El sindicato Manos Limpias presentó una denuncia por el uso opaco de aviones oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez, señalando vuelos sin registro público hacia República Dominicana y Colombia

El sindicato Manos Limpias ha llevado a los juzgados de Madrid una denuncia que pone en el centro de la controversia el uso de los aviones oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez.
La acción judicial se dirige específicamente contra el responsable del Grupo 45 del Ejército del Aire, la unidad encargada de gestionar los aviones Falcon, y se fundamenta en informaciones que revelan múltiples vuelos a República Dominicana, algunos de ellos sin rastro público.
Esta situación ha reavivado las críticas hacia la falta de transparencia del Ejecutivo en el uso de recursos pagados con dinero público.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 12 de junio de 2023, cuando un Falcon voló desde Santo Domingo hasta Cúcuta, en Colombia, muy cerca de la frontera con Venezuela, con el sistema de localización desactivado.
Según la denuncia, el avión habría volado “con el localizador ADS-B apagado para no dejar rastro”, lo que no solo oculta el trayecto, sino que también genera un “riesgo real” para la seguridad aérea.
Este detalle es especialmente grave, ya que el sistema permite conocer en tiempo real la posición y trayectoria de la aeronave.
La polémica no es nueva.
Investigaciones periodísticas han señalado que una parte significativa de los vuelos del Falcon a República Dominicana carece de explicación pública o registro detallado, alimentando las dudas sobre su finalidad.
Se estima que hasta un 43% de estos desplazamientos no tiene justificación conocida ni información accesible sobre pasajeros o motivos.
“¿Por qué el Gobierno se niega a proporcionar información clara sobre estos vuelos?”, cuestiona Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
“La opacidad no es aceptable en una democracia”.
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El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado en numerosas ocasiones facilitar datos, alegando razones de seguridad, lo que ha incrementado la sensación de opacidad.
En este contexto, la denuncia también pone el foco en la documentación que acreditaría la existencia de vuelos que no aparecen en sistemas abiertos de seguimiento.
Se menciona una declaración oficial de salida desde República Dominicana que confirmaría el trayecto hacia Colombia, a pesar de que no figura en registros públicos.
“Es inaceptable que existan contradicciones tan evidentes”, afirma Santiago Abascal, líder de VOX.
“Los ciudadanos merecen saber la verdad”.
La denuncia de Manos Limpias abre un nuevo frente judicial que podría obligar a esclarecer quién ha viajado, para qué y bajo qué condiciones.
“No podemos permitir que se utilicen recursos públicos sin rendir cuentas”, sostiene Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de VOX en el Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno vuelve a quedar señalado por un uso de recursos públicos que sigue rodeado de incógnitas y que muchos consideran difícil de justificar.
La controversia también se extiende al entorno del presidente, incluida Begoña Gómez, cuya presencia en algunos viajes ha sido objeto de críticas al no ocupar un cargo público.
“No se puede permitir que personas sin responsabilidad pública utilicen aviones oficiales sin una justificación clara”, señala Rocío Monasterio, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid.

El caso ha suscitado un amplio debate en la esfera política y mediática, donde las voces de diversos líderes se alzan para exigir mayor transparencia.
“La confianza en las instituciones se construye con claridad y honestidad”, afirma Toni Cantó, exdiputado de Ciudadanos.
“Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan sus impuestos”.
A medida que la denuncia avanza en el sistema judicial, el Ejecutivo se enfrenta a un creciente escrutinio público.
Las exigencias de transparencia se intensifican, y la presión sobre el Gobierno para que explique el uso de los aviones oficiales se hace cada vez más fuerte.
“Es hora de que el Gobierno rinda cuentas y aclare esta situación”, concluye Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.
“La democracia se basa en la transparencia y el respeto a los ciudadanos”.
En este contexto, los ciudadanos continúan atentos a los desarrollos de este caso que podría tener implicaciones significativas para la administración pública y la confianza en las instituciones.
La denuncia de Manos Limpias no solo pone en tela de juicio el uso de recursos públicos, sino que también plantea preguntas cruciales sobre la rendición de cuentas en una democracia.

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