Una serie de acontecimientos inesperados está sacudiendo a Irán y podría estar marcando el inicio de una de las crisis estratégicas más delicadas que el país ha enfrentado en décadas.

 

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Una escena grabada con un teléfono móvil se ha convertido en símbolo de la crisis que atraviesan las estructuras de seguridad de Irán.

En el video, un miembro de la milicia Basij recorre un edificio vacío que hasta hace poco funcionaba como base operativa —y antes, según él mismo relata, había sido una escuela—.

Mira a la cámara con gesto tenso y pronuncia unas palabras que reflejan el desconcierto de muchos uniformados.

“Todos han abandonado y huido de aquí. Yo también voy a casa. Me parece que el régimen ha terminado y necesitamos rendirnos”, dice mientras se aleja del cuartel aparentemente desierto.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, se han interpretado como una señal del deterioro del aparato de seguridad interna del país.

Durante décadas, la milicia Basij y otras unidades vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica han sido consideradas el principal instrumento de control del régimen en las calles.

Sin embargo, en medio de una escalada militar y política sin precedentes, cada vez aparecen más indicios de desmoralización y abandono de puestos.

En varios videos similares, soldados y miembros de las milicias se graban quitándose el uniforme o anunciando su retirada.

Algunos destruyen documentos de identificación y abandonan instalaciones militares antes de desaparecer entre la población civil.

Las escenas contrastan con la imagen de firme control que el sistema había proyectado durante casi medio siglo.

 

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El origen de esta crisis se sitúa en una serie de ataques de gran alcance que golpearon infraestructuras militares y centros de mando en diferentes regiones del país.

A finales de febrero comenzó una cadena de operaciones contra instalaciones estratégicas que afectaron sistemas de radar, complejos de misiles y sedes de mando.

El golpe más impactante se produjo el 1 de marzo, cuando un ataque aéreo alcanzó el cuartel general del Estado Mayor en la capital.

Según diversas evaluaciones militares, la ofensiva dañó gravemente la cadena de mando y provocó un vacío de liderazgo.

Decenas de altos mandos murieron o resultaron heridos, y el aparato estatal se vio obligado a reorganizar su estructura de poder en cuestión de horas.

Un nuevo dirigente fue designado para asumir el control, pero el caos político y militar continuó extendiéndose.

Mientras tanto, los ataques siguieron ampliándose hacia instalaciones en provincias estratégicas del oeste del país, cerca de la frontera con Irak.

En esa región se concentran bases logísticas, centros de inteligencia y unidades de seguridad interna que durante años funcionaron como nodos clave de las operaciones del régimen.

 

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Las explosiones registradas en varios puntos dejaron imágenes de enormes columnas de humo y edificios reducidos a escombros.

Entre los objetivos destruidos se encontraban centros de comando, oficinas de inteligencia, cuarteles de fuerzas especiales y múltiples bases de la milicia Basij.

Para los analistas, el patrón de los ataques sugiere una estrategia dirigida no solo a debilitar la capacidad militar externa del país, sino también a desmantelar la maquinaria encargada de controlar a la población.

Ese impacto ha tenido consecuencias psicológicas inmediatas dentro de las fuerzas de seguridad.

Oficiales de rango medio y bajo comenzaron a abandonar posiciones o a desaparecer de las bases.

Algunos comandantes habrían intentado refugiarse en edificios civiles o trasladarse a lugares desconocidos para evitar convertirse en objetivos.

“Espero que la gente no venga a vengarse de nosotros”, se escucha decir a un integrante de la milicia en otro video difundido en internet.

La frase refleja el temor de muchos miembros del aparato represivo ante la posibilidad de represalias si el control estatal se debilita aún más.

Las manifestaciones y episodios de tensión social también han reaparecido en algunas ciudades.

En varios lugares se reporta la caída de estatuas oficiales y ataques contra edificios gubernamentales, mientras grupos de manifestantes ondean antiguas banderas históricas del país.

 

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El fenómeno recuerda episodios de colapso de aparatos represivos en otros regímenes autoritarios del siglo XX, cuando la desaparición repentina de la cadena de mando dejó a miles de funcionarios sin protección política ni respaldo institucional.

Al mismo tiempo, la crisis militar se entrelaza con presiones económicas cada vez más severas.

Las amenazas contra infraestructuras petroleras estratégicas han generado inquietud sobre la capacidad del Estado para mantener sus ingresos en medio de la guerra.

En paralelo, los ataques contra buques y las tensiones en rutas marítimas del Golfo han elevado el riesgo para el tráfico energético internacional.

El liderazgo iraní se enfrenta ahora a un dilema complejo.

Intensificar el enfrentamiento militar podría aumentar el aislamiento económico y acelerar el desgaste interno.

Reducir la confrontación, en cambio, podría interpretarse como una señal de debilidad en un momento de fuerte presión externa.

Mientras tanto, dentro del país, la ruptura del pacto implícito entre el Estado y la sociedad —obediencia a cambio de estabilidad— parece cada vez más visible.

Las estructuras que durante décadas garantizaron el control interno muestran signos de fragmentación, y el futuro político del sistema permanece rodeado de incertidumbre.

 

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