Autoridades de Ciudad de México desalojaron un campamento irregular de migrantes cubanos en la colonia Vallejo, alegando riesgos sanitarios y de seguridad mientras ofrecían traslado a albergues o deportación

En la madrugada, entre el ruido de excavadoras y el despliegue de patrullas, autoridades de la Ciudad de México ejecutaron el desalojo de un campamento irregular ocupado mayoritariamente por migrantes cubanos en la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A.Madero.
La operación, que puso fin a casi dos años de asentamiento continuo en la zona —y hasta tres según algunos testimonios—, dejó escenas de angustia, enfrentamientos verbales y una profunda incertidumbre sobre el futuro de cientos de personas.
Las máquinas avanzaron sin pausa sobre estructuras improvisadas hechas de lonas, madera y cartón.
Familias enteras, incluidos niños pequeños y recién nacidos, fueron obligadas a abandonar el lugar.
“Tenemos documentación, todos estamos en proceso con la COMAR, ¿entiendes? Pero venir a sacarnos de un día para otro no lo podemos tolerar porque tenemos muchos niños”, reclamó uno de los migrantes mientras intentaba rescatar sus pertenencias.
El operativo fue presentado por las autoridades como una medida necesaria ante las condiciones insalubres y el riesgo que representaba el asentamiento.
“Este espacio no es seguro”, reiteraron funcionarios durante los días previos al desalojo, en los que se notificó a los ocupantes sobre la necesidad de reubicarse en albergues oficiales o enfrentar posibles procesos de deportación.
Sin embargo, muchos migrantes rechazaron la opción de trasladarse a refugios.
“Vienen y dicen que los albergues son lo mejor y los pintan como un palacio, y eso no sirve”, expresó una mujer cubana visiblemente alterada.
“No queremos ir para Cuba. No queremos regresar”, insistió.
La escena contrastó con la reacción de vecinos de la colonia, quienes celebraron el desalojo tras años de convivir con lo que describen como un foco de insalubridad e inseguridad.
“¿Dónde quedan los derechos de nuestros niños?”, cuestionó una madre de familia de una escuela cercana.
“No se trata de rechazo, se trata de proteger la salud”.
Padres de estudiantes denunciaron acumulación de basura, presencia de roedores y contaminación del agua.
“No tienen baños dignos. Todo lo desechan aquí. Tuvimos que venir a limpiar nosotros mismos”, relató otro vecino.
Para muchos residentes, el campamento representaba un deterioro constante del entorno y un riesgo sanitario.
Mientras tanto, los migrantes describen una realidad marcada por la falta de opciones legales.
“No te dan trabajo, no puedes sacar dinero porque no tienes identificación”, afirmó un joven cubano.
“Nosotros no estamos pidiendo otra cosa, solo papeles”.
La crisis migratoria de ciudadanos cubanos en México ha crecido en los últimos años, impulsada por las dificultades económicas y políticas en la isla.
Muchos llegan a través de Nicaragua, iniciando un trayecto terrestre hacia el norte con la esperanza de regularizar su situación o continuar hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias mexicanas ha reducido significativamente las posibilidades.
“Nos dijeron que nos iban a dar la visa, pero nos sacaron a la fuerza”, denunció una mujer que afirmó haber sido trasladada contra su voluntad.
Otro testimonio relató episodios de violencia: “A la madre con niño nos arrastraron, nos bajaron a la fuerza”.
El Instituto Nacional de Migración ha intensificado los operativos y las deportaciones, incluyendo vuelos de retorno a Cuba.
Algunos migrantes narran escenas dramáticas durante estos traslados.
“Estamos arriba del avión protestando. No nos vamos a dejar mandar para Cuba. Yo ando con mis dos niños”, gritaba una mujer en un video grabado durante uno de estos vuelos.
Para quienes permanecen en ciudades del sur como Tapachula o en destinos turísticos como Cancún, la situación tampoco es sencilla.
Muchos viven en condiciones precarias, sin acceso a empleo formal ni servicios básicos, y enfrentan constantes redadas.
“Aquí estamos esperando respuesta, pero muchos somos denegados”, explicó un solicitante de refugio.
Las autoridades mexicanas han defendido su postura, argumentando la necesidad de ordenar el flujo migratorio y evitar asentamientos prolongados en espacios públicos.
El desalojo de Vallejo se interpreta como un mensaje claro: no se permitirán campamentos permanentes ni situaciones irregulares extendidas en el tiempo.
No obstante, organizaciones humanitarias han advertido sobre el impacto de estas medidas en poblaciones vulnerables, especialmente en familias con menores.
La tensión entre la gestión del espacio público, la seguridad sanitaria y los derechos de los migrantes sigue marcando un debate complejo en el país.
“Solo queremos una oportunidad para trabajar y vivir tranquilos”, resumió un migrante cubano antes de abandonar el lugar.
Sus palabras reflejan el dilema de cientos que, tras dejarlo todo atrás, se encuentran atrapados entre la incertidumbre legal y la falta de alternativas claras.
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