Kilates, que exporta oro ilegal hacia el exterior”.

Las autoridades detallaron que la red habría utilizado al menos nueve empresas de fachada para simular operaciones de explotación y comercialización minera.

Estas compañías, registradas formalmente en el sistema peruano de formalización minera conocido como REINFO, habrían servido como cobertura legal para el envío de oro hacia destinos como Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong e India.

Según los investigadores, este sistema permitió durante años la circulación de grandes volúmenes de mineral sin levantar sospechas inmediatas en los controles aduaneros.

El oro era trasladado en forma de lingotes altamente valuados, con unidades que alcanzaban entre 500.000 y 600.000 dólares cada una, según estimaciones de peritos especializados.

Parte del esquema consistía en el ingreso de grandes sumas de dinero en efectivo en mochilas, que posteriormente eran canalizadas a través de entidades bancarias.

Un investigador explicó que “el dinero llegaba en mochilas, se ingresaba al banco y luego desaparecía la trazabilidad en la salida, donde ya no se podía vincular directamente con el origen del oro”.

Las pesquisas también revelaron la participación de otros presuntos integrantes, entre ellos Geraldine Elizabeth Flores Romucho, de 28 años, y Yesenia Irma Kuno Oscaya, también de 28, quienes habrían tenido roles clave dentro del circuito de exportación y documentación comercial.

Ambas jóvenes proyectaban en redes sociales una imagen de vida académica y profesional, con estudios, participación en eventos universitarios y actividades sociales, lo que, según los investigadores, formaba parte de una estrategia para evitar sospechas sobre sus actividades reales.

En el caso de Flores Romucho, las autoridades sostienen que habría estado vinculada a operaciones de exportación de oro por valores superiores a los 2 millones de dólares, mientras que la empresa asociada a Kuno Oscaya habría canalizado más de 1,6 millones de dólares en envíos de mineral hacia el extranjero.

Durante el operativo también se identificó la presunta participación de Godofredo Kuno Puma, padre de una de las investigadas, quien habría formado parte de la estructura organizativa de la red.

Según la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, la organización operaba desde 2022 mediante una estructura jerárquica con funciones claramente definidas, donde el liderazgo central coordinaba la creación de empresas, la documentación falsa y la exportación del mineral.

En paralelo, los investigadores señalaron que el esquema incluía la intervención de asesores y operadores técnicos encargados de verificar la calidad del oro antes de su exportación.

En el inmueble intervenido se realizaban análisis del metal y se coordinaban envíos internacionales.

Uno de los técnicos identificados, de nacionalidad extranjera, logró escapar durante el operativo, según confirmaron fuentes policiales.

El fiscal provincial a cargo del caso enfatizó la magnitud del hallazgo al señalar: “Estas empresas han exportado aproximadamente 1.

150 kilos de oro, lo que representa más de 70 millones de dólares en el mercado internacional”.

La cifra refleja el impacto económico de una red que, según las autoridades, operaba bajo apariencia de legalidad gracias a su inscripción en registros oficiales.

La intervención se desarrolló en un ambiente de alta tensión, con múltiples ingresos simultáneos a los domicilios y oficinas vinculadas a la organización.

Los agentes aseguraron distintos ambientes del inmueble mientras el fiscal procedía con la lectura de cargos.

“Tenemos una orden de detención contra usted y una orden de allanamiento”, se indicó durante la diligencia, formalizando así la captura del principal investigado.

Las autoridades peruanas han advertido que la minería ilegal no solo genera graves daños ambientales, sino que también alimenta estructuras criminales dedicadas al lavado de dinero, la trata de personas y otras actividades ilícitas.

En este caso, la red habría utilizado la apariencia de formalidad empresarial para insertarse en mercados internacionales sin levantar alertas inmediatas.

El caso de “Los Kilates” se suma a una serie de investigaciones recientes sobre el tráfico de oro ilegal en el país, un problema que ha crecido en paralelo al aumento del precio internacional del metal y la expansión de la minería informal en diversas regiones andinas y amazónicas.

Mientras continúan las diligencias fiscales, las autoridades no descartan nuevas detenciones ni la ampliación de la investigación a otros posibles integrantes de la red.

El expediente judicial sigue en desarrollo, en lo que ya se considera uno de los golpes más importantes del año contra el crimen organizado vinculado a la minería ilegal en el Perú.