Dos policías municipales fueron asesinados en una emboscada en Culiacán mientras regresaban a casa, en medio de un contexto de violencia sostenida en Sinaloa

El sábado 28 de marzo de 2026 por la tarde, en Culiacán, Sinaloa, dos policías de la ciudad fueron asesinados en un ataque armado cuando regresaban a casa tras finalizar su turno.

El incidente ocurrió alrededor de las 6 p.m. en la avenida Benito Juárez, conocida como La Costerita, una de las calles más transitadas del sur de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Manuel de Jesús, un agente con 17 años de servicio en la policía, y Raúl Ernesto, un agente con solo dos años de servicio.

Ambos viajaban en un Honda Civic cuando fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego inesperadamente.

Testigos describieron el ataque como “rápido y brutal”, y afirmaron que el tiroteo duró varios segundos.

“No hubo oportunidad; solo escuchamos una ráfaga de disparos y luego el auto se salió de la carretera”, relató un transeúnte en ese momento.

El vehículo recibió múltiples impactos de bala en las ventanas, las puertas y la carrocería, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se saliera de la carretera.

Al llegar al lugar, los equipos de rescate confirmaron que ambos oficiales habían fallecido.

Agentes de diversas agencias acordonaron la zona, mientras que expertos forenses de la Fiscalía General del Estado iniciaron sus respectivas investigaciones.

Se encontraron numerosos casquillos de bala en el lugar, evidencia de la ferocidad del ataque.

Los atacantes huyeron sin ser detenidos.

El Departamento Municipal de Seguridad Pública y Transporte de Culiacán expresó sus condolencias en un comunicado, reconociendo el sacrificio de los oficiales.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad de nuestros ciudadanos”, declaró la agencia en un mensaje que reflexiona sobre la recurrencia de incidentes similares en la región.

Los asesinatos de Carlos Manuel y Raúl Ernesto no fueron incidentes aislados.

Estos sucesos formaron parte de una escalada de violencia que se intensificó en Sinaloa en septiembre de 2024, tras una división interna dentro del cártel de Sinaloa entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

Este conflicto provocó un aumento continuo de asesinatos, desapariciones y ataques directos contra las fuerzas de seguridad.

En 2025, Sinaloa encabezó la lista de estados mexicanos con mayor número de policías fallecidos, con 48 casos registrados, 36 de los cuales ocurrieron en Culiacán.

Entre los fallecidos, al menos 19 eran policías municipales, la misma fuerza a la que pertenecían las víctimas del ataque del sábado.

Los patrones de vigilancia sugieren que muchos de estos ataques ocurrieron cuando los policías no estaban de servicio.

Los agentes fueron atacados después de sus turnos, en sus casas o durante sus desplazamientos diarios.

“El turno no termina cuando sales de la comisaría”, comentó un agente en servicio activo, que habló bajo condición de anonimato, reflejando el riesgo constante.

La situación se agrava aún más por la fragmentación de los grupos criminales, lo que dificulta la recopilación de inteligencia y la prevención de ataques.

Los expertos señalan que estos grupos actúan con mayor autonomía, aumentando la imprevisibilidad de la violencia.

A nivel institucional, las autoridades han implementado diversas medidas, incluyendo el despliegue de fuerzas federales y operaciones coordinadas.

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ha visitado frecuentemente el estado para supervisar estas estrategias.

Sin embargo, los resultados obtenidos han sido limitados ante la persistencia de los ataques.

“El sistema que antes los protegía está siendo desbordado por la dinámica criminal actual”, afirmaron analistas de seguridad, advirtiendo que la violencia ha evolucionado hacia patrones más dispersos y difíciles de controlar.

Mientras tanto, el estado enfrenta otra emergencia que genera preocupación pública.

En el municipio de Rosario, cuatro mineros permanecen atrapados desde el 25 de marzo tras el colapso de una presa de relaves en la mina Santa Fe.

Las labores de rescate continúan con el apoyo de las fuerzas federales.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que los trabajadores “siguen con vida y se les está proporcionando oxígeno y agua”, mientras que equipos especializados trabajan en condiciones difíciles para llegar hasta ellos.

Ambos sucesos reflejan la crisis multifacética que enfrenta Sinaloa: por un lado, la violencia armada impacta directamente a las fuerzas de seguridad; por otro, existen riesgos laborales en sectores estratégicos como la minería.

En Culiacán, la noticia del asesinato de dos policías se difundió rápidamente, provocando indignación y preocupación.

Sin embargo, también puso de manifiesto una realidad inquietante: la normalización de la violencia.

“Ya no me sorprende, pero aún me parte el corazón”, expresó un residente al enterarse de la noticia.

intetizando el sentir de una comunidad que convive diariamente con la inseguridad.

El vehículo baleado sobre la Costerita, con decenas de impactos de bala, quedó como testimonio visible de una jornada que comenzó como cualquier otra y terminó en tragedia.

Los nombres de Carlos Manuel de Jesús y Raúl Ernesto se suman a una lista creciente de agentes caídos en cumplimiento de su deber.

Mientras las autoridades continúan las investigaciones, la ciudad enfrenta una pregunta persistente: cómo detener una violencia que ha dejado de ser excepcional para convertirse en parte de la rutina cotidiana.