La filtración de un informe forense oficial en el caso de la pequeña Alma ha desatado una gran polémica al señalar que su derrame cerebral es compatible con un escenario de zarandeo violento

El proceso de instrucción judicial en torno a las causas que provocaron el ingreso hospitalario de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ha tomado un rumbo de máxima complejidad tras la reciente filtración de las conclusiones elaboradas por la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

El documento médico-legal ha salido a la luz pública generando un intenso debate en las mesas de crónica social y jurídica, abriendo una profunda brecha entre quienes critican la lentitud del sistema judicial y aquellos que defienden la necesidad de proteger la integridad del menor mediante un análisis clínico exhaustivo que descarte secuelas a largo plazo.

Los hechos bajo investigación se remontan a casi un año y medio atrás, cuando la recién nacida tuvo que ser ingresada de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica de un hospital grancanario afectada por un derrame cerebral severo que puso en riesgo su vida.

Desde entonces, el juzgado competente ha intentado dirimir si las lesiones craneales presentadas por la menor responden a un accidente doméstico, a patologías previas o si, por el contrario, son compatibles con el síndrome del bebé sacudido derivado de un presunto maltrato infantil.

El nuevo informe forense añade una enorme presión sobre el caso al apuntar de forma explícita que la sintomatología clínica observada en la menor muestra una compatibilidad directa con un escenario de zarandeo violento, contradiciendo la versión de un percance fortuito.

Frente a estas conclusiones forenses oficiales, la defensa de David Rodríguez —quien ejerce profesionalmente como fisioterapeuta— mantiene una postura de absoluta inocencia y ha aportado al juzgado un contraperitaje médico exhaustivo firmado por un equipo de doctores y especialistas de prestigio.

La estrategia legal de Rodríguez sostiene que las maniobras físicas realizadas sobre el cuerpo de la menor no tuvieron una naturaleza lesiva ni intencional, sino que respondieron a un intento desesperado de reanimación cardiopulmonar ante una crisis de ahogo y cianosis que sufría la niña en ese instante, cuando empezó a tornarse morada en el domicilio familiar.

Asimismo, los informes de la defensa argumentan que el daño cerebral detectado pudo haberse producido en una ventana temporal previa de entre 24 y 72 horas antes de la intervención del padre, diluyendo la responsabilidad directa de las maniobras de auxilio cuestionadas.

La polémica se ha agravado notablemente debido a la inclusión de aspectos estrictamente personales y de la vida privada de los progenitores dentro del informe psicológico adosado a la causa, destacando la revelación de presuntas infidelidades conyugales que habrían tenido lugar en las fechas cercanas al suceso.

Mientras que diversos analistas jurídicos consideran que estos datos íntimos carecen de valor probatorio y su filtración a cabeceras como Canarias 7 solo busca el escarnio público de los adultos, otros expertos defienden que el entorno emocional y el estado de tensión psicológica de los padres resultan indispensables para que la jueza evalúe si existieron motivaciones de violencia vicaria o frustraciones proyectadas sobre la menor.

La revelación de que el investigado sufría episodios crónicos de insomnio por problemas de convivencia familiar ha quedado expuesta como parte del complejo entramado de la instrucción.

La dilatación del proceso judicial, que ya supera los diecisiete meses sin una resolución definitiva de archivo o de apertura de juicio oral, ha provocado duras críticas hacia los tiempos de la administración de justicia.

Sectores de la opinión pública y tertulianos radiofónicos denuncian un supuesto trato de favor hacia el clan Pantoja, sugiriendo que cualquier otra familia anónima habría perdido la tutela cautelar de la menor a manos de los servicios sociales ante indicios clínicos de tal gravedad.

No obstante, pediatras y peritos forenses recuerdan que evaluar las secuelas neurológicas reales en un lactante es un proceso biológico que requiere años de seguimiento continuo, dado que los problemas en el habla, los trastornos del aprendizaje o las dificultades en la lectoescritura solo dan la cara de forma evidente cuando el menor alcanza la madurez cognitiva entre los seis y los siete años de edad.

El cruce de informaciones y la ruptura del secreto de sumario han transformado un drama estrictamente médico y familiar en un juicio mediático paralelo de consecuencias imprevisibles.

Mientras el entorno de Anabel Pantoja guarda un hermético silencio para salvaguardar la privacidad de la pequeña Alma, la defensa de David Rodríguez agota los recursos legales para impugnar la validez del informe forense de Las Palmas, insistiendo en que las filtraciones parciales sesgan la realidad del caso.

La resolución final queda ahora supeditada a las próximas diligencias que ordene la jueza instructora, quien deberá determinar si las pruebas científicas aportadas son suficientes para sostener una acusación formal por lesiones graves o si la causa debe cerrarse bajo la consideración de un trágico accidente de salud infantil.