Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno de España, enfrenta acusaciones de autoplagio en su tesis doctoral defendida en 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid

Madrid — La figura de Carlos Cuerpo, reciente nombrado vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, ha quedado en el centro de una controversia que ha sacudido los ámbitos tanto políticos como académicos en España.

Cuerpo, al que el presidente Pedro Sánchez ascendió el pasado 27 de marzo de 2026 para reforzar el eje económico del Ejecutivo, enfrenta acusaciones de autoplagio en su tesis doctoral defendida en 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

El caso, destapado esta semana por varios medios, apunta a que el vicepresidente reproduciría hasta 28 páginas completas de un artículo académico publicado en 2012 junto a Pilar Poncela, su propia directora de tesis y coautora del trabajo original, sin citar en ningún momento dicha fuente en el cuerpo del texto, notas al pie o bibliografía de su tesis, titulada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica.

El tercer capítulo de la tesis, dedicado al análisis del ciclo económico, habría copiado textos, gráficos y modelos casi idénticos al documento que Cuerpo y Poncela publicaron en 2012 para la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

Según la información disponible, la única modificación aparente fue la ampliación del periodo temporal estudiado y la inclusión de algunos elementos técnicos, sin que eso implicara un reconocimiento explícito de la fuente original.

Este tipo de conducta se conoce en el ámbito académico como autoplagio o “reciclaje de texto”, una práctica que muchos organismos académicos consideran contraria a los principios básicos de integridad científica cuando no se citan los trabajos previos del propio autor, pues puede falsificar la valoración real del esfuerzo y novedad del trabajo presentado.

Voces expertas recuerdan que las normas de la UAM son claras: la duplicación de publicaciones y la reutilización de contenidos propios con fines curriculares sin la debida referencia son prácticas inaceptables que pueden invalidar la obtención de un grado académico.

En lo político, la acusación ha reabierto un intenso debate sobre los estándares éticos dentro del Ejecutivo de Sánchez, en un momento en que la credibilidad de sus principales figuras está sometida a escrutinio.

Cuerpo, economista con formación en la Universidad de Extremadura y la London School of Economics y que hasta hace pocos días era uno de los técnicos mejor valorados del gabinete, ahora debe enfrentar cuestionamientos internos y externos sobre su integridad.

Desde la oposición, las críticas han sido duras y directas.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, afirmó recientemente que la gestión económica del Ejecutivo no solo refleja problemas de inflación y falta de respuestas, sino que también está marcada por una cultura de opacidad: “La realidad del Gobierno es la incompetencia y la corrupción”, acusó, al referirse también a Cuerpo como responsable por las políticas económicas del Ejecutivo al igual que Sánchez.

Hasta ahora, el Gobierno no ha ofrecido una declaración oficial en respuesta a estas acusaciones, y ni el propio Carlos Cuerpo ni Moncloa han desmentido ni aclarado públicamente los señalamientos.

La ausencia de una explicación convincente ha encendido aún más las alarmas en diferentes sectores de la comunidad académica y entre analistas políticos, que señalan que las implicaciones van más allá de una simple infracción técnica.

Este episodio ocurre poco después de una reestructuración del Ejecutivo en la que Sánchez buscó centrar el proyecto de gobierno en torno al crecimiento económico y la estabilidad ante los retos internacionales.

Carlos Cuerpo, considerado hasta hace poco un perfil técnico y confiable, fue elevado a uno de los cargos más relevantes de la Administración, junto a otros cambios como el nombramiento de Arcadi España al frente del Ministerio de Hacienda.

Mientras se intensifica el debate sobre la transparencia y la integridad académica, algunos críticos no han dudado en contextualizar el caso con antiguos escándalos relacionados con tesis doctorales en la política española, ofreciendo un marco más amplio de discusión sobre las exigencias de ética para quienes ocupan altos cargos públicos.

En círculos académicos se pide ahora una revisión independiente de la tesis de Cuerpo y se reaviva el espíritu de transparencia en torno a los trabajos académicos producidos por figuras públicas, planteando dudas sobre cómo se evalúan y validan estos documentos cuando quienes los firman llegan a posiciones de responsabilidad nacional.

En este clima, la credibilidad del vicepresidente y la de todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez están bajo la lupa, con una opinión pública dividida y una oposición que promete no dejar pasar el caso sin consecuencias políticas.

La polémica no muestra signos de disminuir, y todo indica que los próximos días serán cruciales para determinar cómo se resuelve este episodio que mezcla política, ética académica y responsabilidad institucional.