El juez rompe el cortafuegos de Moncloa tras implicar a Antonio Hernando en la trama de Ferraz
Se reunió en Ferraz con la ‘fontanera’ cuando pertenecía al Gabinete de Pedro Sánchez en Presidencia del Gobierno
MADRID Actualizado: 2 de junio de 2026
La estrategia diseñada de forma conjunta por el Palacio de la Moncloa y la sede central del PSOE para aislar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las ramificaciones judiciales de las denominadas «cloacas del partido» ha sufrido un serio revés.
El levantamiento parcial del secreto de sumario acordado por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha hecho saltar por los aires las defensas socialistas al situar en el epicentro de las pesquisas a una figura clave del núcleo duro presidencial: Antonio Hernando.
Hasta la fecha, la dirección del partido y el entorno del jefe del Ejecutivo habían procurado erigir un muro de contención alrededor del exsecretario de Organización, Santos Cerdán.
«Esto eran cosas de Santos; el presidente no tiene nada que ver», repetían de forma monocorde diversas fuentes gubernamentales para encapsular las responsabilidades.
Sin embargo, el último auto del juez instructor —que motivó la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las dependencias de Ferraz— identifica una conexión directa y vertical con la estructura de la Presidencia del Gobierno a través de Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
De acuerdo con los datos recabados por la investigación, Hernando participó activamente en al menos uno de los 22 encuentros que la directiva de la trama, encabezada por Leire Díez, mantuvo clandestinamente en la sede nacional del PSOE.
Lo relevante para la causa es la fecha y el cargo institucional del implicado: la cita se produjo en abril de 2024, coincidiendo temporalmente con los célebres días de reflexión del presidente Sánchez, y cuando Hernando ejercía como director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, bajo las órdenes directas de Óscar López.
Este extremo, que ya obligó a Hernando a declarar en calidad de testigo en los juzgados de Plaza de Castilla, desmonta la versión oficial que pretendía caricaturizar a Leire Díez como un «verso libre» o una embaucadora ajena a los resortes del poder.
Muy al contrario, el secretario de Estado reconoció ante el juez su vinculación con Díez, justificándola en la colaboración de esta última en la organización de mítines y actos de campaña del PSOE en Cantabria.
Pese a que Ferraz intentó despachar el asunto tildando a la intermediaria de «Antoñita la fantástica», las pesquisas de la UCO constatan que la red disponía de un acceso fluido y recurrente al sanctasanctórum del socialismo.
La investigación judicial avanza con paso firme sobre la trazabilidad financiera de la red. El sumario detalla que la formación canalizó pagos mensuales de hasta 4.000 euros a favor de la mencionada ‘fontanera’.
Estas operaciones se habrían instrumentalizado a través de la consultora del exdirigente Gaspar Zarrías y del despacho de abogados de Ismael Oliver, personación jurídica vinculada originalmente a la defensa de Koldo García.
Aunque desde la dirección del PSOE se defiende la legalidad de las facturas y se esgrime una auditoría interna que no detectó anomalías, la imputación de la gerente del partido, Ana María Fuentes, ha elevado la tensión interna.
Por el momento, la ejecutiva socialista se aferra formalmente a la presunción de inocencia y evita depurar responsabilidades técnicas en el área financiera a la espera de examinar el sumario en su totalidad.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el socialismo ha optado por reactivar su habitual manual de resistencia.
En la última reunión de la Comisión Ejecutiva Federal celebrada este lunes, Pedro Sánchez intentó insuflar ánimos a una militancia visiblemente afectada por el goteo de revelaciones, recurriendo a una defensa cerrada de la agenda social y económica del Gobierno frente a lo que en privado califican como una maniobra de acoso.
«Van a por nosotros», argumentan fuentes de la dirección para alimentar una narrativa de victimismo político.
No obstante, la debilidad parlamentaria y la acumulación de causas judiciales comienzan a agrietar el monolitismo del partido.
Voces internas, hasta ahora silenciosas, sugieren ya la necesidad de repensar una estrategia defensiva que se demuestra ineficaz a medida que la Guardia Civil y los tribunales estrechan el cerco sobre el entorno más próximo a la Presidencia del Gobierno.
