Miles de canarios reaccionaron con protestas y concentraciones ciudadanas tras conocerse el plan inicial del Gobierno de Pedro Sánchez para recibir en Tenerife al crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus

La crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius ha desencadenado una oleada de indignación social y tensión política en Canarias.

Lo que inicialmente parecía una operación sanitaria coordinada por el Ministerio de Sanidad y organismos internacionales terminó convirtiéndose en un conflicto institucional de enorme magnitud entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las autoridades del archipiélago, mientras cientos de ciudadanos comenzaron a movilizarse para rechazar la llegada del buque a las islas.

La alarma se disparó después de que el Ejecutivo central aceptara la petición de la Organización Mundial de la Salud para facilitar la evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero neerlandés, afectado por un brote de la variante andina del hantavirus, una enfermedad considerada altamente peligrosa por su elevada mortalidad.

El barco, procedente de una expedición científica en Sudamérica, quedó aislado frente a Cabo Verde tras confirmarse varios contagios y al menos tres fallecimientos relacionados con el virus.

Desde el primer momento, la decisión de trasladar la operación a Canarias provocó rechazo en sectores sociales, sanitarios y políticos del archipiélago.

Las críticas aumentaron cuando trascendió que el puerto de Granadilla, en Tenerife, era el punto previsto inicialmente para recibir el barco y organizar la evacuación de los pasajeros.

En redes sociales comenzaron a circular mensajes de protesta bajo lemas como “La salud no se negocia” o “Canarias no es un laboratorio”, mientras plataformas ciudadanas convocaban concentraciones para exigir la paralización del operativo.

Una de las movilizaciones más difundidas fue la convocada bajo el lema “Canario da la cara”, prevista en la Plaza de la Feria de Gran Canaria, donde los organizadores denunciaban la “falta de transparencia” y el “abandono institucional” sufrido por las islas.

La preocupación ciudadana se vio alimentada además por la incertidumbre generada durante los primeros días de la crisis.

Muchos canarios expresaron públicamente su temor a una repetición del caos vivido durante la pandemia de COVID-19, especialmente por la situación de presión que atraviesa el sistema sanitario insular.

“No sabemos a lo que nos estamos enfrentando”, llegó a declarar Fernando Clavijo durante una de sus comparecencias públicas más tensas.

El presidente canario se convirtió rápidamente en la principal voz política contra la decisión del Gobierno central.

“No puedo permitir que entren en Canarias”, afirmó con contundencia al denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había actuado sin contar adecuadamente con las autoridades autonómicas.

Clavijo insistió en que el acuerdo alcanzado entre España y la OMS se realizó “sin criterios técnicos suficientes” y con información “contradictoria”.

La tensión institucional aumentó todavía más cuando trabajadores del puerto de Granadilla amenazaron con bloquear las instalaciones si el crucero llegaba finalmente a atracar en Tenerife.

La plataforma Trabajadores por los Puertos de Tenerife denunció públicamente la ausencia de protocolos claros y reclamó mayores garantías de seguridad para el personal portuario y sanitario.

“No tenemos información suficiente sobre cómo se va a actuar”, explicó una portavoz del colectivo.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, también expresó su rechazo frontal a la operación.

El regidor aseguró que el puerto todavía no dispone de todas las condiciones necesarias para afrontar una emergencia epidemiológica de ese nivel y reclamó más información técnica antes de permitir cualquier maniobra vinculada al crucero.

Mientras crecía el malestar en las islas, el Ministerio de Sanidad intentó rebajar la tensión defendiendo que toda la operación se estaba coordinando bajo supervisión internacional y siguiendo estrictos criterios científicos.

Mónica García explicó que España actuaba por “responsabilidad humanitaria” y recordó que Canarias era el territorio europeo más cercano con capacidad logística suficiente para atender la emergencia.

Según los datos oficiales facilitados por Sanidad, en el barco viajan alrededor de 150 personas de 23 nacionalidades distintas, incluidos 14 ciudadanos españoles.

Tres pasajeros ya habían fallecido antes de que el barco quedara retenido frente a Cabo Verde y varios casos sospechosos fueron evacuados previamente hacia hospitales de Sudáfrica y Países Bajos.

Finalmente, tras varios días de enorme presión política y social, el Gobierno central aceptó modificar parcialmente el plan inicial.

Fernando Clavijo anunció después de una reunión en Madrid con Mónica García y Ángel Víctor Torres que el MV Hondius no atracaría directamente en el puerto de Granadilla.

“El crucero no va a tocar costa canaria”, confirmó el presidente autonómico.

La nueva estrategia contempla que el barco permanezca fondeado frente a Tenerife mientras pequeñas embarcaciones realizan la evacuación controlada de los pasajeros para trasladarlos directamente al aeropuerto bajo protocolos sanitarios especiales.

Los ciudadanos españoles serán derivados posteriormente a Madrid para cumplir cuarentena y el resto será repatriado a sus países de origen.

“El objetivo es reducir los vectores de posible contagio y minimizar riesgos”, explicó Clavijo, que además solicitó al Gobierno que el buque permanezca “el menor tiempo posible” en aguas canarias antes de partir rumbo a Países Bajos.

Pese al cambio de plan, la crisis ha dejado una profunda sensación de desconfianza y malestar en el archipiélago.

Muchos ciudadanos consideran que Canarias volvió a ser utilizada como territorio receptor de una emergencia internacional sin que existiera un verdadero consenso político ni social.

El episodio ha reabierto además el debate sobre la relación entre Canarias y el Gobierno central en la gestión de situaciones críticas.

Mientras el operativo sanitario sigue bajo máxima vigilancia internacional, las protestas y el clima de indignación continúan creciendo en las islas, donde buena parte de la población exige ahora más transparencia, más coordinación y garantías absolutas de seguridad sanitaria para evitar que la crisis del MV Hondius deje consecuencias imprevisibles.