Un socio presentó una denuncia contra Joan Laporta y varios directivos del FC Barcelona tras darse de alta en el club un día antes de acudir a la Audiencia Nacional

La denuncia presentada contra Joan Laporta y varios miembros de su entorno directivo ha provocado un fuerte revuelo en el entorno del FC Barcelona al conocerse nuevos detalles sobre el denunciante.

El socio que acudió a la Audiencia Nacional formalizó su alta en el club apenas un día antes de interponer la querella, un hecho que ha intensificado las sospechas sobre el trasfondo de la iniciativa en pleno contexto electoral.

El demandante, Isidro Navarro, nacido en 1972 y residente en la provincia de Toledo, tramitó su inscripción como socio del Barça el jueves y presentó la denuncia el viernes ante la Audiencia Nacional.

La acción judicial no solo se dirige contra Laporta, sino también contra el vicepresidente Rafael Yuste, Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells, el ex vicepresidente económico Eduard Romeu, el directivo financiero Manel del Río, Sergi Atienza, Luis Mellado y Xavier Laporta Astray, hermano del presidente y socio en su despacho profesional.

La querella incluye acusaciones por presunta administración desleal y pertenencia a grupo criminal, entre otras figuras penales.

El caso salió a la luz cuando se informó de que la Audiencia Nacional había trasladado la denuncia a la Fiscalía para su evaluación.

En el escrito, el socio solicita además la declaración de Juli Guiu, vicepresidente de marketing del club entre 2021 y 2025, en el marco de la renovación del acuerdo de patrocinio con Nike.

El objetivo sería esclarecer si existieron primas vinculadas a dicha operación y si estas fueron repartidas entre personas relacionadas con la dirección.

Sin embargo, el foco mediático se ha desplazado rápidamente hacia la figura del denunciante.

Navarro había tenido previamente vinculación con el club, aunque se dio de baja como socio y permaneció fuera hasta su reciente reinscripción.

Además, en 2023 formó parte de una candidatura municipal en Pulgar, localidad toledana, donde figuró como segundo representante de una lista electoral.

No logró asumir responsabilidades de gobierno tras los comicios.

El momento elegido para formalizar la denuncia ha alimentado la controversia en un periodo marcado por tensiones internas y proceso electoral en la entidad azulgrana.

Desde el entorno próximo a Laporta se insiste en que la acción responde a una maniobra para dañar la imagen institucional en un momento clave.

El propio presidente ha calificado movimientos similares en el pasado como estrategias destinadas a enturbiar procesos democráticos dentro del club.

En el debate público han resonado expresiones contundentes.

“Es claramente instigación.

Movimiento de barro.

Cloacas”, se ha afirmado desde posiciones críticas con la denuncia.

También se ha subrayado que Laporta no es ajeno a episodios de litigios en etapas anteriores, en los que se recurrió a querellas en momentos políticamente sensibles.

La coincidencia temporal ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de influir en el clima electoral.

No obstante, la presentación de una denuncia constituye un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y será la Fiscalía la que determine si existen indicios suficientes para impulsar una investigación formal.

Desde posiciones más moderadas se recuerda que cualquier sospecha debe canalizarse por vías legales y que el esclarecimiento de los hechos beneficiará a la transparencia institucional.

“Denuncia en el momento en que lo pienses.

No te esperes a un proceso electoral”, se ha llegado a expresar en tono crítico respecto al calendario elegido.

El entorno del club vive así un episodio de alta tensión en el que confluyen acusaciones graves, posicionamientos políticos y un calendario electoral determinante.

La dimensión de las imputaciones, que afectan a figuras clave de la actual y anterior estructura directiva, obliga a extremar la prudencia mientras se analiza la consistencia jurídica del escrito presentado.

Laporta, por su parte, ha reiterado en anteriores comparecencias su confianza en la gestión realizada y en la legalidad de los acuerdos firmados durante su mandato, incluido el contrato con Nike.

La evolución del caso dependerá ahora de las actuaciones que adopten los órganos judiciales competentes y de la eventual apertura de diligencias.

Mientras tanto, la revelación de que el denunciante formalizó su alta como socio apenas 24 horas antes de acudir a los tribunales seguirá marcando el debate en el barcelonismo.

Entre quienes consideran la iniciativa un ejercicio legítimo de control y quienes la ven como una maniobra oportunista, el episodio añade un nuevo capítulo a la compleja vida institucional del club en un momento decisivo para su futuro inmediato.