Las Fuerzas Armadas intensifican los operativos en Sinaloa tras la salida del gobernador Rubén Rocha Moya mediante el despliegue de más de trece mil elementos divididos en tres ejes estratégicos de seguridad

El escenario de seguridad pública y gobernabilidad en el estado de Sinaloa ha entrado en una fase de profunda reestructuración tras la salida de Rubén Rocha Moya de la gubernatura, lo que ha motivado una intensificación inmediata de los operativos de las Fuerzas Armadas bajo un esquema de tres ejes estratégicos diseñado por el gabinete de seguridad federal.

Esta nueva planificación militar distribuye las tareas en la Operación Sable, destinada a garantizar la seguridad perimetral y la protección directa de la ciudadanía en zonas urbanas y rurales; la Operación Chipagua, ejecutada por unidades de fuerzas especiales orientadas de forma exclusiva a la localización y neutralización de objetivos prioritarios generadores de violencia; y la Fuerza de Tarea Alacrán, una operación de alta especialización integrada por paracaidistas experimentados y elementos de la Secretaría de Marina encargada de la detección, localización e inhabilitación de infraestructuras clandestinas de producción de estupefacientes.

El reforzamiento de la presencia militar en territorio sinaloense ha alcanzado una cifra superior a los trece mil elementos operativos apoyados por aeronaves y vehículos tácticos, buscando consolidar una coordinación estrecha con la gobernadora interina Geraldine Bonilla en un contexto de alta tensión institucional derivado de las denuncias presentadas por agencias gubernamentales de los Estados Unidos contra diez exfuncionarios públicos de la administración local.

En el marco operativo de la Fuerza de Tarea Alacrán, las autoridades federales asestaron un golpe simultáneo a las estructuras financieras de los carteles de la droga mediante el desmantelamiento de cinco laboratorios clandestinos de metanfetamina ubicados en los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, generando una afectación económica estimada en más de seiscientos cincuenta millones de pesos.

Tres de estas intervenciones se concentraron en el municipio de Culiacán, específicamente en las inmediaciones de los poblados de Corralejo y Corral Viejo, donde el personal naval incautó toneladas de sustancias químicas de uso dual, sosa cáustica, precursores líquidos, ácido acético y ácido tartárico, además de instrumental especializado para el procesamiento de drogas sintéticas.

Paralelamente, las investigaciones de inteligencia militar permitieron la localización de un narcolaboratorio en la localidad de El Capomo, en el estado de Nayarit, el cual fue vinculado directamente por las autoridades federales a la célula delictiva liderada por Audias Flores Silva, alias el Jardinero, un operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación cuyo proceso de extradición se encuentra temporalmente suspendido por recursos de amparo.

El quinto aseguramiento se registró en la comunidad de El Saujillo, en el estado de Jalisco, mediante un despliegue aéreo que permitió neutralizar precursores químicos y producto terminado antes de su distribución en el mercado ilegal.

Más allá de las acciones de interdicción en los campos de producción, la coyuntura de seguridad se entrelaza con una serie de ajustes en los mandos militares locales, destacando la designación del general Julio César Isla Sánchez como nuevo comandante de la novena zona militar con sede en Culiacán, en sustitución del general Santos Gerardo Soto.

Este relevo resulta estratégico debido a la amplia experiencia del nuevo mando en la contención de organizaciones criminales en el estado de Jalisco, perfil que se considera clave ante la persistente violencia urbana en la capital sinaloense, manifestada recientemente en ataques directos a inmuebles residenciales en los fraccionamientos Los Girasoles y Los Almendros, así como en agresiones armadas en zonas comerciales como la plaza Forum Culiacán.

En el plano de las detenciones de alto impacto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la captura de perfiles relevantes como José Antonio, alias Titán o El Mamado, señalado como presunto cabecilla del Cártel del Noreste, en medio de un debate jurídico por la liberación de tres de sus acompañantes dictaminada por una jueza federal.

Finalmente, el entorno político se mantiene bajo el escrutinio público tras el congelamiento de cuentas bancarias realizado de forma preventiva por la Unidad de Inteligencia Financiera contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y tres de sus hijos, una medida derivada de las alertas emitidas por instituciones bancarias con corresponsalía en Estados Unidos debido a las órdenes de aprehensión vigentes en dicho país.

Ante la entrega voluntaria del exsecretario de seguridad estatal, Gerardo Mérida Sánchez, a las autoridades estadounidenses, la gobernadora Geraldine Bonilla precisó que dicho nombramiento fue en su momento una determinación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional, deslindando la responsabilidad del ejecutivo local.

Mientras tanto, en la capital del país, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la colaboración de exfuncionarios mexicanos con agencias extranjeras ponga en riesgo la soberanía o la integridad del gobierno federal, reiterando en sus intervenciones públicas que ningún servidor público implicado en actos de deshonestidad podrá ampararse bajo el discurso del movimiento de transformación, en vísperas de recibir a delegados de alto nivel de la Casa Blanca para revisar los acuerdos bilaterales de seguridad y control de drogas.