El Congreso vivió una sesión de máxima tensión con duros enfrentamientos entre María Jesús Montero, el Partido Popular y Vox por inmigración, vivienda, impuestos y presuntas tramas de corrupción

La sesión de control al Gobierno en el Congreso derivó en un intercambio áspero entre la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y varios diputados del Partido Popular y Vox, en un pleno atravesado por reproches sobre inmigración, vivienda, impuestos y una catarata de acusaciones políticas que obligaron a la Presidencia a reclamar silencio en repetidas ocasiones.

El primer encontronazo llegó con la pregunta de la diputada popular Ester Muñoz, que volvió a poner sobre la mesa la regularización de inmigrantes.

“Hace dos semanas le pregunté por la regularización general masiva de inmigrantes y usted no me contestó”, lanzó, antes de insistir: “¿Por qué hasta hace un mes la regularización general masiva de inmigrantes estaba fuera del marco legal europeo y ahora no están ustedes dentro del concepto y del principio de legalidad?”.

Montero respondió cuestionando la formulación.

“Si usted quiere preguntar por la regularización de inmigrante, ¿por qué no formula la pregunta en esos términos?”, replicó, y leyó el enunciado tal como lo entendía: “Usted ha dicho, ‘¿Cree que su gobierno se rige por el principio de legalidad?’”.

La vicepresidenta elevó el tono al considerar que esa pregunta “traspasa todos los límites” del control parlamentario y pidió amparo por las interrupciones.

“Señora presidenta, siempre que hablo me interrumpe la bancada del Partido Popular y ruego su amparo”, reclamó.

Desde la Presidencia se ordenó “silencio” y se recordó que “si hacemos preguntas supongo que es para saber la respuesta”.

Montero aprovechó su turno para cargar contra la estrategia del PP y la acusación de ilegitimidad.

“¿Cómo pueden ustedes cuestionar que el gobierno se rige por un principio como el principio de legalidad?”, preguntó, y vinculó ese planteamiento a una deslegitimación de los resultados electorales: “Eso significa y es sinónimo a decir que este gobierno es ilegítimo”.

En su réplica, Muñoz respondió con ataques directos y una retahíla de denuncias políticas.

“Confunde la legitimidad con el principio de legalidad”, dijo, antes de afirmar: “Son ustedes un gobierno rodeado de corrupción…”.

También acusó al Ejecutivo de provocar “efecto llamada” y preguntó: “¿Cuántos delincuentes se van a colar en España por su culpa?”.

Montero cerró el cruce con una frase que resonó en el hemiciclo: “Solo hay que dejarles hablar.

Usted se retrata perfectamente”, y reprochó al PP “ponerle una alfombra a la ultraderecha”.

El siguiente bloque de tensión se intensificó con la intervención del popular Elías Bendodo, que situó el foco en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y en el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, formulando acusaciones que presentó como argumentos políticos.

“Hoy sabemos también que Zapatero cobró en torno a medio millón de euros como comisionista del chavismo”, afirmó, y añadió: “Usted fue la que pulsó el botón… del rescate de la línea aérea Plus Ultra por 53 millones de euros”.

Su pregunta fue directa: “Si usted se reunió o tuvo alguna conversación telefónica con su admirado señor Zapatero para el rescate de Plus Ultra”.

Montero replicó atacando el estilo del diputado: “No aporta usted nada al debate político”, y desplazó el choque hacia la vivienda y la gestión autonómica del PP.

“¿Qué viviendas han construido los gobiernos del Partido Popular a lo largo del territorio? Se lo digo yo, ninguna”, dijo, atribuyendo la financiación de promociones inauguradas al Gobierno central.

También devolvió el golpe al terreno de la corrupción con menciones a nombres y situaciones que enmarcó como reproche político, manteniendo el pulso dialéctico.

La escalada alcanzó otro nivel cuando tomó la palabra el diputado de Vox José María Figaredo.

Con un discurso centrado en impuestos y economía doméstica, acusó al Gobierno de vender una España “que en términos macro va muy bien”, mientras “el españolito de pie ya no llega a fin de mes”.

Aseguró que un trabajador con el salario más frecuente pagaría “un 50% de sueldo en impuestos” sumando cotizaciones, IRPF e IVA, y preguntó: “¿Qué han hecho ustedes con este dinero?”.

Montero respondió señalando el historial de votos de Vox.

“Vox ha votado en contra sistemáticamente de los beneficios a la mayoría social”, afirmó, enumerando medidas como la reforma laboral y los impuestos a grandes patrimonios, banca y energéticas.

“¿Qué bien habla aquí, señor Figaredo del Españolito de a pie? Ya está bien”, remató.

Figaredo volvió a la carga acusando al Gobierno de “mentir” y elevó el listón con afirmaciones graves sobre supuestos enchufes y corrupción política, además de emplear expresiones que la vicepresidenta calificó de ofensivas.

Montero pidió entonces una actuación inmediata: “Con el ruego de que las frases ofensivas que ha emitido el señor Figaredo se retiren del libro de acta”, y añadió: “Es una vergüenza para el debate parlamentario tener que escuchar una intervención como la que hemos escuchado”.

La Presidencia volvió a exigir “respeto y silencio”.

En su cierre, Montero defendió el papel de los impuestos frente al modelo que atribuyó a Vox.

“Ustedes no creen en los impuestos porque lo que pregonizan es la sociedad de que se salve el más fuerte”, dijo, y reivindicó su utilidad para sostener políticas públicas y atender emergencias.

La sesión terminó sin rebajar del todo la tensión, con un hemiciclo dividido entre acusaciones cruzadas, reclamaciones de amparo y la disputa por el relato político en asuntos tan sensibles como inmigración, vivienda, fiscalidad y corrupción.