Tres policías de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal resultaron heridos tras una emboscada en un camino entre Hidalgo y Sinaloa en Jiquipilas, Chiapas

Jiquipilas, Chiapas — Una tarde de tensión y fuego cruzado se vivió el miércoles primero de abril en un tramo rural que conecta las comunidades de Hidalgo y Sinaloa, cuando un grupo de civiles armados atacó a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal que patrullaban la zona, dejando como saldo al menos tres oficiales lesionados por disparos de arma de fuego.

Los uniformados, que forman parte de un cuerpo especializado creado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas para responder con rapidez a incidentes violentos, fueron evacuados de urgencia en un helicóptero artillado hacia la capital del estado para recibir atención médica, según reportes oficiales y versiones de testigos presenciales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado detallado con nombres ni el estado de salud actualizado de los agentes heridos, aunque el despliegue de seguridad en la región permanece elevado para evitar nuevos incidentes.

Testimonios locales y un video que circuló en redes sociales horas antes del ataque han generado especulación y rumores no confirmados sobre posibles nexos entre la corporación policial y grupos del crimen organizado, específicamente con facciones ligadas a disputas territoriales en la región.

En la grabación, un hombre identificado como Juan David Núñez Hernández —que se presenta como miembro de un grupo armado— afirma en tono de confesión:

“Por el comandante Anillón de los Pacales y el comandante Cepeda… nos dijeron que nos pusiéramos a trabajar lo más antes posible, agarrando tienda, cobrando piso”.

Sus palabras, difundidas sin verificación oficial, vinculan supuestamente a elementos policiacos con actividades delictivas como el cobro de protección y la venta de sustancias ilícitas, una acusación que las autoridades han rechazado categóricamente por carecer de pruebas confirmadas.

En el video, el mismo interlocutor asegura que los grupos armados operan en municipios como Berriozábal, Tonalá y Cintalapa, patrullando “tranquilamente con los Pakales” y afirma: “Esta plaza es y seguirá siendo de nosotros y la defenderemos a como dé lugar”.

Este tipo de declaraciones ha encendido alerta social y preocupación ciudadana, pues sugiere una posible infiltración del crimen organizado en estructuras de seguridad pública, aunque hasta ahora no existe evidencia oficial que confirme la autenticidad completa del material ni la veracidad de esas atribuciones.

El suceso en Jiquipilas se produce en un contexto de creciente violencia y disputas armadas en varias zonas de Chiapas, donde en ocasiones anteriores se han reportado enfrentamientos entre grupos civiles armados y fuerzas de seguridad, así como bloqueos de carreteras y operativos prolongados en municipios como Cintalapa, Arriaga y Villaflores, debido a enfrentamientos por el control de rutas de trasiego y territorios ante la presencia de organizaciones delictivas.

En octubre de 2025, las autoridades desplegaron un operativo tras narcobloqueos y quema de vehículos en distintos tramos carreteros de la región, lo que evidenció la persistencia de este tipo de violencia organizada en la entidad.

La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal fue creada por el gobierno estatal como un cuerpo táctico especializado para responder con rapidez a actos violentos y disminuir los índices de criminalidad en zonas conflictivas, sin embargo, casos de señalamientos en redes sociales y versiones cruzadas en comunidades han generado desconfianza entre la población y han llevado a las autoridades a reiterar su compromiso con la transparencia y la depuración institucional.

Hasta ahora, no se ha presentado evidencia judicial que relacione de manera directa a los elementos heridos con actividades delictivas, y la investigación del ataque continúa bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Habitantes de la zona de Jiquipilas describieron el momento de la agresión como “repentino y violento”, con ráfagas de arma de fuego que obligaron a muchos a buscar refugio en casas y entre la maleza para protegerse de los proyectiles.

La presencia del helicóptero artillado, utilizado para trasladar a los oficiales heridos, también fue vista por residentes como un signo de la gravedad de los hechos y del nivel de riesgo al que se enfrentan las fuerzas de seguridad en algunas regiones rurales del estado.

La situación ha reforzado la percepción de que la violencia armada y la inseguridad no son exclusivas de las grandes ciudades, sino que se extienden a comunidades más pequeñas donde las rutas de tránsito y los caminos rurales son susceptibles a emboscadas y ataques sorpresa.

Mientras la Fiscalía y las autoridades estatales continúan con las investigaciones del atentado en Jiquipilas, se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre los resultados de peritajes, la existencia de casquillos y armas utilizadas en el ataque, así como la posible identificación de los responsables civiles armados.

Los líderes comunitarios han llamado a la tranquilidad, pero también han exigido una respuesta firme y transparente por parte del Estado para garantizar la seguridad de los pobladores y la integridad de quienes integran los cuerpos policiales.

El choque en Jiquipilas pone de manifiesto los retos persistentes en materia de seguridad pública en Chiapas y la complejidad de separar hechos probados de rumores virales en redes, especialmente cuando se combinan con narrativas extraoficiales que circulan sin verificación.

Las autoridades han hecho un llamado a no sacar conclusiones precipitadas hasta que las investigaciones oficiales arrojen resultados claros sobre lo ocurrido, reiterando que toda acusación de complicidad debe estar respaldada por pruebas jurídicas fehacientes antes de ser considerada como un hecho comprobado.